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| Las elecciones del 27 de abril . |
Texto completo del discurso pronunciado por Jorge Castro el pasado martes 25 de marzo en la comida organizada por la Fundación Apertura |
| La Argentina atraviesa, ante todo y sobre todo, una formidable crisis de confianza nacional e internacional. Como toda crisis de confianza, es una crisis eminentemente política. Su origen reside, básicamente, en el estado de notoria incertidumbre provocado por una irrefrenable y generalizada sensación de pérdida del rumbo estratégico que con creciente intensidad experimenta el país desde hace más de tres años, más precisamente desde la asunción del gobierno de la Alianza, agravada luego por las inexorables consecuencias de la cesación de pagos proclamada durante el breve mandato de Adolfo Rodríguez Sáa y profundizada finalmente tras la devaluación monetaria decretada por la administración de Eduardo Duhalde.
No hace falta abundar en cifras para ilustrar acerca de las dimensiones catastróficas de esta crisis verdaderamente inédita. En los últimos tres años, el producto bruto interno de la Argentina cayó cerca de un 20%. Las reservas monetarias del Banco Central descendieron un 70%, de 33.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares. Los depósitos en el sistema financiero bajaron un 85%, de 70.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares. La tasa riesgo país, que mide la cotización de los títulos de la deuda pública y determina la tasa de interés interna y externa y, por lo tanto, fija el costo del crédito para la inversión y para el consumo, se multiplicó por diez, ya que escaló desde los 600 puntos básicos a los 6.000 puntos básicos. Las inversiones extranjeras directas en el aparato productivo argentino fueron descendiendo hasta casi desaparecer. En términos reales, el monto total de la deuda externa argentina se triplicó. En 1999 era del 54% del producto bruto interno. Hoy, incrementado por sucesivas refinanciaciones negociadas durante con altísimas tasas de interés durante la administración de Fernando De la Rúa, aumentado por el incumplimiento de las obligaciones iniciado durante el interinato de Rodríguez Sáa y fuertemente potenciado por la devaluación monetaria impuesta por el gobierno de Duhalde, dicho monto, que el año pasado se incrementó en nada menos que 25.000 millones de dólares, equivale a más del 150% del producto bruto interno. Los indicadores sociales son igualmente elocuentes. El ingreso por habitante descendió más de un 25%. El desempleo aumentó en casi un 50%, ya que desde 1999 en adelante creció del 16% al 23% de la población económicamente activa. Los índices de pobreza más que se duplicaron, ya que en doce meses subieron del 27% al 57,5%. Los niveles de indigencia casi se cuadruplicaron, puesto que saltaron del 7% al 27,5% %. Puede decirse entonces, sin riesgo de incurrir en exageraciones de ninguna naturaleza, que existen muy escasos antecedentes históricos de un país que, en tiempos de paz, haya sufrido en tan poco tiempo el fenomenal retroceso experimentado por la Argentina en estos últimos tres años. LA DEVALUACION MONETARIA En la acción de gobierno, es posible equivocarse en todo menos en la definición de un rumbo estratégico acertado. La equivocación estratégica no tiene remedio: mata. Y la devaluación monetaria decidida en enero del 2002 por el gobierno de transición constituyó el error estratégico más importante cometido en la Argentina desde la guerra de Malvinas. Todo lo que intentó hacer el actual gobierno después de la devaluación monetaria no fue otra cosa que tratar de paliar sus tremendas consecuencias. No se advirtió que, a diferencia de lo que ocurrió en otros países e incluso de lo sucedido con las anteriores devaluaciones argentinas, no nos encontrábamos frente a un simple reajuste en el tipo de cambio. Durante la década del 90, la convertibilidad monetaria fue algo mucho más importante que una determinada relación entre el peso argentino y el dólar. En el terreno económico, la convertibilidad funcionó como un auténtico pacto de convivencia básica entre los argentinos. La estabilidad monetaria era la regla fundamental, compartida por todos, en la que se sustentaba la totalidad de las actividades y las transacciones económicas. Aunque con un rango jurídicamente inferior, tenía una importancia práctica equivalente a la de la propia Constitución Nacional. Toda sociedad moderna tiene características eminentemente contractuales. Las relaciones entre personas están ordenadas a través de contratos. La abrupta ruptura de ese intrincado laberinto de vínculos contractuales genera una situación de anomia colectiva. Ante la ausencia de reglas compartidas, reaparece inevitablemente la tendencia hacia la lucha de todos contra todos, que en la historia universal precedió al surgimiento de los estados. Frente a esa situación de extrema incertidumbre, el Estado agregó un elemento adicional a la desconfianza colectiva. Intentó sustituir la ausencia de reglas de juego claras y compartidas mediante la reintroducción de una elevada cuota de intervencionismo económico, que históricamente ha sido el tradicional mecanismo de financiación espúrea de los aparatos partidarios y la principal causa de la corrupción política repudiada por la sociedad. La pesificación asimétrica, la restauración de los impuestos a las exportaciones y las restricciones impuestas al movimiento de capitales constituyeron el punto de partida de una larga cadena de medidas reglamentaristas que iban totalmente a contramano de la realidad de una economía altamente compleja y crecientemente globalizada. El argumento de que la devaluación mejoraría la competitividad internacional de la economía argentina no resiste el menor análisis. En la nueva economía surgida de la revolución tecnológica de nuestra época y de la globalización del sistema productivo, la competitividad no puede surgir de un artificio monetario. Depende, en cambio, del aumento incesante de la productividad, que sólo es posible cuando la existencia de un sistema financiero sólido permite la incorporación de nuevas tecnologías que posibilitan la reducción de costos en el aparato productivo. Sin un aumento constante de la productividad, todo incremento de competitividad es ilusorio o, en el mejor de los casos, fugaz. Una economía desvinculada del crédito y de la innovación tecnológica está irremediablemente condenada al atraso. La devaluación y la pesificación asimétrica asestaron sendos fuertes golpes a los dos ejes fundamentales necesarios para mejorar la productividad de la economía argentina. El primer golpe fue la desaparición del crédito, ya que el sistema financiero argentino pasó de la crisis a la bancarrota. El segundo fue que el brutal encarecimiento del dólar convirtió en virtualmente imposible la incorporación de nuevas tecnologías. El ranking de competitividad internacional que elabora anualmente el Foro Económico Mundial, que organiza la famosa reunión de Davos, establece que durante el año 2002 la economía argentina descendió desde el puesto 49 al lugar número 63. Esa caída de catorce puestos en solo doce meses es la más contundente desmentida a las teorías de las "devaluaciones competitivas", cuya trágica aplicación local fue el pecado de origen del actual gobierno de transición. Esa estimación del Foro Económico Mundial aparece claramente verificada en los hechos. Los números cantan: en el año 2002, a pesar de la brutal modificación del tipo de cambio y de la sensible mejora en los precios internacionales de los productos agropecuarios, las exportaciones argentinas no solamente que no aumentaron sino que disminuyeron un 5% en relación al año anterior. En el año 2002, el producto bruto interno cayó un 12%. El ingreso por habitante descendió aproximadamente un 14%. El índice de desempleo creció del 18 % al 23% de la población económicamente activa. Los niveles de pobreza aumentaron del 38% al 57,5%. La población en estado de indigencia trepó del 12% al 27,5%. Continúa |
| Jorge Castro , 29/03/2003 |
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