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| Justo el 31 |
El presidente Kirchner consideró necesario emitir alguna señal mediática relacionada con el tema de la seguridad y le infligió un tirón de orejas a su ministro de Interior, Aníbal Fernández. Kirchner ha empezado a ponerse nervioso por la perspectiva de una manifestación centrada en el tema de la inseguridad ciudadana encabezada por Juan Carlos Blumberg en la Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada. Esos temores presidenciales tienen fecha: el 31 de agosto. |
| El oficialismo ha decidido afrontar el mal momento con una dieta disociada: mientras el Presidente busca exhibir su sensibilidad ante la cuestión y desvía los cascotazos hacia colaboradores como Fernández Aníbal, apoyándose en que la opinión pública suele dar más crédito a los monarcas que a sus auxiliares (la hipótesis clásica de que el número uno está "mal rodeado"), algunos de los secuaces oficialistas se dedican a crear un clima intimidatorio previo a la marcha por la seguridad. El diputado bonaerense del Frente por la Victoria, Edgardo Depetri, echó a volar las campanas denunciando una conspiración (no es la primera que descubre la fantasía política: la anterior fue un locro) en la que participarían virtualmente todos los que no coinciden con el gobierno. Depetri agregó que ese complot podría incluir asesinatos selectivos sin excluir el magnicidio. Agregó, sin ingenuidad, que los complotados utilizan " la temática de la inseguridad" como una " herramienta propagandística fundamental": cascotes sobre el tejado de la manifestación del 31. ¿Serán suficientes esos mecanismos para preservar al gobierno?
En rigor, el oficialismo cosecha en el tema de la seguridad lo que ha sembrado. Más allá de los gestos y declaraciones con los que reacciona en vísperas (o al día siguiente) de alguna demostración pública sobre el asunto, el Presidente ha actuado con reticencia y suspicacia frente a los reclamos contra la inseguridad. Ha actuado con la idea de que esa preocupación es "de derecha", está instrumentado por sus adversarios, procura empujarlo a hacer concesiones a los "sectores represivos", etc. El olfato social percibe esa incomodidad del gobierno frente a la cuestión seguridad y al tema vecino del desorden y la coacción de grupos organizados. Suma datos que surgen del comportamiento oficial: el gobierno ha alentado o concedido a esos procesos. Un número importante de jefes piqueteros (no, por cierto, los que lo critican, como Raúl Castells) se han transformado en funcionarios del Poder Ejecutivo, sin excluir de entre ellos a uno que acaudilló la toma de una comisaría. Fueron teóricos del oficialismo los que han desarrollado la idea de que los bloqueos de rutas son sagradas manifestaciones de la libertad de expresión; y aunque ese embeleco fue fraguado para zafar en el proceso iniciado por Uruguay ante tribunales del Mercosur, revela una concepción y es inevitablemente traducible en defensa de bloqueos a empresas, rutas o autopistas. Es menos evidente (o menos difundida), pero camina en el mismo sentido, la reticencia del oficialismo ante temas que hacen a la relación entre seguridad nacional y seguridad internacional. El gobierno parece decidido a divorciar la acción legal de las Fuerzas Armadas de lo que el mundo conoce como "nuevas amenazas" (el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico: fenómenos que a menudo están entrelazados), una conducta que tendería a alejar al sistema militar argentino de la cooperación con otros sobe estos sensibles asuntos y así, a aislar al país en la lucha mundial contra esos riesgos. En relación con el terrorismo, el gobierno sólo ha evidenciado una preocupación fuerte por el terrorismo de Estado de la década del 70, pero ha omitido mostrar igual tesón frente al terrorismo tout court, que, más allá del pasado, tiene evidentes manifestaciones actuales como las que tomaron mayor notoriedad esta semana. El gobierno no ha activado (o ha cajoneado, como se quiera) la ratificación de convenciones internacionales que lo definen como un crimen de lesa humanidad y así califican al terrorismo y a sus actividades conexas en delitos imprescriptibles. Juan Carlos Blumberg ha señalado agudamente que el gobierno no pone en el tema de la inseguridad (y en algunos cercanos, como el del terrorismo) el énfasis y la gimnasia que sí ha colocado en otros, como los superpoderes, el manejo de los decretos de necesidad y urgencia o el control sobre el Consejo de la Magistratura para conseguir rápido tratamiento y aprobación parlamentarios. Por cierto, aquello que el gobierno apresura es lo que define el centro de su agenda y lo que demora o posterga es lo que caracteriza su indiferencia o su oposición abierta. Blumberg ha destacado la falta de acción en materia de seguridad ciudadana. El delito de terrorismo todavía no ha sido definido como tal en la legislación argentina y por eso mismo los jueces lo siguen calificando como un acto legítimo, una expresión del derecho de resistencia a la opresión (así como los bloqueos son formas del derecho a la libre expresión). Puede conjeturarse que existe un amplio consenso social, quizás mayoritario, que no comparte los conceptos ni el manejo de la agenda sobre ese tema por parte del gobierno. El Presidente lo intuye y está preocupado, con la mira puesta en lasa elecciones de 2007. El 31 de agosto el termómetro registrará la termperatura social sobre estas cuestiones. El Presidente le teme a la fiebre. Y al termómetro. |
| Jorge Raventos , 14/08/2006 |
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