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| La Transformación Económica. |
| La Argentina padece una monumental crisis de confianza nacional e internacional. Para generar confianza hay que reducir al máximo los actualmente dramáticos niveles de incertidumbre. |
| Las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional no pueden consistir en un ejercicio de aceptar o rechazar las recomendaciones formuladas por la burocracia de los organismos multilaterales de crédito. Se requiere, ante todo y sobre todo, una clara definición política, expresada a través de una propuesta propia de la Argentina, fundada en una estrategia de crecimiento acompañada por un programa económico sustentable. El punto de partida es un diagnóstico correcto de la situación. Porque no puede haber una estrategia acertada sin un diagnóstico correcto. La Argentina padece una monumental crisis de confianza nacional e internacional. Para generar confianza, hay que reducir al máximo los actualmente dramáticos niveles de incertidumbre. La eliminación total y definitiva de la incertidumbre monetaria es la única forma de generar una inyección de confianza interna y externa en la fortaleza y las posibilidades de la Argentina como Nación. Las presentes circunstancias exigen, en primer lugar, el restablecimiento de la estabilidad monetaria, a través de una nueva convertibilidad, y avanzar, mediante la negociación de un acuerdo estratégico con Estados Unidos, hacia la dolarización de la economía. La única verdad es la realidad. La alternativa de la dolarización no puede visualizarse hoy como la aplicación de una determinada teoría económica. Es una opción que responde a los hechos. En términos inmediatos, es una respuesta práctica y contundente a la crisis de confianza. Expresa la voluntad nacional de restablecer a cualquier precio la estabilidad monetaria, que es condición para el crecimiento económico y para la paz social. La estrategia de la dolarización crea las condiciones para eliminar el actual dualismo monetario, que favorece a los sectores socialmente más pudientes, que están en mejores condiciones para proteger sus activos en dólares, y perjudica a los sectores socialmente más humildes, que viven en pesos y son siempre los más golpeados con la devaluación de la moneda. Por lo demás, la dolarización reafirma, en un plano superior, la decisión estratégica que representó en 1991 la adopción de la convertibilidad, un régimen bimonetario que fue algo mucho más importante que la fijación de un determinado un tipo de cambio. Constituyó, por sobre todas las cosas, el establecimiento de un nuevo pacto de convivencia básica entre los argentinos, respetado durante diez años y destruido por la devaluación. En términos estrictamente económicos, la característica más significativa de la convertibilidad fue su condición de señal inequívoca de que el Estado argentino se vedaba a sí mismo la posibilidad de recurrir a medidas de política monetaria y/o cambiaria para reasignar arbitrariamente los recursos generados por la actividad económica. Esto limitó fuertemente la posibilidad de continuar la tendencia a decidir el desvío improductivo de esos recursos, una práctica estatista y burocrática que durante décadas conspiró contra la eficiencia, la competitividad, la productividad y la libertad que debían procurar los actores de la economía real y alimentó la irrealizable fantasía de que nuestro país podía producir de todo, sin importar si teníamos o no las ventajas comparativas (o los recursos que las suplieran) que permitieran alcanzar niveles adecuados de competitividad. Desde este punto de vista, la convertibilidad está en línea con la eliminación de las retenciones que gravaban a las exportaciones agropecuarias, en tanto ambas fueron fuertes señales en el sentido que el gobierno justicialista estaba dispuesto a poner fin al inaceptable, injusto, ineficiente e insostenible desvío de los recursos que generaban las actividades económicas eficientes y competitivas de la Argentina, para subsidiar actividades en la que había y hay restricciones estructurales insalvables para adquirir, en plazos y a costos razonables, los niveles de competitividad y productividad que impone a todos la economía globalizada, que es la única que hoy existe. La sustentabilidad de la estabilidad monetaria está íntimamente asociada a la conquista del equilibrio fiscal. En las actuales condiciones internacionales, el equilibrio fiscal es la primera condición de la independencia económica. Déficit fiscal es sinónimo de endeudamiento externo y de mayor dependencia de los centros financieros internacionales. El principio del equilibrio fiscal sustentable tiene que convertirse en una regla de inflexible cumplimiento a nivel nacional, provincial y municipal. El cumplimiento de este objetivo requiere el establecimiento del mecanismo del "presupuesto base cero" en todos los niveles del Estado. Habrá que proceder a una revisión total de las actuales estructuras estatales, con la consiguiente supresión de los organismos y reparticiones prescindibles y el desmantelamiento de las estructuras burocráticas. De la misma forma, corresponde encarar la inmediata privatización de todos los organismos y actividades susceptibles de gestión privada. En este marco, es necesario modificar el actual sistema de coparticipación federal para construir un verdadero federalismo fiscal, a través del fortalecimiento de la autonomía tributaria de las provincias y los municipios, de manera de incrementar la vinculación entre la ejecución del gasto público provincial y municipal y la responsabilidad de la recaudación fiscal en cada una de las jurisdicciones del Estado. No hay solvencia fiscal posible sin un acelerado ritmo de crecimiento económico. El principal obstáculo a la competitividad internacional de la economía argentina no es costo del trabajo. Es el alto costo del capital. No puede haber reactivación económica sin una fuerte expansión del crédito. Un aparato productivo en expansión necesita fundarse en un sistema financiero sólido. Hay que reconstruir el sistema bancario argentino. Ello requiere encarar una drástica reestructuración de la banca pública y una profunda reforma institucional del régimen legal de las entidades financieras, que permita fortalecer al sistema a través de una sólida garantía jurídica de carácter internacional, que permita aprovechar la solvencia innegable de las casas matrices de los bancos transnacionales. Es ineludible acompañar el restablecimiento de la confianza interna y externa, que implica una reducción drástica de la actual tasa riesgo país, con la consiguiente reducción de las tasas de interés, con la formación de un fuerte mercado de capitales, para incrementar sustancialmente la oferta de crédito para empresas y particulares. En este mismo sentido, hace falta también una revisión de la totalidad del sistema impositivo argentino. Hay que eliminar todas las trabas fiscales que desalientan la inversión productiva. Es necesario eliminar las excepciones fiscales y reducir la carga tributaria sobre quienes pagan efectivamente sus impuestos. Para que sea posible esa reducción, es absolutamente fundamental enfrentar y resolver el gravísimo problema de la evasión fiscal y previsional. A tal efecto, es imprescindible impulsar mecanismos adecuados de tercerización de la recaudación fiscal en todos los niveles del Estado, que permitan contar con una estructura impositiva ágil, eficiente y equitativa, que genere incentivos al cumplimiento de las obligaciones y castigos efectivos a su incumplimiento. El crecimiento económico y la reducción del desempleo plantean imperiosamente la necesidad de incentivar por todos los medios posibles la actividad empresaria como mecanismo insustituible para la creación de riqueza. La Argentina demanda el surgimiento de empresas y de vocaciones empresarias. Hacen falta miles de nuevas empresas en todos los rubros de la economía nacional. Además del restablecimiento de la confianza, del abaratamiento del costo del crédito, de la reforma impositiva y del mejoramiento de la infraestructura, la instalación de esas empresas requiere la eliminación de todas aquellas regulaciones que no sean absolutamente indispensables y la supresión de todas las trabas legales y burocráticas que asfixian los emprendimientos productivos. La única responsabilidad indelegable del Estado en materia regulatoria es la fijación de las normas y de los procedimientos que aseguren a todos el pleno ejercicio del derecho de propiedad, eviten las prácticas monopólicas e incentiven la transparencia del mercado y la libre competencia en todas las actividades económicas. Si muchas de las instituciones y de las normas que fueron establecidas merced a las transformaciones llevadas a cabo en la década de 1990 pudieron ser socavadas a partir de la asunción del gobierno de la Alianza, fue entre otras razones porque la posibilidad de participar en la generación de riqueza, que es propia de una economía libre, no estuvo al alcance de los millones de hombres y mujeres que son actores de la economía "informal". El economista peruano Hernando de Soto sostiene que "las diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo es, en gran parte, la diferencia entre países donde se ha formalizado la propiedad y otros en que no lo ha sido". Explica que en los países desarrollados las casas, tierras, bienes y mercaderías no solamente se usan con fines físicos, como albergue, agricultura, producción, comercio y consumo, sino que también se emplean como garantía para obtener recursos de capital, a través de formas diversas de crédito, y eso es posible porque los derechos de los propietarios de esas casas, tierras, bienes y mercaderías ha sido formalizados, registrados en sistemas legales y son regidos por instituciones que pueden hacer cumplir los contratos. De Soto afirma que "en América Latina, debido a las migraciones en gran escala, a la urbanización, a la ocupación ilegal de predios y a las reformas sociales durante los últimos 50 años, la cantidad de propiedad real informalmente en poder de la mayoría de los ciudadanos informales "pobres", tiene un valor de mercado de unos 500.000 millones de dólares estadounidenses". En contraste, señala que "los títulos formalizados fueron cruciales para abrir las puertas al crédito en países como Estados Unidos, donde en la actualidad por lo menos unos 4 billones de dólares de valores flotantes en el mercado están respaldados por hipotecas y otras garantías permitidas por la existencia de la propiedad formal". En la Argentina, existe una enorme riqueza que no puede convertirse económicamente en un capital " vivo ", que permita garantizar el acceso a los mecanismos de crédito, debido a la ausencia de certificación formales que acrediten esa propiedad. Desde la extensión de los "clubes de trueque" a la multiplicación de microemprendimientos empresarios personales y familiares, muchas han sido en los últimos años las estrategias de subsistencia a las que apelaron millones de compatriotas que estaban fuera de la economía formal o que fueron expulsados de ella. Muchos de esos argentinos "pobres", instalados en la economía informal, exhiben a diario una aptitud para obrar como empresarios eficientes y competitivos que supera a la que tienen buena parte de los empresarios "formalizados", sobre todo en cuanto a asumir los costos y beneficios que conlleva la adopción de riesgos, a la estricta adecuación de las ofertas a las demandas de los mercados, a la búsqueda de reducción de costos que se refleja en los precios y al aprovechamiento de las oportunidades mediante la percepción y satisfacción de las demandas. Resulta imperativo crear instrumentos jurídicos que, a partir de conocer y respetar los sistemas de relaciones que se establecen en esos ámbitos, generen condiciones para formalizar las propiedades que allí existen y darles la posibilidad de expansión y desarrollo que hoy no tienen a esas aptitudes y vocaciones empresarias que permanecen restringidas y soterradas. Durante la década de 1990, se avanzó en esa perspectiva, a través de iniciativas como el "Plan Arraigo" o la llamada "Ley Pierri" de escrituración de tierras, pero es mucho lo que queda por hacer en esta dirección. La constitución de centros especializados de asesoramiento para la formación de nuevas empresas, al estilo de las "incubadoras" de empresas existentes en Israel, constituye un aliciente adicional de significativa importancia para avanzar en esta dirección. Lo mismo ocurre con la creación de mecanismos de vinculación entre el sector científico-tecnológico argentino y los fondos de inversión de riesgo, para impulsar emprendimientos económicos surgidos de nuevos adelantos tecnológicos o descubrimientos científicos. Segunda Parte |
| Agenda Estratégica , 13/05/2002 |
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