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| La crisis social: Desafío y respuesta. |
| Texto de la exposición de Pascual Albanese en la reunión del centro de reflexión política Segundo Centenario, el día 3 de septiembre de 2002. |
| El agravamiento de la cuestión social se ha instalado en el centro mismo de la preocupación de la opinión pública y de la agenda política. El análisis de la información oficial del INDEC acerca de que en mayo pasado el porcentaje de la población situado por debajo de la denominada "línea de pobreza" ya había trepado al 53 %, lo que representa el índice más elevado de toda la historia argentina, superior inclusive al 47 % registrado en pleno colapso hiperinflacionario de julio de 1989, es la más categórica demostración del dramático agravamiento de la crisis del país y del carácter socialmente regresivo de la devaluación. Entre los meses de octubre del 2001 y mayo del 2.002, el índice de pobreza creció del 38,3 % al 53 %. Esto significa que durante ese lapso de apenas ocho meses, la pobreza en la Argentina aumentó casi un 40 %. Sólo en ese breve período cayeron por debajo de la línea de pobreza más de cinco millones de argentinos, un número equivalente a la totalidad de la población de países como Dinamarca o Finlandia. La cuenta macabra que cabe extraer de ese vertiginoso ritmo de empobrecimiento colectivo es la de un pobre más cada cinco segundos. Esa impresionante oleada de movilización social descendente ratifica los estudios realizados por Artemio López, quien asegura que, en las actuales condiciones de virtual congelamiento salarial, por cada punto de incremento en el índice del costo de la vida quedan debajo de la línea de pobreza alrededor de 120.000 argentinos. Por ese motivo, no es difícil comprender por qué en la Argentina de hoy la estabilidad monetaria es la primera y la más urgente de las reivindicaciones sociales. Porque la estabilidad monetaria es sinónimo de defensa del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de los haberes de los jubilados. Igualmente elocuente resulta el índice de indigencia, que alcanzó en mayo al 24,5 % de la población. Se trata de cerca de nueve millones de personas cuyos ingresos no les permiten solventar el precio de la canasta básica de alimentos. Conviene destacar aquí que desde fines de 1999 hasta mayo del 2002, el porcentaje de indigencia, un indicador estrechamente asociado con la problemática de la desnutrición, más que se triplicó en el promedio general y se cuadruplicó en la población infantil. Nada de esto tendría que ser motivo de sorpresa. Existe un axioma económico, largamente comprobado, acerca de que en los países que son exportadores agroalimentarios, como es el caso de la Argentina, el impacto de una devaluación monetaria es aún más fuerte en el caso de los alimentos básicos, que en su mayoría son bienes transables internacionalmente, cuyos precios están asociados a la cotización del dólar, como ocurre con los productos importados. Esta particularidad explica otra rareza estadística: también por primera vez, el porcentaje de indigencia está por encima del índice de desempleo, que en mayo último se ubicaba en el 21,5 % de la población económicamente activa. Hay centenares de miles de personas empleadas que viven en situación de indigencia. Esto es consecuencia directa de la brutal pulverización salarial originada por la devaluación. No está de más advertir que no estamos ante un "piso" en la crisis social. El tobogán continúa y desgraciadamente se advierte también en el espectacular y continuo incremento de los índices de inseguridad pública. Los últimos datos proporcionados por el INDEC corresponden al mes de mayo. En cifras de hoy, es altamente probable que el porcentaje de la población argentina ubicada por debajo de la línea de pobreza haya superado ya el 55 %. La elevación mensual del índice de precios, el inevitable aumento de las tarifas de los servicios públicos, la demorada pero inevitable aplicación del CER y, en el caso de concretarse, la disparatada idea de producir un recorte salarial del seis por ciento para crear un "hospital de empresas" serán otros tantos factores de agravamiento de esta verdadera catástrofe social. En este contexto, las llamadas "políticas sociales compensatorias" en marcha, centradas casi exclusivamente en el subsidio para los jefes y jefas de hogar desocupados, cuyo monto urge aumentar de 150 a 200 pesos mensuales para morigerar, aunque sea parcialmente, el mortífero impacto de la inflación, tienen una efectividad semejante a la que Perón definía como la de "tirar un frasco de tinta en el océano". La década del 90 No hace falta afinar demasiado el análisis para entender que existe siempre una correlación bastante estrecha entre la situación económica y la situación social. En el caso de la Argentina, hay un ejemplo cercano de esa relación, medida en términos internacionales. El indicador internacionalmente más confiable de la situación social de un país es el Índice de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas, que promedia un conjunto de indicadores representativos del nivel de vida de una población determinada. Ese índice compara, en forma combinada, tres aspectos estadísticos fundamentales: la longevidad (medida en años de expectativa de vida), el conocimiento (evaluado a través del porcentaje de alfabetización de la población y de los años de permanencia en el sistema educativo formal) y las condiciones de vida (estimadas a partir del poder adquisitivo, estableciendo el producto "per capita" real con relación al costo de vida local). En 1989, la Argentina ocupaba el puesto número 99 en ese "ranking" de países. Diez años después, en 1999, había ascendido al puesto número 37. Fue un avance verdaderamente extraordinario, en un lapso históricamente breve. Junto con Chile y con Uruguay, la Argentina de 1999 era uno de los tres países latinoamericanos ubicados por las Naciones Unidas en el área de naciones de alto desarrollo humano. Según las cifras del INDEC, el ingreso promedio de la población argentina aumentó en esos años por encima del 20 %. El índice de pobreza, que desde 1999 hasta la fecha aumentó en más de un 60 %, entre 1989 y 1999 había descendido más de un 30 %. Cabe recordar que, en la década del 80, el nivel de ingresos reales de la franja del 30 % más humilde de la población se había reducido en un 57 %, la mayor parte en los dos años que van de 1987 a 1989. En cambio, en la década del 90, en mayor o menor medida, todos los sectores sociales vieron incrementado su nivel de ingreso real con relación a 1989, aunque esto no quiera decir de ningún modo que lo hayan hecho de la misma manera. Existían, sin duda, muy fuertes desigualdades que era necesario corregir. Aunque, nunca está de más aclararlo, esas desigualdades en materia de distribución del ingreso se acentuaron notoriamente a partir de la asunción del gobierno de la Alianza y crecieron más vigorosamente todavía este año, al conjuro de la devaluación. Ese incremento en el nivel de vida en todos los sectores sociales, incluso los más humildes, se muestra claramente, entre otros datos, en tres índices que son particularmente representativos: la evolución de todos los indicadores de consumo popular, en especial en el notable incremento del consumo de alimentos, la sensible reducción de la tasa de mortalidad infantil y el fuerte aumento de la matrícula educativa. En relación al crecimiento del desempleo durante esos años, como consecuencia primero de la privatización de las empresas estatales y después de la acelerada reconversión tecnológica de los sectores productivos, conviene hacer notar una observación de Alieto Guadagni, en su libro "Contradicciones de la modernización", quien revela que "entre mayo de 1989 y mayo de 1999, el empleo creció al ritmo de 228.000 puestos por año, lo cual significa 90.000 puestos de trabajo más por año que los creados entre mayo de 1980 y mayo de 1990". También valdría la pena recordar que desde diciembre de 1999 hasta hoy la tasa de desempleo aumentó, en menos de treinta meses, en un 50%, desde el 14 % hasta el 21,5 % de la población económicamente activa. Obvio resulta afirmar que todos esos avances registrados en esos años fueron principalmente consecuencia del crecimiento económico. Pero tampoco fue ajeno a este fenómeno el incremento del gasto público social, que incluye, entre otras, las erogaciones presupuestarias en materia de educación, de salud pública, de vivienda y de seguridad social. En promedio, a lo largo de la década del 90, ese gasto público social aumentó alrededor de un 40%. En el último estudio comparativo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), realizado en 1997, la Argentina tenía el más alto índice de gasto público social "per capita" de toda la región. Sin embargo, hay que subrayar que también hubo deficiencias y fracasos. Porque ese fuerte incremento del gasto público social no siempre fue cualitativamente eficaz. Es evidente que no hubo una correlación entre la significación de ese aumento y los resultados efectivamente obtenidos. Puede afirmarse que ese incremento en la inversión social no fue acompañado por una política social adecuada y eficiente. Alcance con señalar, por ejemplo, que las grandes sumas empleadas en el pago de indemnizaciones a los miles de empleados despedidos a raíz de la privatización de las empresas estatales sirvieron sin duda para paliar una coyuntura socialmente muy delicada y para generar un sinnúmero de microemprendimientos que resultaron económicamente inviables, pero no suplieron la ausencia de una clara estrategia orientada hacia su reinserción laboral y social. El balance de esta experiencia acumulada en la década del 90, con sus aciertos y sus errores, contrasta con la debacle social que atraviesa actualmente el país, provocada precisamente por quienes durante todo ese período no cesaron de cuestionar el carácter antisocial del "modelo económico" de aquella época. Las evidencias son abrumadoras: aún en el peor de los años del gobierno de Carlos Menem, el país exhibió indicadores sociales mejores que los de la Argentina de hoy. Por eso mismo, el análisis crítico de esta experiencia realizada por el anterior gobierno peronista resulta decisivo para encarar el "aquí y ahora" de la crisis social que enfrenta hoy la Argentina. Segunda Parte |
| Pascual Albanese , 03/09/2002 |
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