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| ARGENTINA: CAMBIO DE VIENTOS |
Texto de la exposición realizada por Pascual Albanese en la reunión mensual del centro de reflexión para la acción política Segundo Centenario, que tuvo lugar el martes 1º de agosto, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), CALLE Paraguay 1.239, primer piso. El próximo encuentro tendrá lugar el próximo martes 5 de septiembre, a las 19 horas, en ese mismo lugar |
| En términos analíticos, hablamos de un cambio de viento, en la Argentina y en el mundo. Pero, en términos específicamente políticos, el tema no reside solamente en percibir que el viento cambia, sino en aprovechar ese viraje. Hay dos frases que conviene aquí tener muy en cuenta. La primera pertenece a Arthur Schopenhauer: “Ningún viento le viene bien a quien no sabe adónde va”. La otra es aquélla que consigna que en la acción política “se trata de colocar la vela por donde sopla el viento, no de pretender que sople el viento donde uno pone la vela”.
La característica central de la actual situación política argentina es la existencia de un gobierno fuertemente centralizado, que implementa, de una manera coherente y decidida, una estrategia de concentración de poder, fundada en la confrontación permanente. Esta situación hacía que muchos factores de poder, tanto internos como internacionales, que se sentían hostilizados por las políticas oficiales, permanecieran también sumidos en la más absoluta pasividad, fuera por desaliento o incluso por temor, por no encontrar ninguna vía de canalización política que visualizaran con posibilidades de éxito. Esta caracterización, que ahora empieza a modificarse, abarca desde sectores de la propia administración norteamericana hasta distintos grupos empresarios, incluyendo a una parte de la jerarquía eclesiástica y de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y la mayoría de los medios de comunicación social. En ese contexto, comienza a percibirse un creciente consenso crítico, en una franja de la opinión pública, en el sentido de que el actual gobierno avanza sobre las garantías constitucionales. El avasallamiento de la autonomía del Congreso Nacional, la abierta intromisión política en el Poder Judicial, la modificación del Consejo de la Magistratura, la absoluta discrecionalidad otorgada al Poder Ejecutivo para la sanción de los decretos de necesidad de emergencia, el otorgamiento de los “superpoderes” para la reasignación de las partidas presupuestarias, los ataques a la libertad de prensa y las continuas presiones sobre los medios de comunicación social, la extorsión económica sistemática ejercida contra gobernadores e intendentes municipales, los actos de intimidación contra cualquier sector de la dirigencia política, empresaria o social que plantee posiciones críticas, la persecución ideológica practicada en muchos organismos del Estado, en particular en las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, el empleo ilegal del sistema de inteligencia oficial para realizar actividades de espionaje, como acaban de señalar el ex ministro Roberto Lavagna y Mauricio Macri, y de represalia contra las expresiones de disidencia política o sectorial y el uso abusivo de los programas sociales para financiar movimientos piqueteros convertidos en fuerzas de choque del oficialismo son habitualmente citados como algunos de los múltiples y reiteradamente denunciados ejemplos de un cuadro de degradación y vaciamiento institucional registrado en los últimos tres años, que atentan crecientemente contra la legitimidad del sistema político. No está demás señalar que, en realidad, este cuadro de paulatino debilitamiento del Estado de Derecho restaurado en la Argentina en diciembre de 1983 constituye la profundización de un proceso iniciado con el colapso institucional de diciembre de 2001, con su secuela de devaluación, pesificación asimétrica, ruptura generalizada de los contratos e inseguridad jurídica generalizada, que fueron los primeros antecedentes de una situación que ahora se extiende como una mancha de aceite a través de este abrupto deterioro institucional. El embajador de un importante país europeo, que antes de ser destinado en Buenos Aires estuvo en la representación diplomática de su país en Caracas, suele comentar: “me preocupa ver a la Argentina en una situación similar a la que se advertía en Venezuela hace dos o tres años, aunque con dos diferencias: la primera es el petróleo y la segunda es que en Venezuela hay un líder político inteligente, como es Chavez”. Es frecuente atribuir las causas de esta situación de desequilibrio y anormalidad que atraviesa la Argentina a la falta de un liderazgo unificador capaz de combatir eficazmente la estrategia del oficialismo. El inconveniente de esa explicación es su carácter tautológico. En realidad, esa situación es preexistente al gobierno de Néstor Kirchner. Más aún, puede decirse que dicho vacío es la principal razón que posibilitó su encumbramiento en el 2003. En términos políticos, la ausencia de un proyecto compartido, unificado en torno a un liderazgo aglutinante, no tendría entonces que tomarse como un problema, sino más bien como un dato, a partir del cual es necesario elaborar una estrategia apropiada. Existe empero un factor fundamental a tener en cuenta. La fortaleza del oficialismo reside única y exclusivamente en lo que podríamos caracterizar como la superficie político-institucional. Es allí donde, en gran parte debido al empleo de los recursos presupuestarios y en otra parte no desdeñable proporción en la intimidación directa sobre sus adversarios e incluso sobre sus propios aliados, logra vencer la resistencia de las opciones opositoras, surjan del PRO, del ARI o de los sectores disidentes del peronismo. En contraposición, el gobierno de Kirchner se ha manifestado particularmente débil frente a aquellas iniciativas de acción directa que desafían su poder. Tal el caso, entre otros, de los desafíos planteados por Juan Carlos Blumberg, por los padres de Cromagnon, por las recientes movilizaciones agropecuarias y por la acción de los vecinos de Gualeguaychú, que llegaron a fijar la agenda de la política exterior argentina, hasta el extremo de que el canciller Jorge Taiana se haya visto obligado a ir especialmente para rendir cuentas ante una asamblea local y comprometerse allí públicamente a defender una posición que, por lo menos a esta altura de los acontecimientos, resulta ya francamente inviable, como lo es la negativa total a la instalación de las plantas celulósicas en la localidad de Fray Bentos. Este gobierno sufrió la destitución de Aníbal Ibarra por no poder resistir a la presión de los familiares de las víctimas de Cromagnon, redujo el mínimo no imponible al impuesto a las ganancias luego de la movilización de trabajadores petroleros en las localidades santacruceña de Godoy Cruz, que costó la muerte de un suboficial de la policía provincial, empezó a sustituir las sanciones a los militares retirados y en actividad que participaban en las ceremonias de homenajes a los oficiales caídos en la década del 70 por el envío de representaciones oficiales a dichos actos, dio marcha atrás con la proyectada reforma al Código Penal impulsada desde el Ministerio de Justicia tras la oposición desatada por los grupos movilitos en reclamo del clima de inseguridad pública y muy probablemente se apreste a realizar ahora algunas concesiones a las demandas del sector agropecuario frente a la escala de medidas de protesta. En los términos escasamente académicos de Jorge Asis, el presidente Kirchner demuestra que es “un duro en el difícil arte de arrugar”. El desafío que se plantea en el plano estrictamente político, es que para que ese “arte de arrugar” tenga posibilidad de verificarse en los hechos es necesario tener quién se plante enfrente. De allí también el especial cuidado con que el oficialismo preserva sus relaciones con Hugo Moyano y su cuidadosa observación sobre cualquier sector que sospeche capaz de ganar la calle, desde Raúl Castells hasta los vecinos porteños y bonaerenses que se movilizan para quejarse por la ausencia de seguridad pública, pasando por supuesto, y muy especialmente, por María Cecilia Pando y por todos los recientemente conformados grupos de mujeres e hijos de militares, así como por los distintos núcleos de oficiales retirados y en actividad de las Fuerzas Armadas, agrupados ahora en la denominada Unión de Promociones, que llevan adelante actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo de izquierda en la Argentina de la década del 70. No se trata, como muchos creen, de un prejuicio ideológico ni de un simple rasgo de paranoia presidencial. No es un problema psicológico. Es el resultado de un diagnóstico político, básicamente correcto. Kirchner es uno de los dirigentes políticos argentinos que mejor ha interpretado la significación de las jornadas del 20 y 21 de diciembre de 2001, que provocaron la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. Con un natural instinto de conservación, Kirchner es perfectamente conciente de que su gobierno es hijo de ese proceso de desintegración del poder, simbolizado en el “cacerolazo”, en los saqueos y en el recordado “que se vayan todos!“, que implicaron la “andinización” de la política argentina, que unió allí su crónica fragilidad institucional con el cuadro de inestabilidad regional manifestado en los países del arco andino como Perú, Ecuador y Bolivia, donde los presidentes constitucionales suelen ser derrocados, ya no por golpes militares como sucedía hasta la década del 80, sino por movilizaciones callejeras. Esa misma “andinización” política fue la que provocó, luego, la caída de Adolfo Rodríguez Saa y, pocos meses más tarde, el abrupto adelantamiento de las elecciones presidenciales, promovido por Eduardo Duhalde ante la reacción desatada a raíz de la muerte de dos manifestantes en Puente Pueyrredón. En su visión de las cosas, el gobierno se siente en condiciones de doblegar a cualquier resistencia instalada en el terreno político-institucional, como ocurre en el Parlamento, pero es extremadamente frágil y vulnerable ante el empleo de los mecanismos de acción directa. La destitución de Aníbal Ibarra, derivada mucho más de la acción de los familiares de las víctimas de Cromagnon que de la voluntad de la oposición política, constituyó una clara expresión de esa fragilidad, puesta de manifiesto nada menos que en la principal ciudad de la Argentina. Con un elemento adicional: la acción directa ha dejado de ser en un instrumento de acción de ciertos sectores de izquierda vinculados políticamente con el oficialismo, como ocurrió en los primeros tiempos del gobierno de Kirchner, para convertirse en el mecanismo de expresión de virtualmente todos los actores sociales de la Argentina, que descreen cada vez más de las mediaciones institucionales como vías idóneas para resolver sus problemas… Una demostración cabal de esta situación es la inédita crisis institucional planteada en la Universidad de Buenos Aires, en la que la presión ejercida por la Federación Universitaria Buenos Aires (FUBA) ha impedido en innumerables oportunidades y mediante el uso de la fuerza la reunión de la Asamblea Universitaria que tiene que elegir al nuevo rector de esa alta de casa de estudios, mientras el gobierno nacional se niega a proveer el auxilio de la fuerza pública para garantizar ese ejercicio democrático. Es como si el conjunto de la sociedad argentina hubiera tomado nota las consecuencias que se derivan de la argumentación defensiva ensayada por el gobierno ante el Tribunal de Controversias del MERCOSUR, en el sentido de que la libertad de expresión, aunque cuando se ejerza por fuera del marco legal, constituye un derecho de una jerarquía jurídicamente superior a las demás garantías constitucionales. Demás está decir que un gobierno que sustenta un criterio semejante atenta contra su propia estabilidad y está serruchando el frágil andamio en que está edificada la legitimidad de su poder. En ese contexto, la única alternativa para articular una acción política eficaz es atenerse al axioma de que “la única verdad es la realidad”. Lo que corresponde ante esa constatación es convertir la necesidad en virtud. En otras palabras, es necesario aplicar el principio estratégico de que toda fortaleza encierra una debilidad y que toda debilidad encierra una fortaleza. Así como, en el campo de las ciencias políticas, se habla hoy del “Estado-red”, en contraposición con la antigua organización piramidal del Estado, habrá que plantearse la articulación de una acción política basada en la articulación de múltiples redes de acción. Puede afirmarse que, con las obvias salvedades del caso, se trata de una aplicación, en el campo político, de la noción de la “guerra asimétrica”. En los términos clásicos de Perón, se trata de ejercer a rajatabla el principio de economía de fuerzas en la confrontación con el adversario: “donde no está la fuerza, todo; donde está la fuerza, nada”. En la Argentina de hoy, esa construcción a través de redes tiene, a su vez, que plantearse en una doble dimensión: hacia adentro y hacia afuera del peronismo. Hacia adentro del peronismo, la cuestión es cómo construir una masa crítica dotada de poder suficiente como para plantearse como una alternativa diferenciada al oficialismo. Hacia afuera del peronismo, se trata de cómo plantearse una amplia política de alianzas orientada a modificar la actual correlación de fuerzas. En el plano interno del peronismo, esto implica generar un amplio espacio de coincidencias, capaz de atraer a los distintos sectores y dirigentes, tanto políticos como sindicales, que no comulgan con el proyecto oficialista pero que, por distintos motivos, no están dispuestos, al menos por ahora, a generar una situación de ruptura con el oficialismo. Ese reclamo dentro del peronismo está basado en tres coincidencias fundamentales. El primer punto es la plena reivindicación de la identidad histórica, doctrinaria y política del peronismo frente a la estrategia de la “transversalidad”, que no es solamente un planteo político sino también, y fundamentalmente, un planteo de tipo ideológico. El segundo es la reaparición en la agenda política de la cuestión de la justicia social, mediante la exigencia de un inmediato mejoramiento del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de los sectores más postergados de la sociedad. El tercer punto es la normalización del Partido Justicialista, a través de la realización de elecciones internas absolutamente limpias y transparentes, tal como lo plantearan Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá en el documento conjunto que ambos suscribieran en San Luis en enero del año pasado. En este sentido, no está demás resaltar la significación que adquiere la reciente intervención del Partido Justicialista de Misiones, que refleja el punto al que ha llegado el vaciamiento político del peronismo como estructura partidaria. Porque dicha intervención no fue resuelta por ninguna autoridad partidaria legal, ni mucho menos legítima, facultada para hacerlo, ni por el Consejo Nacional ni por el Congreso Nacional partidario, ya que el Partido Justicialista se encuentra intervenido judicialmente. Fue dictada por el interventor judicial del Consejo Nacional del Partido Justicialista, designado por la justicia. Y la razón alegada por el interventor designado por la justicia federal no es la existencia de caducidad de mandatos, irregularidades en la administración de los fondos ni ninguna otra infracción legal. Es que el Partido Justicialista misionero se negaba a apoyar la reelección del gobernador Jorge Rovira, quien en las últimas elecciones rompió con la estructura partidaria, liderada entonces por el ex gobernador Puerta, para encabezar la fórmula del Frente por la Victoria, que integró con un sector del radicalismo provincial. En definitiva, la intervención al Partido Justicialista de Misiones es una clara manifestación de cómo hasta la justicia electoral puede actuar como brazo ejecutor de las decisiones políticas del Poder Ejecutivo. Si se tiene en cuenta que el peronismo es la fuerza política mayoritaria, gobernante a nivel nacional y en la gran mayoría de las provincias y municipios, y que cuenta además con mayoría propia en el Congreso Nacional y en la mayoría de los cuerpos legislativos provinciales y municipales, puede afirmarse, sin riesgo de incurrir en exageración alguna, que esa intervención judicial, manipulada políticamente por el gobierno nacional, constituye en la práctica una completa desnaturalización del sistema democrático. Porque sin democracia interna en el peronismo, no puede hablarse de verdadera democracia en la Argentina. Mucho más cuando, al mismo tiempo, el gobierno propone la derogación lisa y llana de la ley de elecciones abiertas, obligatorias y simultáneas en los partidos políticos, aprobada con bombos y platillos en el 2002, como presunta primera expresión de una profunda reforma política y suspendida meses después para no ser aplicada en las elecciones presidenciales de 2003. Hacia adentro del peronismo, la prioridad absoluta es entonces la recuperación de la democracia interna, que le permita volver contar con el derecho a elegir una conducción legítima a nivel nacional. Hacia afuera del peronismo, es necesario forjar una muy amplia coincidencia cívica en torno a la defensa irrestricta de la institucionalidad democrática amenazada. En la actualidad, esa confluencia, insinuada parcialmente en la Cámara de Diputados, tiene necesariamente que abarcar, entre otros, desde Ricardo López Murphy hasta Elisa Carrió, incluyendo por supuesto a la Unión Cívica Radical (dividida hoy entre pro-kirchneristas y anti-kirchneristas), a Mauricio Macri y a Jorge Sobisch. Desde allí es necesario un mensaje centrado en la lucha contra la corrupción, la plena reivindicación del Estado de Derecho, la libertad de expresión, el ejercicio del diálogo y la búsqueda de la unidad nacional y la reconciliación de los argentinos. Demás está decir que, dentro de ese amplio espectro político, habrán de convivir fuerzas con las que el peronismo podrá eventualmente concertar acuerdos políticos de más largo plazo y otras con las que sólo habrá coincidencias centradas en el reclamo institucional, como el ARI y un sector del socialismo, empeñados en construir una opción de centro-izquierda “pura”, cuya consolidación como posible alternativa de gobierno demanda la previa desaparición política del “kirchnerismo”, que hoy ocupa ese espacio. Pero no hay que olvidar que, desde la reforma constitucional de 1994, para las elecciones presidenciales la Argentina tiene un sistema electoral de doble vuelta. Todo esto supone que la construcción, dentro del peronismo, de una fuerza independiente del “kirchnerismo” tiene que estar políticamente vinculada con la aparición pública de una corriente representativa del peronismo como actor central en un arco de fuerzas orientadas a construir, más que una oposición en el sentido clásico, una alternativa política superadora, es decir una nueva opción de poder para la Argentina. En una primera fase, es muy probable que esa expresión del peronismo, transformada en centro de una nueva alternativa de poder, no incluya necesariamente a la totalidad de los dirigentes y/o sectores que, de un modo más o menos silencioso, participan del espacio interno disidente dentro del Partido Justicialista. Muchos de ellos preferirán, por ahora, “no sacar los pies del plato”. Será responsabilidad política del núcleo de dirigentes que en definitiva conformen orgánicamente esa alternativa peronista enfrentada al oficialismo la tarea de encarar la indispensable articulación de fuerzas con los distintos sectores que integran el arco político opositor, en particular las corrientes lideradas por Macri, Sobisch y López Murphy, sin desdeñar la posibilidad de confluencia con ninguna otra fuerza Quienes, en especial a partir de la aparición de la posible candidatura presidencial de Lavagna, hablan de un “kirchnerismo sin Kirchner” no saben de bien qué se trata. Los fenómenos políticos son irrepetibles. El “kirchnerismo”, como fuerza propia en un sentido estricto, es la expresión de una fracción ideológica minoritaria del peronismo, heredera de una cierta tradición ideológica de la década del 70. Pero, entendido como realidad política, el “kirchenerismo” no fue otra cosa que el recurso exitoso inventado por Duhalde para frenar a Menem. Hoy, los promotores políticos y económicos, tanto nacionales como internacionales, de aquel invento, están profundamente arrepentidos de haber creado un Frankestein, con el que no saben bien qué hacer. En el caso de la Argentina, un liderazgo justicialista que enfrente al “kirchnerismo”, que encarne un mensaje social y que reivindique enérgicamente la identidad doctrinaria y política del peronismo, estará en inmejorables condiciones para disputar una parte significativa del electorado peronista y de cosechar también, en la primera o en la segunda vuelta, el respaldo de todos los sectores independientes, necesario para convertirse en una opción mayoritaria en el 2007. En lo inmediato, este curso de acción demanda, ante todo, la constitución de una fuerza política organizada, que asuma como propia esta iniciativa. En una primera etapa, esta tarea tiene que poner énfasis en lo cualitativo más que en lo cuantitativo y en lo estrictamente político más que en lo específicamente territorial. Desde allí, podrá asumirse la coordinación de una extensa red de cuadros políticos a nivel nacional, capaz de funcionar como una “fuerza de intervención rápida” en la hipótesis, para nada descartable, de una brusca aceleración de los acontecimientos. Pero esta acción organizativa no puede desentenderse, ni por un momento, de una activa conexión con las múltiples expresiones de disconformidad que surgen de las entrañas de la sociedad argentina. Una alternativa de poder sólo puede construirse a partir de una presencia activa en todas y cada una de esas expresiones. En términos de Mao Ts Tung, tiene que ser capaz de moverse como “pez en el agua”. Esto implica estar presentes en las distintas movilizaciones convocadas por las organizaciones agropecuarias, que reflejan el hartazgo de un sector de la sociedad que, muy lejos de encarnar a lo que desde el gobierno se intentó caracterizar vanamente como “oligarquía ganadera”, refleja - a la vez - un elemento constitutivo de nuestra identidad histórico-cultural, con una vasta irradiación social en el interior del país, en el corazón de la Argentina profunda, y representa al mismo tiempo el segmento de más elevada productividad, y en consecuencia más internacionalmente competitivo de la economía nacional, razón por la cual constituye un pilar fundamental para un proyecto de reindustrialización internacionalmente competitiva de la Argentina. El hecho de que la Exposición Rural de Palermo tenga este año cerca de un millón de visitantes, y sea comparable en público a la Feria del Libro, que es tradicionalmente el evento más importante que tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires, no es una curiosidad estadística. En las actuales circunstancias, tiene una importancia política que no hay que subestimar. La irrupción pública de la diputada santafecina María del Carmen Alarcón y del denominado Grupo Pampa Sur constituye, en ese sentido, un ejemplo digno de tenerse en cuenta. Esta acción demanda también tener una fuerte presencia en las cada vez más frecuentes y numerosas manifestaciones de protesta por la inseguridad pública en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, como sucedió con el fenómeno encarnado por los padres de Cromagnon o de Juan Carlos Blumberg y a través de un grupo de vecinos de Vicente López llegó días pasados a las mismas puertas de la residencia residencial de Olivos También exige, por supuesto, participar en las distintas iniciativas impulsadas por la Iglesia Católica, y por las demás confesiones religiosas, en la defensa del derecho a la vida, en la discusión planteada sobre la reforma a la Ley de Educación y, en general, en la afirmación de los valores culturales y religiosos de nuestro pueblo, a menudo agredidos desde el oficialismo con una campaña de hostigamiento que responde a ese seudo-progresismo que intenta mostrar como un signo de avance cultural cada nuevo síntoma de la crisis de valores de nuestra época. En cualquier circunstancia, la prioridad estratégica es la respuesta a la estrategia de confrontación impulsada por el “kirchnerismo”. Esa prioridad tiene un carácter exclusivo y excluyente. Implica entonces la necesidad de centrar la acción únicamente en la derrota del adversario, sin distraerse en ninguna otra disputa secundaria. Por lo tanto, no queda espacio para la existencia simultánea de otros oponentes ni para la persecución de objetivos superpuestos. La victoria política es el dominio de la voluntad del adversario. Muy probablemente, el éxito alcanzado en estos días por el reciente libro de Jorge Asis, titulado “La marroquinería política”, surja, precisamente, más que se sus valores intrínsecamente literarios, del hecho de haber puesto de manifiesto aquello de que “el rey está desnudo”. En esos síntomas, que habitualmente adelantan modificaciones en la tendencia de la opinión pública, es donde suelen advertirse en forma adelantada esos cambios de vientos que en términos políticos determinan dónde corresponde colocar la vela… |
| Pascual Albanese , 06/08/2006 |
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