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| Poder, autoridad, incendios |
El jueves 28 de septiembre, tras aguardar cuatro horas en los andenes de la estación Constitución sin que corriera un tren para devolverlos a sus hogares, varias decenas de frustrados pasajeros se lanzaron a las vías y recorrieron casi cuatro kilómetros hasta toparse con el piquete de empleados ferroviarios que, a la altura de Avellaneda, obstruía las vías e impedía el paso de las formaciones. |
| Durante esas cuatro horas no hubo autoridad capaz de afrontar la situación. Hubo, sí, acción directa: de los trabajadores con su piquete y de los trabajadores-consumidores que optaron por encontrar una solución por iniciativa propia. Afortunadamente, esa solución fue negociada y no violenta. Unos días antes, otro grupo de pasajeros había prendido fuego a un vagón por motivos análogos.
A la misma hora en que la ausencia de autoridad se manifestaba sobre los rieles del Ferrocarril Roca, en el elegante Barrio Parque de Palermo parecía ocurrir lo contrario. Parecía. Una legión de policías de los cuerpos de élite llegaban entonces, munidos de una orden judicial de allanamiento para ingresar al domicilio de un ciudadano de ese vecindario imputado de poseer un arsenal no autorizado y hasta de emplear ese armamento para disparar contra pajaritos y trenes que circulan en las cercanías. Ese despliegue de policías de alta profesionalidad, preparados para las situaciones más extremas, fue vano. El allanamiento no se produjo. Durante algunas horas los canales de televisión dieron testimonio de las vacilaciones (quizás judiciales, quizás policiales) para poner en práctica la orden oportunamente adoptada, mientras el vecino acusado y su cónyuge conferenciaban al aire telefónicamente con los periodistas de esas mismas emisoras y el jefe del operativo anunciaba que la detención se produciría en instantes, aunque finalmente, "caló el chapó, fuese…y no hubo nada". Desde hace 13 días, un testigo de mucha importancia en el juicio que concluyó sentenciando al ex subjefe de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz, parece haber desaparecido del mapa. Las autoridades no están en condiciones de decir con certeza si el señor Jorge Julio López se ha extraviado, ha sido secuestrado o asesinado o ha decidido darle un curso nuevo y misterioso a su vida. Quizás porque no saben qué informar, las autoridades afirman (o insinúan) muchas cosas diferentes. El ministro de Interior, Aníbal Fernández, de quien, como puede inferirse, depende la Policía Federal, afirmó que el señor López podría estar "visitando a una tía". El gobernador de la provincia de Buenos Aires, por el contrario, sostuvo que López podría ser "el primer desaparecido de la democracia". El presidente Kirschner manifestó dramáticamente que se podía estar ante un intento "de amedrentar" al gobierno por su política de derechos humanos. Y la señora Hebe de Bonafini –que, es cierto, no está en el gobierno, pero a menudo actúa como si lo estuviera y ha sido, además, designada "madre de todos" por el primer magistrado- consideró que "hay que investigar a López" (es decir, el presunto desaparecido) porque no era un testigo importante, no había sido militante y es pariente de policías. A partir de esa ensalada de opiniones, informaciones, estados de ánimo y estados mentales, dos asuntos quedan como hechos incontrovertibles: aunque el gobierno no sabe qué es lo que ha ocurrido, preventivamente ha tomado medidas contra un número de efectivos de la policía bonaerense; aunque el gobierno parece considerar que el juicio que condenó a Etchecolatz ternía una una importancia vital y los testimonios eran importantísimos, no dispuso ninguna vigilancia especial para los testigos, un procedimiento que recién ahora, dos semanas después de la desaparición de López, se pondrá en práctica por indicación de la Corte Suprema. ¿Hay autoridad? ¿No se supone que las autoridades deben prever los acontecimientos (particularmente si los provocan) o, al menos, actuar oportunamente? El caso de los incendios en las sierras de Córdoba es otra muestra de que los superpoderes sirven para cosas muy distantes de las que preocupan a los ciudadanos. Durante una larga semana pudo observarse al gobierno de la provincia de Córdoba y a los responsables de varias comunas comprometidas por el avance del fuego mientras luchaban a brazo partido contra las llamas, que llegaron a amenazar importantes poblaciones y arrasaron con cerca de 10.000 hectáreas. ¿Dónde estaban las autoridades nacionales, entretanto? ¿Dónde estaba la secretaría de Medio Ambiente y la oficina que se ocupa del Plan Nacional de Manejo del Fuego? Cuando en 1996 un prolongado incendio se extendió en Chubut y Río Negro, la secretaria del área de entonces, María Julia Alzogaray, sufrió una crítica concentrada y pedidos insistentes de renuncia, no porque su dependencia no actuara (envió recursos e instrumentos, gestionó además el apoyo de aviones hidrantes de Chile, etc.) sino porque ella, personalmente, no se hizo presente en el lugar. En el caso cordobés, la secretaria sólo apareció más de una semana después de que se iniciara el siniestro (lo sobrevoló en helicóptero) y el apoyo nacional llegó tarde, mal y nunca. El gobierno ha conseguido del Congreso superpoderes que le permiten manejar a gusto el presupuesto nacional, repartir los recursos nacionales discrecionalmente y evitar controles. Esos superpoderes, entendidos como manejo a gusto de la caja, le vienen sirviendo para cooptar dirigentes políticos del peronismo y de otros partidos, para tranquilizar a algunos gobernadores e intendentes y garantizarse obediencia en las cámaras legislativas. Pero no parecen tener significado cuando se trata del ejercicio de la autoridad en asuntos de interés ciudadano: que los trenes funcionen, que se puede transitar por calles, autopistas y vías férreas, que el suministro de energá esté garantizado, que se pueda ejercer libremente el comercio y las actividades productivas. Los simulacros de poder trasmutados en falencias de autoridad, cuando conviven con una atmósfera irritada y fuertemente confrontativa, son tan peligrooas como la irresponsable acción de quienes en Córdoba se dedicaron a quemar hojas en condiciones propensas a un incendio. Las llamas pueden propagarse vertiginosamente. |
| Jorge Raventos , 10/01/2006 |
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