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| La crisis social: Desafío y respuesta. (Segunda Parte) |
| Texto de la exposición de Pascual Albanese en la reunión del centro de reflexión política Segundo Centenario, el día 3 de septiembre de 2002. |
| Una estrategia frente a la crisis Lo primero que hay que comprender entonces es que, en la situación concreta de la Argentina de hoy, la recuperación de la estabilidad monetaria y del crecimiento económico es la condición básica para cualquier política social. Lo segundo es que no existe ninguna posibilidad de garantizar la gobernabilidad del país ni, menos aún, de implementar un programa económico sustentable orientado a superar la crisis, si no se contempla, al mismo tiempo, un drástico plan de acción inmediata para afrontar la emergencia social. El planeamiento estratégico demanda siempre, en primer lugar, un examen de las vulnerabilidades y de las fortalezas con que se cuenta. Porque sólo desde la fortaleza es posible enfrentar la debilidad. La regla es que es que con la debilidad no se construye. Solamente se puede construir a partir de la propia fortaleza. Con nada, no se hace nada. Siempre se hace con algo y a partir de algo. En materia social, las vulnerabilidades sociales están a la vista. La pregunta entonces es cuáles son aquellas fortalezas que pueden utilizarse como puntos de apoyo con los que la Argentina puede atacar esas vulnerabilidades. En muy apretada síntesis, puede afirmarse que existen básicamente tres fortalezas estructurales, que es necesario combinar: la extraordinaria riqueza de su capital social, la enorme potencialidad de su producción agroalimentaria y el notorio adelanto de su infraestructura tecnológica en materia de comunicaciones. Estas tres fortalezas son producto del peronismo. La fuerza de la organización social surge de la acción desplegada por Perón entre 1945 y 1955. La expansión del poderío agroalimentario y los adelantos registrados en materia de comunicaciones son consecuencia de las reformas estructurales realizadas en la década del 90. Red Nacional de Solidaridad Social El enorme desafío social que tiene por delante la Argentina no demanda solamente la acción del Estado. Exige, ante todo y sobre todo, apelar a la participación organizada de toda la sociedad. La prioridad institucional es la descentralización política, que implique una continua transferencia de responsabilidades, acompañadas por sus correspondientes recursos, desde el Estado Nacional hacia las regiones, hacia las provincias, hacia los municipios y, por sobre todas las cosas, hacia las propias organizaciones sociales. Ya constituye casi un lugar común la idea de que, para enfrentar y resolver el problema de la pobreza y de la exclusión social, no alcanzan el insustituible crecimiento económico ni la también indispensable mejor asignación del gasto social. Es preciso reformar todo el sistema de instituciones del Estado vinculadas en forma directa con la sociedad. La refundación del Estado, a través de una profunda reforma político-institucional basada en la descentralización, es el requisito necesario para que el crecimiento económico pueda alcanzar un carácter socialmente inclusivo y equitativo. El principio rector es colocar lo más cerca posible de la base la capacidad de decisión sobre los asuntos vinculados con cada actor social y con cada comunidad local, sobre la base de que siempre es conveniente colocar la posibilidad de solución lo más cerca posible del lugar donde se encuentra el problema. En un mundo caracterizado por una tendencia estructural hacia una mayor concentración del ingreso, es necesario plantear una estrategia destinada a combatir esa tendencia hacia la concentración del ingreso con una política dirigida hacia una mayor y mejor distribución del poder. Las organizaciones sociales en la época en que vivimos no son algo estático. Cambian constantemente, junto con la sociedad y sus nuevos desafíos. Nada tienen que ver con la vieja imagen de una Argentina corporativa. Muchas veces expresan nuevos movimientos sociales surgidos al calor de nuevos problemas. En ocasiones, nacen incluso con un solo objetivo, puntual y específico, y desaparecen con su cumplimiento. Por todo esto resulta fundamental promover la más amplia libertad de acción de las organizaciones no gubernamentales, aquéllas que Perón definiera hace muchos años como "organizaciones libres del pueblo", para permitir el despliegue de su infinita capacidad creadora para resolver los problemas sociales pendientes, no a partir del paternalismo estatal, en sus variantes asistencialistas, clientelísticas o tecno-burocráticas, sino a partir del protagonismo de los propios afectados, esto es de la acción organizada de los sectores populares, a través de nuevas formas de ejercicio del autogobierno popular. Importa señalar que la obra de redención social más extraordinaria desplegada en la Argentina en toda su historia no fue realizada por ningún ministerio ni organismo del Estado. Fue la acción desarrollada por la Fundación Eva Perón, que no era un organismo del Estado sino precisamente una organización no gubernamental, que no fue financiada con dineros públicos, como se empeñó en decir la prédica antiperonista, con el silencio entre ignorante y cómplice de muchos dirigentes e intelectuales del peronismo, sino con los aportes derivados de los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales, y de las donaciones de las empresas. En este sentido, resulta imprescindible promover la constitución de una amplia Red Nacional de Solidaridad Social, con la participación de la Iglesia Católica, de las demás confesiones religiosas, de los sindicatos, de las cámaras empresarias y de las decenas de miles de organizaciones no gubernamentales, que canalizan actualmente el espíritu solidario y las energías creadoras del pueblo argentino, para actuar coordinadamente con los organismos del Estado nacional, provincial y municipal en una estrategia común enderezada a erradicar la pobreza, la indigencia y la exclusión social. El Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, tiene la obligación de brindar a esa Red Nacional de Solidaridad Social todo su apoyo político, logístico y técnico. En ese sentido, corresponde volver a poner en funcionamiento el Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias (CENOC), creado en la década del 90 y virtualmente disuelto por el gobierno de la Alianza, como herramienta de asesoramiento y capacitación de las organizaciones no gubernamentales. Entre otras medidas de apoyo, puede volcarse hacia la acción con las organizaciones sociales a todo el personal administrativo no estrictamente indispensable de las administraciones públicas nacional, provincial y municipal. Puede establecerse también, como contraprestación obligatoria para todos los beneficiarios del actual plan de subsidio a los jefes y jefas de hogar desocupados, su trabajo a tiempo parcial en la ejecución de los programas sociales a cargo de las organizaciones no gubernamentales. Esta Red Nacional de Solidaridad Social tiene por delante un desafío de igual magnitud al que tuvo que resolver en su momento la Fundación Eva Perón. La Argentina cuenta aquí, y también gracias al peronismo, con una fortaleza extraordinaria, que es la vitalidad y la capacidad de iniciativa que exhibe diariamente su organización comunitaria. Una primera evaluación estadística de este potencial social puede extraerse de un estudio realizado en 1998 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado " El Capital Social. Hacia la construcción del índice de desarrollo de la sociedad civil en la Argentina", síntesis de un interesante trabajo de investigación coordinado por la socióloga Elba Luna, que indica la existencia de alrededor de 78.000 organizaciones no gubernamentales, contabilizadas en distintos registros, que cubren con su acción todos y cada uno de los rincones del territorio nacional. Con una aclaración adicional: también existen y trabajan activamente otros varios miles de organizaciones no gubernamentales que, por diversos motivos, en primer lugar su escaso grado de formalización legal, no están incorporadas a ningún registro nacional, provincial y municipal. En este relevamiento de la fortaleza estructural que representa para la Argentina el poderío adquirido por la sociedad civil, no puede dejarse de lado el rol que desempeñan las organizaciones sindicales. A pesar de la honda crisis que lo afecta en la actualidad, el sindicalismo argentino, recreado por el peronismo a partir de 1945, tiene un vigor social y político cualitativamente superior al de cualquier otra parte del mundo. Esa organización sindical encierra un potencial organizativo y una capacidad de acción de enorme importancia a la hora de encarar la gigantesca tarea social que tiene por delante el país. Tercera Parte |
| Pascual Albanese , 03/09/2002 |
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