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| UNA NUEVA OPORTUNIDAD HISTÓRICA, BASES PARA UNA ALTERNATIVA POLÍTICA - |
| Documento de trabajo elaborado por Jorge Raventos, Pascual Albanese y Jorge Castro
Viene de |
| 4 ) REPOBLAR LA ARGENTINA El efecto combinado de la transformación de la Argentina en una potencia agroalimentaria y del proceso de integración regional, través del MERCOSUR y de la asociación con Chile, abre un formidable espacio para una profunda redefinición de la geografía económica del país. Esto implica dejar atrás la clásica estructura centralista y unitaria, fundada en el predominio del puerto de Buenos Aires como vía de conexión internacional de la economía argentina, para crear una nueva geografía económica, que incremente la capacidad de desarrollo autónomo de las regiones y provincias argentinas . Otra de las más importantes derivaciones de un planteo que busca la inserción productiva de la Argentina en el nuevo escenario económico mundial a partir de una estrategia fundada en el aprovechamiento intensivo de sus inmensos recursos naturales, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cadena de valor agroalimentaria y en la amplia gama de la agroindustria, es que requiere estar acompañada por una política de mediano y largo plazo orientada hacia una redistribución geográfica de la población. Hay que repoblar el territorio argentino. Si se observa el globo terráqueo, se verá que la Argentina es un caso virtualmente único. Tiene 37 millones de habitantes diseminados en una superficie de cerca de tres millones de kilómetros cuadrados. Y más del 30% de esa población está concentrada en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, una superficie equivalente a una milésima parte de ese inmenso territorio continental. Por supuesto que esa aparente anormalidad responde a causas históricas profundas. A partir de 1930, el proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones generó una fenomenal corriente migratoria desde el interior argentino hacia el conurbano bonaerense. Pero el agotamiento de ese modelo de desarrollo autárquico fue generando a lo largo de los años un formidable desequilibrio, que provoca que el Gran Buenos Aires se haya convertido en el centro neurálgico del desempleo y la marginalidad social, mientras que el resto del territorio argentino ofrece ahora nuevas y promisorias posibilidades de desarrollo productivo. La redistribución geográfica de la población requiere no solamente una transformación económica orientada hacia la descentralización productiva, sino también una reformulación institucional. Es necesario avanzar decididamente en el camino de la descentralización política, esto es a la transferencia de poder y de recursos desde el Estado Nacional hacia las regiones, las provincias y los municipios. El "núcleo duro" de la descentralización política es la descentralización en materia fiscal. El punto central en este terreno es la cuestión del régimen de coparticipación federal. La discusión en torno a la ley de modificación de dicho régimen, disparada por el compromiso asumido por el gobierno argentino ante el Fondo Monetario Internacional, constituye, en los hechos, el primer debate de fondo encarado en los últimos años acerca de las reformas estructurales pendientes en la Argentina. Más allá de un enfoque específico de técnica tributaria, en términos estrictamente políticos, corresponde subrayar que el auténtico eje estratégico de esta trascendente discusión pasa por la disyuntiva entre centralización o descentralización del poder. La discusión de este tema tiene dos dimensiones centrales. Ambas hacen a la naturaleza del sistema federal argentino. La primera de esas dimensiones gira en torno al criterio de distribución de la "coparticipación secundaria". En este caso, la opción entre centralización y descentralización es de índole geográfica. Se manifiesta en la histórica dicotomía entre las provincias grandes y las denominadas provincias chicas. La segunda dimensión involucra la redefinición de las capacidades recaudatorias que corresponden al Estado nacional y a las provincias argentinas. La discusión entre centralización y descentralización supone aquí la instalación de un debate en profundidad acerca del federalismo fiscal. Los dos términos de la opción son aquí el poder central, por un lado, y el conjunto de las provincias, grandes y pequeñas, por el otro. Pero la novedad política adicional introducida en esta discusión es el planteo oficial de congelar el monto de la transferencia de fondos a las provincias en los valores del último ejercicio presupuestario y de acumular el excedente de recaudación en un fondo especial orientado a la satisfacción de las necesidades sociales de los conurbanos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, cuya administración no quedaría únicamente a cargo de cada uno de esos tres estados provinciales, sino que en su manejo habría una activa participación del gobierno central. De allí que se hayan suscitado fuertes resistencias a esta iniciativa gubernamental, cuya primera expresión correspondió al gobernador de Salta, Juan Carlos Romero. El eje conceptual de esa oposición pasa por la necesidad de impulsar un drástico replanteo de la geografía económica de la Argentina, que revierta el centralismo y, en una perspectiva de mediano y largo plazo, aliente una progresiva redistribución de la población. Pero toda esta intrincada puja política desatada sobre la distribución de los fondos coparticipables es apenas la mitad del problema. La otra mitad, que analizada con una perspectiva estratégica es más importante todavía, tiene que ver con la recaudación. Porque, visualizado el tema en términos estructurales, la forma institucional más adecuada para fortalecer la sustentabilidad de las finanzas locales es el avance hacia una creciente responsabilidad fiscal por parte de las provincias y los municipios. Se trata, nada más y nada menos, de reemplazar paulatinamente el actual régimen de virtual unitarismo fiscal, en el que las provincias y los municipios gastan lo que el Estado nacional recauda en su representación, para crear un sistema de mayor federalismo tributario, en el que la facultad del gasto esté explícitamente vinculada con la responsabilidad para la fijación de impuestos y su recaudación. El objetivo político y económico es edificar un régimen fiscal mucho más descentralizado, acorde con el carácter federal del sistema institucional argentino. Esta discusión acerca de la relación fiscal entre el Estado nacional y los estados provinciales no se agota en el régimen de coparticipación federal. Incluye el debate sobre los fondos especiales, potenciado por la polémica desatada en torno al Fondo Nacional del Tabaco, y tiene una expresión de enorme importancia en la discusión suscitada acerca de la propiedad de los recursos naturales del subsuelo, que la reforma constitucional de 1994 atribuye inequívocamente a las provincias argentinas. En este sentido, más allá de las controversias jurídicas, la iniciativa del gobernador Jorge Sobisch aprobada por la legislatura neuquina, que pretende avanzar en la concreción inmediata de ese precepto constitucional, constituye el punto de partida para una definición llamada a tener una fuerte incidencia en la configuración del futuro mapa económico y político de la Argentina. El respaldo obtenido por esta propuesta de parte de Salta y de otras provincias petroleras indica la importancia de la cuestión. Continúa |
| Jorge Raventos, Pascual Albanese, Jorge Castro , 03/05/2004 |
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