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| La crisis del peronismo y la gobernabilidad de la Argentina . |
Texto completo de las exposiciones de Jorge Raventos, Pascual Albanese y Jorge Castro, en la última reunión mensual del centro de reflexión para la acción política Segundo Centenario, que tuvo lugar el pasado martes 6 de julio en el Hotel Rochester. |
| Jorge Raventos Pascual Albanese Jorge Castro Pascual Albanese Acaba de empezar la segunda mitad del año 2004 y aunque solo falten seis meses sería muy aventurado asegurar como termina. Hace unos días, pensando que íbamos hablar aquí, repasé una trascripción de lo que ya habíamos dicho en la primera semana de diciembre cuando hablamos de “Los desafíos del 2004”. Y ahí hay dos párrafos que quería leerles: “para entender por qué estamos en una etapa de fragilidad política, cuando en los medios de comunicación social estamos acostumbrados a hablar y a escuchar acerca de la contundencia del “estilo K” y los altos índices de aprobación pública que, según las encuestas, acompañan al gobierno nacional, es porque la cuestión de la seguridad pública, en el más amplio sentido del término, se ha colocado en el centro de la agenda política argentina y ha conformado una suerte de desafío que pone en tela de juicio la solidez del poder político y la capacidad que tiene para resolver los problemas que tiene por delante”. Y un segundo párrafo que dice: “cuando nos referimos a la cuestión de la seguridad pública como nudo gordiano, en todas sus multifacéticos características e implicancias, no estamos refiriéndonos solo al fenómeno obvio que le da origen, el auge de la delincuencia, sino que tenemos que computar al menos otros tres elementos igualmente importantes: el fenómeno piquetero, en tercer lugar la relación entre el poder político y las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas y en cuarto lugar la relación entre el gobierno nacional y el aparato peronista de la provincia de Buenos Aires”. Es decir que el tema de la seguridad pública , concebido desde esta óptica, supone estos cuatro problemas: la delincuencia , los piqueteros, la relación con las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares y la relación entre el gobierno nacional y el aparato del peronismo bonaerense. Esto estaba dicho en diciembre de 2003 y me parece oportuno plantearlo como introducción a este tema en julio de 2004. Ya que estamos con la cronología y las periodizaciones de almanaque, también cabría decir que en estos seis meses de 2004 hay dos trimestres, que terminan el 30 de marzo uno y el 30 de junio el otro, y hay curiosa similitud entre el tumultuoso final de esos dos trimestres. Porque el primer trimestre de este año terminó a toda orquesta, con aquel acto en la ESMA, con el Congreso de Parque Norte y con la movilización que convocó Blumberg en 1° de abril. Fue un final de trimestre que marcó un punto de inflexión entre en la relación política entre el gobierno de Kirchner y estos dos elementos fundamentales, la opinión pública, por un lado, y el peronismo, por el otro. Y quiso el azar que este segundo trimestre terminara a toda orquesta con una cantidad de episodios cuya expresión más paradigmática tal vez haya sido el copamiento de la comisaría de la Boca el 24 de junio. Es decir, tenemos otra vez, al finalizar el segundo trimestre, un nuevo pico de tensión en esa relación cada vez más conflictiva entre el gobierno de Kirchner y esos dos elementos fundamentales, la opinión pública y el peronismo. De todas maneras hay que mirar un poco más de cerca los acontecimientos, que están en pleno desarrollo, porque el copamiento, ocupación o como se lo quiera llamar a lo sucedido en la comisaría de la Boca por el grupo piquetero liderado por Luis D´Elía, es un acontecimiento que no tiene ningún precedente en la historia de la Argentina, que es particularmente rica en el uso de la violencia. Ni siquiera en los momentos más violentos de la década del 70 fue ocupada una comisaría en la ciudad de Buenos Aires. Lo que seguro hace de este episodio algo todavía más peculiar en la Argentina y en el mundo es que el grupo piquetero que ocupa una comisaría se asume como aliado político del gobierno nacional. Por eso es que ese mismo grupo, cuatro días antes, el lunes 18 de junio, realizaba un acto en Parque Norte y recibía allí nada menos que a la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, al Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y al Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, quien habló en ese plenario. Cuando sucedió lo del 24 de junio, en realidad se archivó mentalmente lo que pasó ese lunes 18 y pasó casi a la prehistoria algo que había ocurrido el viernes anterior, cuando el grupo piquetero conducido por Raúl Castells ocupó emblemáticamente el local de Mc Donald’s del Obelisco y genera, en términos de opinión pública, una foto que recorrió el mundo, en cuanto al poder de control del orden público en la Capital Federal de la Argentina. Pero después de lo de La Boca esto parecía de una época anterior. Inclusive pasó a segundo plano que uno o dos días antes había sido ocupado el Patio de Armas del Edificio Libertador por el Grupo Quebracho, que realizó un acto de características que no se pueden calificar como pacíficas y que hacía muchos años que no se veía algo así. Este recorrido muy “a vuelo de pájaro” de algunos de los tantos hecho acaecidos en la Argentina en cuanto al tema de la seguridad pública permiten decir que hoy, como en diciembre de 2003 y aún mas en marzo del 2004, la seguridad pública está puesta en el centro de la agenda política argentina. Si se nos permite una comparación, habría que decir que así como el tema de la seguridad global pasó a ser el tema prioritario y excluyente de la comunidad internacional a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 , en función de todos los episodios que se han estado produciendo en la Argentina en los últimos meses en la vastísima área de la seguridad, que va de los secuestros hasta el Edificio Libertador, pasando por el Mc Donal’s y la comisaría 24, lo cierto es que la seguridad pública se ha instalado en el centro de la agenda política argentina. Y hay una cuestión que en este sentido merece tenerse en cuenta y es que el hecho de que un tema ocupe o no un lugar determinado en la agenda publica no es una cuestión de gustos, es una cuestión de la realidad. Por más esfuerzos que el gobierno nacional realice para quitar este tema del centro de la agenda pública, lo único que va a manifestar es un mayor divorcio en relación al estado general de la opinión pública y de la sociedad. La instalación en la agenda pública está muy por encima del gobierno o de ninguno otro actor político y social de la Argentina. En este episodio de la comisaría 24, sobresale una actitud muy singular del gobierno nacional que, en términos descriptivos, no necesariamente valorativos, habría que caracterizar como un caso muy claro de abdicación de la autoridad y como abandono de la obligación constitucional indelegable de preservar y la seguridad de los ciudadanos. Estamos ante el caso de un gobierno que está abdicando de su responsabilidad. Lo hace incluso públicamente, en boca de muchos de sus funcionarios, cuando pretende remitir al Poder Judicial la responsabilidad del control del orden público y eso se hace cada vez evidente cuando aparecen episodios como el denunciado por la jueza Ana María Crotto, que revela que cuando el Poder Judicial pretende ordenar el desalojo de la comisaría y la detención de D´Elía y sus acompañantes es justamente un funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad quien que evita que esa orden judicial se cumpla, tema que hoy es también un motivo de cuestión judicial. Estamos ante un gobierno que amaga salir de la ley. Por eso es que alguien tan insospechado en esta materia como lo es Raúl Alfonsín es capaz de decir desde Madrid lo que acaba de decir y recibe esa categórica respuesta del vicesecretario general de la Presidencia, que dice que Alfonsín quiere ver sangre y violencia en las calles argentinas. En este contexto, entonces queda en claro que el acto de Parque Norte previo al copamiento de la comisaría, con estos funcionarios al lado de D´Elía, también nos remite al hecho de que los sectores llamados “blandos” del movimiento piquetero toman comisarías. No se sabe dónde quedan lo piqueteros denominados “duros”. Lo cierto es que la gente que ocupa comisarías es claramente financiada por el Estado, y sobran las pruebas. Y lo cierto es que la situación actual es que no solo hay un grupo que ocupa comisarías diciendo que defiende al gobierno, sino que hay una clara financiación del gobierno para esos grupos. Esto por supuesto que tiene ramificaciones en diversas direcciones. Casi en simultáneo con la ocupación de la comisaría 24, se produce el incendio de una comisaría en Villa Tessei y una cantidad de episodios semejantes, que lo único que ponen en evidencia es precisamente el grado de disgregación del poder, de relajamiento de la seguridad pública y lo que genera como vacío esta actitud del gobierno nacional y la abdicación de su autoridad, más aún cuando a este “ala blanda” del movimiento piquetero se le suma otro elemento de esta coalición oficialista y es el que expresa la señora Hebe de Bonafini, que en su programa de los domingos a la mañana por Radio Nacional, radio de propiedad pública de Argentina, convoca a los argentinos a quemar comisarías. Y al día siguiente, para que quede claro que acá no hay casualidades ni cabos sueltos, hacen juntos una conferencia de prensa por la muerte del piquetero Miguel Cisneros. Esto multiplica su valor para quienes puedan recordar que en septiembre de 2003, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue el presidente Kirchner el que señaló que “somos todos hijos y nietos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo”. Esta coherencia, tal vez abrumadoramente excesiva, entre esa línea de pensamiento y acción política que se manifiesta en sectores del gobierno nacional, se refleja en actos de violencia y se expresa también en exhortaciones a la violencia. Como para esto quedara claro, no ya antes del discurso de Kirchner en septiembre del año pasado frente a las Naciones Unidas, sino inmediatamente después de que ocurrieron estos hechos, vale la pena recordar lo que el presidente Kirchner dijo desde China, cuando se ocupa la comisaría de la Boca y él señalaba que no pensaba reprimir con esta policía del “gatillo fácil”, sin explicar con qué otra policía podía contar. Porque si hay alguna otra policía que no sea la del “gatillo fácil” que es a la que se refería, porque si después de 13 meses y dos profundas depuraciones sigue siendo, a juicio del presidente, la policía del “gatillo fácil”, lo que habría que deducir es que el Presidente Kirchner anunció a la ciudadanía que se encuentra indefensa en relación al mantenimiento del orden público. Considerar que todo esto es un error, valga la redundancia, es un error. Raventos, con absoluta claridad, expresó cuál era la lógica de este sistemas de alianzas políticas que el gobierno de Kirchner ha sentido indispensable realizar para lo que considera su estrategia política y de construcción de poder, vinculada con esta estrategia de la “transversalidad” y que significa, palabra más palabra menos, confrontar con el peronismo, cualquiera sea la cara que el peronismo tenga, aún la de su principal aliado y socio en el proceso electoral que fue el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Aquí entonces habría que ver como confluyen o empiezan a confluir en la política argentina el elemento de la seguridad pública con otras dos cuestiones: la estrategia de confrontación sistemática del gobierno de Kirchner como forma de construcción de poder, por un lado, y el creciente grado de conflictividad social real que existe en la sociedad argentina, por el otro. Informa el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría acerca del incremento de los conflictos gremiales en el mes de junio, inclusive mencionando el hecho de que los conflictos gremiales de los meses de marzo, abril , mayo y junio más que triplican el promedio de los conflictos gremiales de los cuatro meses anteriores. Esto no es una casualidad. Está reconocido en el informe del INDEC sobre la disparidad de la riqueza, que tan bien ha difundido Artemio López para el conocimiento de la opinión pública. Importa señalar acá otro informe, también de estos días, que tiene que ver con las causas de fondo de la conflictividad social creciente de la Argentina, realizado por el Instituto para el Desarrollo social Argentino (IDESA), que dice que, si bien no existen todavía datos de este año , el 26% de los trabajadores registrados y el 53% de los trabajadores en negro estaban en el año 2003 por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, es muy difícil incentivar la cultura del trabajo, a ello se refería probablemente Monseñor Casaretto el Presidente de Caritas al manifestar que, en las actuales condiciones, el Plan Jefe y Jefas de Hogar lo único que hace es fomentar una “cultura de la vagancia y la dejadez” . Cuando en la década del 90 el nivel salarial promedio permitía adquirir el 40% de la canasta básica familiar de alimentos, en las circunstancias de esta Argentina del 2004, el promedio de nivel salarial apenas sí alcanza trabajosamente a cubrir una canasta básica de alimentos. Por eso es que tiene lógica e importancia política, al mismo tiempo, que estemos en vísperas de una reunificación de la Confederación General del Trabajo y que fácil resulta deducir que, desde este punto de vista, estamos ante una escalada de la conflictividad social que no tiene que ver con ningún complot , sino con el deterioro del nivel de salarios y del nivel de vida de los argentinos. En este plano de la estrategia de confrontación impulsada por el gobierno de Kirchner, es probable que el día de hoy hayamos incorporado un hecho nuevo, que es una forma más abierta de confrontación con la Iglesia Católica argentina. Hoy aparecieron en los diarios las declaraciones del obispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, acerca de que “la situación social se ha crispado y el conflicto se ha salido de madre”. Con la misma ha rapidez que con que Carlos Kunkel ha salido a responderle a Raúl Alfonsín, el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, salió a contestarle a monseñor Aguer que “el conflicto social en la Argentina nunca estuvo mejor encaminado”. Las declaraciones de monseñor Aguer coinciden con que realizó ayer el presidente del Equipo de Pastoral Social del Episcopado, el obispo de Resistencia, Carmelo Giaquinta, quien además hizo una alusión a la seguridad pública y dijo que “las bandas armadas aterrorizan a la población de la ciudad y a la del campo”. Todo esto hizo que con la misma velocidad que los funcionarios salieron a responder a la Iglesia y al ex presidente Raúl Alfonsín, el Presidente haya salido hoy a decir que “algunos prelados ven la pobreza por televisión” y les advirtió que tuvieran “memoria y el compromiso que tuvieron con ese modelo perverso de Argentina, que estuvieron en ese momento y ahora parecen paracaidistas húngaros”. “Tengan cuidado” fueron sus palabras. Recordó también que monseñor Aguer fue el fiador de un financista preso, en alusión de Francisco Trusso, el ex dueño del Banco Comercial de La Plata. Si tenemos en cuenta, más allá de ciertos detalles de color, que el centro de atención de la Iglesia ha sido la cuestión social, la seguridad pública y la necesidad de preservar la unidad nacional, queda muy claro por qué, al empezar esta segunda parte del año 2004, esta preocupación de la Iglesia no puede sino generar este tipo de nerviosismo, crispación y preocupación por parte del gobierno argentino. Estamos entonces en una circunstancia en la cual mientras avanza el agotamiento de este “modelo” de sustitución de importaciones, “rebote técnico” de la crisis del 2001 que parecería ser sustentable solo a partir de una oleada de inversiones que no se avizora , una oleada de inversiones que requeriría condiciones de seguridad, tanto físicas como jurídicas, que no están en este momento dentro de las prioridades de este gobierno, vuelve la necesidad de reunificación del peronismo como paso necesario para garantizar la gobernabilidad de la Argentina y la estabilidad institucional de la República. |
| Jorge Raventos, Pascual Albanese, Jorge Castro , 27/07/2004 |
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