Los argentinos somos Derechos y Ambientalistas.

 


El fallo de la Corte de La Haya, contrario a la pretensión argentina, clausuró una etapa del conflicto con Uruguay por el tema de las plantas papeleras. Transcribimos completo el trabajo que, días antes, Andrés Cisneros publicó en el Nº 8 (marzo/junio de 2006) de la revista especializada “Agenda Internacional,” resumiendo el desarrollo de la cuestión hasta ese momento.
“En ningún momento nos dejamos vencer,
porque el corazón nos decía
que entre argentinos y uruguayos
no podía interponerse una valla insalvable.
En todo instante, la sensatez y la inteligencia
de nuestros mutuos negociadores
privó sobre los naturales escollos de una negociación
en la que se dirimían derechos esenciales
a los intereses de ambas naciones”.

Juan D. Perón,

entonces Presidente de la Nación,
en oportunidad de firmarse el
Tratado del Río Uruguay,
el 19 de diciembre de1973, en Montevideo,
en la Casa de Gobierno de la
República Oriental del Uruguay,

Atento la extraordinaria fluidez de los acontecimientos que rodean al conflicto con Uruguay por las plantas pasteras, conviene consignar que este trabajo cerró su edición el 20 de mayo de 2006. Numerosos hechos sobrevivientes alterarán el cuadro general del problema, aunque otros aspectos del mismo parecen destinados a permanecer.

Todavía es muy temprano para anticipar conclusiones definitivas sobre el asunto, pero la sucesión de hechos y conductas permite ir desbrozando algunas observaciones preliminares sobre la manera en que el accionar de las partes –y especialmente del gobierno argentino- permite detectar la vigencia de rasgos propios de la rancia política exterior tradicional argentina o de novedades introducidas por la actual administración.

Cuando se trata de opinar sobre una controversia que envuelve al propio Estado y uno se dispone a analizar la conducta de quien nos representa, el gobierno nacional, corresponde comenzar poniendo en claro la propia posición al respecto.

Personalmente entiendo que Argentina tiene mucha razón en este conflicto. Que sucesivos gobiernos uruguayos han procedido al menos retaceando información significativa y colocándonos permanentemente ante hechos consumados. Pero que varios errores procesales y conceptuales de nuestras autoridades pueden terminar perjudicando a la solidez de fondo de nuestra posición. Y que la inicial movilización de voluntades tiende hoy a utilizarse groseramente en la arena política interna, defraudando legítimos intereses de la sociedad como conjunto.

La intención uruguaya de instalar industrias de pasta de celulosa en su ribera del río Uruguay no podía sernos desconocida. La adquisición de ingentes cantidades de tierras y la masiva plantación de árboles con sonora oposición de ambientalistas orientales comenzaron mucho antes, abarcando más de veinte años a lo largo de cinco presidencias constitucionales consecutivas, contando desde la primera de Julio María Sanguinetti hasta el día de hoy.

Pero el gobierno argentino reaccionó recién cuando la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decidió tomar el puente y la construcción de la planta de Botnia ya registraba un treinta por ciento de avance.

Cuentos chinos y realidades finlandesas.

Cualquier argentino puede recordar la conmoción que nos causó aquél anuncio de los veinte mil millones de dólares de inversiones chinas de presunta radicación inminente. Era justificada: se habría tratado, nada menos, que de un 12% de nuestro producto bruto interno anual. Una suma definitivamente asombrosa.

Para la misma época, el Uruguay, un Estado mucho más serio que el nuestro, cerraba formalmente con dos empresas extranjeras, sendas radicaciones pasteras que, sumadas, equivalen a similar porcentaje, el 11%, de su propio PBI.

Solo que en el caso de ellos se trata de una inversión en firme y, en el nuestro, del mero impacto mediático de algo que nunca se concretó.

Debió ser una movida de enorme importancia para aquel gobierno y los que lo seguirían: el Uruguay se caracteriza por un funcionamiento institucional de una excelencia muy distante de la nuestra y su clase política funciona como gente adulta, concertando políticas que se mantienen en el tiempo, aunque cambien los gobiernos.

Ya al principio del conflicto lo advirtió Alberto Volonté Berro, alto dirigente del partido blanco y hasta hace poco embajador uruguayo en nuestro país: “El presidente Tabaré Vázquez ha hecho las cosas muy bien. Las fábricas de celulosa, la española y la finlandesa, son la consecuencia de una política de Estado que comienza en 1987 durante la presidencia de Julio María Sanguinetti.”

Eso puede verificarse con toda claridad en la conducta seguida por Tabaré Vázquez: votó con su bancada en contra de esos proyectos en el Congreso, pero una vez adoptada una decisión colectiva y firmados los respectivos contratos, al llegar a la presidencia mantuvo una resolución a la que se había opuesto pero que era superior a la suya propia, porque era institucional.

Cuando, desde Argentina, se lo mira como un traidor ideológico, vendido al capitalismo multinacional imperialista, se desconoce la existencia de sociedades normales en las que los nuevos gobiernos no tienden a anular los contratos firmados por los anteriores y repudiar lo que aquellos hicieron, como propio de infames traidores a la patria. Y no estamos hablando de países lejanos, casi utópicos, de culturas milenarias, sino de la República Oriental del Uruguay, sempiternamente nombrada en todos los discursos nacionales como la sociedad supuestamente más semejante a la Argentina en todo el planeta.

Para el mundo, un Estado es lo que hace. Desde esa perspectiva, este asombroso grado de enfrentamiento con el Uruguay nos exhibe con la descarnada precisión de una radiografía de nuestras peores pesadillas.

La larga y perjudicial ocupación ilegal del puente internacional exhibe como responsables directos a los desesperados habitantes de Gualeguaychú, pero reconoce su origen remoto y principal en la inoperancia oficial desde 2002 hasta el fuenteovejuna entrerriano.

El viaje a EE.UU. del diputado oficialista Jorge Argüello, sedicentemente a “embarrar la cancha” a los uruguayos antes los organismos que financian a las pasteras, sumada a la gestión ante el Reino de España para que Madrid demore la autorización del seguro estatal de riesgo a la empresa Ence, contrastan con la línea argumental argentina de que se trata de un conflicto estrictamente bilateral, en virtud de lo cual rechazamos, entre otras cosas, los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas, organismo ante el cual, sin embargo, desde hace casi medio siglo, puntualmente, todos los años, acudimos precisamente para reclamar que Gran Bretaña acepte sentarse a discutir nuestras diferencias por Malvinas, en base a la negociación y el derecho.

Y el Banco Mundial, por otra parte, pertenece a la estructura amplia del sistema de Naciones Unidas.

No existe, en toda la literatura especializada, ningún experto que haya siquiera imaginado la hipótesis teórica de que nos enemistáramos, al mismo tiempo, con Uruguay y Finlandia. Se trata de una primicia absoluta ([1]).

Y si la Historia se da primero como drama y luego como farsa, no puede imaginarse nada más triste, y luego risible, que pelearnos primero con nuestros hermanos rioplatenses y, luego, con los sorprendidos fineses, hasta ese momento equivocadamente convencidos de que el mundo los consideraba como un ejemplo de conducta medioambiental, el más destacado del planeta, hasta que nosotros aparecimos para desenmascararlos.

Malvinizar las diferencias.

No habiendo en el mundo una relación de identidades comparable a la de argentinos y uruguayos, la malvinización de este conflicto, con la dimensión que le otorga el envolvernos en la bandera para enfrentar una disputa exclusivamente ambiental con quienes siempre hemos considerado como hermanos, configura una verdadera cruzada contra nosotros mismos, un conflicto esencialmente intestino, involucrando a los desprevenidos uruguayos en la inmisericorde confirmación de que, para determinadas formas de entender la política, para un argentino no hay nada peor que otro argentino.

No en vano fue aquí que se acuñó la expresión de “máquina de impedir” como un sistema que, en nombre de ideas progresistas, consolida permanentemente las causas estructurales de nuestro retraso.

El estadista coloca su mira más allá de la coyuntura, mientras el mero operador político corre siempre detrás de los acontecimientos, a la caza de más votos, mejores encuestas o la tapa de los diarios del día siguiente.

Mientras la democracia consiste en el gobierno de la mayoría pero con respeto por las minorías, el populismo bonapartista produce mayorías excluyentes que desprecian el consenso. La dictadura de la mayoría –más estrictamente, de la primera minoría- supone la negación de la democracia republicana.

Hace pocas semanas, varios medios de prensa atribuyeron a un encumbrado dirigente oficialista la frase “quien está contra el gobierno está contra el pueblo” sin que el interesado, un reconocido demócrata, no considerara necesario desmentirla, y sin que a nadie le haya producido el más mínimo escozor.

Cuando ya no se distingue al gobierno del Estado, resulta sencillo identificar al Ejecutivo con el pueblo y, al considerarse no ya parte de él sino su mismísima representación exclusiva, se termina creyendo que la fracción gobernante se confunde con la Nación.

Algo está cambiando para mal en nuestra región. Mientras Latinobarómetro nos informa que ya son más los latinoamericanos que aceptarían perder la democracia a cambio de progreso económico, campea en Argentina un aire de intemperancia desde el poder, que termina permeando hacia nuestras actitudes de política exterior.

Somos el mismo país que montó un circo lamentable en Mar del Plata para anunciar con bombos y platillos que la Venezuela de Chávez ingresaba formalmente al Mercosur, tribuna que el invitado de honor utilizó, entre otras cosas, para omitir la aceptación de la cláusula democrática incorporada en 1998([2]), hasta ese momento obligatoria para todos los miembros y desde entonces deshonrada con nuestra expresa participación. Y, otra vez, sin que a nadie parezca importarle un bledo.

La devaluación de los estamentos institucionales, la ausencia de una convocatoria real a la oposición ante el conflicto, el bonapartismo galopante, contrastan dolorosamente con la disciplina institucional en todo momento exhibida por el Uruguay como sociedad política, incluso en aquellos pasajes del conflicto en los que resultaba más evidente la debilidad jurídica de sus posiciones. Un caso típico de quien defiende bien una causa débil contra quien defiende mal a una causa que luce más sólida.

La casi instantánea conversión de la marcha de 5 de mayo en Gualeguaychú, pasando en cuestión de horas de una conmovedora convocatoria nacional ecologista a la de abierta promoción de candidaturas electorales para el año que viene, en que la presencia del gobernador mendocino radical Julio Cobos se promocionó mucho menos como una convergencia de la oposición con la flamante cruzada ambientalista que con sus posibilidades de resultar catapultado a la futura vicepresidencia, exhibió la naturaleza del repetido accionar de esta administración, que posterga reiteradamente a nuestras relaciones exteriores en beneficio de réditos electorales de la fracción política que gobierna.

El sospechoso fervor ambientalista de prácticamente toda nuestra clase política desempolvó apresuradamente viejos proyectos legislativos que dormían desde hace más de un lustro en los archivos del Congreso y permitió a los atónitos televidentes observar el despertar de una clamorosa vocación ecológica hasta ahora francamente desconocida.

El desfile en el palco de Gualeguaychú de varios gobernadores e intendentes completamente responsables de un sistema medioambiental profundamente degradado en prácticamente todas las jurisdicciones del país, transidos por la súbita emergencia de una conciencia ecológica que envidiaría la Madre Teresa, debió impresionar a mucha gente inadvertida de las derivaciones partidarias que ese encuentro desenvolvería.

La convocatoria del 5 de mayo se promocionó como una manera de defender el medioambiente amenazado en Gualeguaychú y, de paso, solicitarle a sus activistas que levantaran la toma del puente “para no perjudicar el reclamo argentino a punto de presentarse en La Haya.”

A la luz de los acontecimientos, corresponde preguntarse si la convocatoria era para apoyar a La Haya o La Haya funcionó como justificación para un encuentro nacional que terminó en plataforma de lanzamiento de precandidaturas electorales. La prensa otorgó más espacio a este último aspecto que a la tocante defensa del medioambiente.

La avalancha de gobernadores e intendentes que acudieron en tropel a Gualeguaychú, se exhibieron abiertamente mucho más interesados en encolumnarse políticamente con el doctor Kirchner que en acreditar pergaminos verificables en este inédito fervor ecologista que ninguno venía respetando en sus propias jurisdicciones y que, al cierre de esta edición, ya distante el 5 de mayo, no consta que se haya manifestado en una oleada de leyes, decretos o al menos ordenanzas que se propongan mejorar, en la práctica, el calamitoso mapa ambiental de la Argentina.

Los Argentinos Somos Derechos y Ambientalistas.

Lo cierto es que, a partir de ahora, el medioambiente parece destinado a convertirse en un caballito de batalla electoral sumamente oportuno para un momento en que nos encontramos discutiendo por ese tema con otro país.

Ojalá se conserve ese impulso cuando este conflicto termine y nuestros gobernantes deban responder ante la opinión pública por los fervores hoy fáciles de dirigirse a gobiernos extranjeros, pero que luego pueden volverse como un bumerán hacia las propias administraciones de quienes hoy los fogonean. Digámoslo: ¿Alguien se acuerda hoy, por ejemplo, de la cruzada contra los desarmaderos de autos?

Botnia y Ence probablemente aseguraron a los dos gobiernos uruguayos intervinientes que su tecnología era la mejor del mundo y, ciertamente, muy superior a las de las plantas pasteras argentinas, varias de las cuales todavía utilizan al cloro como blanqueador contaminante. Y la verdad es que la reticencia oficial uruguaya a compartir esa información técnica con Argentina en el seno de la CARU ( [3] ) abona la sospecha generalizada de que temían embarcarse en un verdadero tiovivo de consultas y reconsultas sin fin, que paralizarían los proyectos hasta las calendas griegas.

La Unión Europea exige la aplicación, dentro de sus fronteras, de las tecnologías calificadas como BAT ( [4] ) que, en estos momentos, incluyen a las que Botnia y Ence se propondrían aplicar en Uruguay. Las anteriores, las que se conocen como de “cloro elemental gaseoso” ya se encuentran prohibidas de instalar en la UE y, a partir de octubre de 2007, también se desautorizará a las que, ya en funcionamiento desde hace años, no eliminen el uso del cloro elemental.

Justo para la puesta en marcha de la planta de Botnia: último cuatrimestre del año que viene. Argentina debería, a su vez, reclamar que las plantas fueran acomodándose a la misma obligación de la UE para adoptar obligatoriamente nuevas tecnologías a través del tiempo. E incorporar ese criterio a un acuerdo regional para futuras plantas y la adecuación periódica de las actuales, comenzando por las nuestras.

Por otra parte, no basta con que la tecnología a aplicar contamine menos que otras. Se necesita, además, determinar el impacto al medio ambiente. Las plantas menos contaminantes imaginables pueden hacer mucho daño si vuelcan sus residuos sobre cursos de agua insuficientemente caudalosos o ya altamente saturados como para resistir el nuevo aporte, por pequeño que fuere.

Las plantas argentinas, efectivamente, contaminan mucho más de lo que prometen Ence y Botnia, pero lo hacen en aguas que están en mejores condiciones de soportarlo que el más modesto río Uruguay, siete veces menos caudaloso que, por ejemplo, el Paraná. Y, eventualmente, se trata de un problema entre argentinos.

Distinto es el caso de Fray Bentos, en que todos los beneficios económicos y laborales van a quedar en un país y el daño ecológico, sanitario, económico y turístico recaerá fundamentalmente sobre otro país, que no recibe ningún beneficio. Usted puede tener el interior de su vivienda en pésimas condiciones de higiene, pero eso no le da derecho a nadie para volcarle basura en la puerta de su casa.

Evidentemente, la desidia argentina en el tema ambiental debe corregirse si queremos sermonear a nuestros vecinos en el futuro, pero la existencia misma de estas falencias generalizadas es lo que debiera llevarnos a un compromiso colectivo. No se trata de que Uruguay no pueda desarrollarse e instalar pasteras. Se trata de que abordemos el tópico no para pelearnos, no para ganar un juicio, sino para actuar coordinadamente, única forma de obtener, al mismo tiempo, ambos objetivos: desarrollo con medioambiente.

Un antecedente al que no se recurre.

La errática conducta de las partes no puede atribuirse a la inexperiencia: en la década de los 70, tan significante hoy en día, atravesamos un conflicto sumamente parecido, que no terminó de solucionarse sino más de una década y media después.

En efecto, en aquella época, Brasil, acompañado por Paraguay, anunció que construiría Itaipú, por aquél entonces la represa hidroeléctrica más grande del mundo, solo comparable a la de Asuán en Egipto. Ella sola iba a producir más energía eléctrica que toda la Argentina en su conjunto. Reaccionamos exactamente igual que ahora con las pasteras uruguayas: nos enemistamos durante años con Brasilia, cortamos puentes y rutas de acceso, impedimos el comercio de terceros países con Brasil, etc.

Uno de los adalides de esa cruzada, el almirante Isaac Francisco Rojas, sostenía que las consecuencias medioambientales para Argentina iban a abarcar hasta los arrabales de Rosario, con daños catastróficos.

Clausuradas las conversaciones, decidimos ir en queja jurídica, esa vez a la ONU, donde reclamamos en base a nuestro sólido derecho de estado ribereño de aguas abajo, al que debió haberse pedido conformidad. Para cuando las Naciones Unidas se expidió, dándonos la razón, Itaipú era ya un hecho irreversible, funciona desde entonces y no ha causado daño ecológico importante ni a la cuenca, ni a sus vecinos, ni a Rosario ni a nadie.

Campeones morales otra vez.

Habíamos recurrido, como ahora, a un viejo tic propio de las políticas exteriores impotentes y muy del gusto y la práctica de la política exterior tradicional argentina, que tantas veces ha consistido en el escapismo por lo jurídico ([5] )

Así, frente a los problemas, preocuparnos menos por buscar salidas negociadas que por tener razón. Y terminamos con un largo rosario de conflictos en que nos quedamos con la razón, pero otros se quedan con nuestras islas, nuestras tierras o perjudican nuestro medio ambiente.

La resonancia del acto del 5 de mayo, las especulaciones sobre candidaturas y el anecdotario de dichos y contradichos de funcionarios de uno y otro lado apenas encubrieron la habilidad del presidente argentino para dar por concluida, en sordina, la primera etapa, deficitaria, de este absurdo enfrentamiento con Uruguay.

Desde el principio de la protesta, con el abierto fogoneo del mismo gobernador entrerriano -que ya en 1988 había iniciado negociaciones para instalar plantas de este lado del río- ([6] ) el objetivo había sido abortar la construcción misma de las pasteras, suprimirlas o relocalizarlas.

Pero cuando Busti, ya desbordado, recibe la orden presidencial de levantar el bloqueo del puente y fracasa en ese cometido, el propio doctor Kirchner toma personalmente riendas en el asunto. Y termina convocando al acto en el cual, durante su discurso, en ningún momento reivindica la vieja línea original y se manifiesta, correctamente, contra la contaminación, pero no contra las pasteras, dando por concluida aquella primera etapa e inaugurando una más sensata, de objetivos más alcanzables, luego de que nuestra propia turpitud permitió a dos gobiernos uruguayos consecutivos avanzar con el proyecto ante nuestro inexplicable silencio.

Algo así, aunque más desapercibido, había ocurrido año y medio atrás, con aquel mismo Canciller, cuando guardamos silencio ante el proyecto de una flamante Constitución Europea, ya aprobada por varios países, que apareció reivindicando para sí, con todas las letras, la soberanía de nuestras Malvinas, que Argentina siempre luchó para mantener como un conflicto bilateral con Gran Bretaña y que cuenta ahora, gracias a ello, con el respaldo jurídico, ya no solo político, de todo el continente europeo. No reaccionar una vez, puede ser un error, dos veces, tiene otros nombres.

El doctor Kirchner conserva hasta el día de hoy esa ventaja inicial en la actitud personal sobre su colega oriental: sigue invitándolo a dialogar y el otro elude el compromiso.

Desgraciadamente los escuderos intervinientes tendieron a emparejar hacia abajo. Julio María Sanguinetti, un político excepcionalmente sagaz, comprendió la jugada del argentino y sacó del apuro a su Presidente: “no se puede negociar con una pistola en la cabeza.” Con esto aliviaba la reticencia de Vázquez y devolvía la pelota al campo argentino: antes de hablar, lo que hay que hacer es levantar el bloqueo del puente. Comparar la suspensión de las obras con el levantamiento de un acto ilegal como la ocupación de los puentes, resultaba totalmente inaceptable.

Ese era, en efecto, un punto débil del Presidente argentino, notoriamente renuente a enfrentar con gentes que tomen la calle, aunque con ello estén violando las leyes y las normas básicas de la convivencia civilizada. Si Tabaré hubiera aceptado el diálogo, el doctor Kirchner habría podido obtener fácilmente que la Asamblea de Gualeguaychú liberase el tránsito.

La intervención del ministro Aníbal Fernández, respaldada el mismo día por su homónimo de la Jefatura de Gabinete ( [7] ) terminó por eclipsar la ventaja inicial. Al afirmar que el doctor Vázquez no parecía capaz de ejercer su autoridad ante las empresas pasteras, terminaron descalificando al primer mandatario de otro país, de un país justificadamente orgulloso como el de la Banda Oriental. De nuevo, la transferencia desafortunada de una forma de hacer política interna, inaceptable en las relaciones internacionales: el Uruguay no es Coto, y Vázquez no es Sergio Acevedo.

Jorge Battle, otra cintura futbolística en la política rioplatense, salió al cruce de inmediato: “nosotros ya dejamos de ser una provincia argentina.” De hecho, los uruguayos podrían haber respondido que tampoco nuestros gobernantes exhibían mucha autoridad al no poder impedir la ocupación abiertamente ilegal del puente de Gualeguaychú. Ilegalidad tanto más evidente cuando el propio Presidente los recibió oficialmente en la Casa Rosada, sin que la prensa consignara que en algún momento les haya reclamado que cesasen sus acciones violatorias de la ley.

Y no se trataba de violaciones aisladas, ajenas al poder: mientras adheríamos entusiastamente al proyecto del bati-gasoducto bolivariano como una herramienta de unión entre nuestros pueblos, el Presidente de Uruguay solicitó formalmente que la traza que abastecería a su país no pasara previamente por el nuestro ¿La razón? La dio públicamente el ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra: “Nos consta que más de una vez el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti ha solicitado a la Secretaría de Energía argentina el corte del gas a Uruguay”, dijo, y nadie lo desmintió.

La diplomacia funciona como la cocina de la política internacional: antes de que se anuncien acuerdos y concertaciones han pasado meses, sino años, de laboriosas consultas y negociaciones necesariamente prudentes y reservadas donde se hace el trabajo pesado de disentir y acordar una y mil veces hasta encontrar, si se puede, las coincidencias mutuamente beneficiosas.

Cuando se renuncia a la serenidad y la reserva y todo se debate a través de la prensa, en una danza infernal de comunicados, discursos, declaraciones, encuestas, desplantes y trascendidos, lo que se evidencia no es la voluntad de resolver el problema, sino la de usarlo en beneficio de la coyuntura política interna. La renuncia a la diplomacia supone, en términos estrictos, la resignación de un país a ya no tener una política exterior ( [8] ).

La división discriminante entre tirios y troyanos se expresa incluso en la anécdota: el propio Presidente participó en forma personal en un sketch de Tinelli donde se parodiaba cruelmente a Fernando de la Rua, pero Show Match terminó levantando scherzos similares en los que a quien se imitaba era precisamente al doctor Kirchner y aláteres. No son datos menores para un país que eligió tinellizar su política exterior a través de la frivolidad de Evangelina Carrozo, en estos momentos previsiblemente acosada por ofertas para sumar sus notorios talentos a las pasarelas del teatro de revistas. Ojalá no acepte.

Fuimos a Viena para dar una imagen de Mercosur unido pero los presidentes de Uruguay y Argentina jugaban a las escondidas para no tener siquiera que cruzar un saludo. Y el mandatario argentino eligió descargar una filípica ambientalista al conjunto de los sorprendidos primeros mandatarios de los estados europeos, los más civilizados del mundo, mientras las cadenas de televisión del planeta entero exhibían nuestros pingüinos empetrolados.

El Riachuelo somos nosotros.

Dentro de todo, una suerte: peor hubiera sido que se adentraran siquiera en Internet, donde podrían anoticiarse que en al menos nueve provincias argentinas –y de las más pobladas- vivimos cerca del límite de tolerancia humana a la contaminación: la de Buenos Aires, con el Polo Petroquímico y su porcentaje de responsabilidad en la cuenca del Riachuelo, por solo citar los casos más evidentes; Santa Fe con su propia papelera de Capitán Bermúdez; la Capital Federal, con más de sesenta empresas activamente contaminantes, solo sobre el Riachuelo; Misiones, con tres papeleras altamente contaminantes; San Juan, con la polución proveniente de la explotación minera a cielo abierto; Córdoba, donde el río Suquía progresa rápidamente para competir con el Riachuelo porteño; Formosa, con las emanaciones de su industria del tanino.

Y la técnicamente peor, por su accionar contaminante, la planta de celulosa de Iby en Entre Ríos, la provincia del propio gobernador Busti y de la misma Asamblea que corta los puentes internacionales en nombre de la ecología. Y esto solo para nombrar focos puntuales, destacados, que desgraciadamente no constituyen excepciones sino confirmaciones a una conducta generalizadamente desaprensiva de nuestra cultura ambientalista como sociedad, no solo achacable a quien gobierne.

Apenas semanas atrás, Emilio Cárdenas ( [9] ) acaba de informar que, en un estudio reciente, el Proyecto Freplata concluyó que existen “altos niveles de contaminación” en varios puntos de la franja costera de los dos países, pero que los más graves (lo que no debiera ser demasiado sorpresivo para nadie) son los que claramente afectan a la margen argentina”.

Mientras tanto, siguiendo los datos de Barrios Arrechea ( [10] ): “Brasil ya cuenta con 5 millones de hectáreas cultivadas, que representan 20 mil millones de dólares en la conformación del PBI (nosotros apenas 1.500 millones). Las industrias brasileños brindan 6 millones de puestos directos e indirectos de trabajo (nosotros 600 mil), exportan por 6.950 millones de dólares (nosotros 600 millones), de los cuales el 50 por ciento proviene del sector de celulosa y papel, a través de la operación de 241 fábricas, mientras en la Argentina suma solo diez”.

”Chile en tanto, en su territorio árido y angosto, ya tiene implantadas 2.100.000 de hectáreas de bosques artificiales, cuya producción equivale a 3.500 millones de dólares de PBI. En la nación trasandina hay 117 mil empleos directos en sus industrias forestales, que exportan por 2.200 millones de dólares al año”.

”Veamos el caso del Uruguay, con 800 mil hectáreas implantadas, de las que obtiene 225 millones de dólares dentro de su PBI. Ya exporta por 100 millones de dólares ( balanza positiva), producidas por dos plantas celulósicas papeleras a las que se sumarán Botnia, Ense y el anuncio de radicarse en el país oriental de la poderosa sueca Stora Enso, que significarían sumar a los 1.600 millones de dólares de inversión ya concretados, otros mil millones”.

Mientras Finlandia encabeza el ranking mundial de combate exitoso a la contaminación y Uruguay está tercero, nosotros pedaleamos en una posición claramente más modesta. La cuenca del Riachuelo es controlada por al menos tres jurisdicciones: provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el Estado Nacional. Entre las tres, suman la friolera de treinta y tres organismos específicamente destinados al control de la contaminación de esa cuenca. Treinta y tres presupuestos, treinta y tres burocracias, con sus respectivos móviles, teléfonos y todo lo demás: el Riachuelo, en realidad, somos nosotros, una muestra en pequeño de toda la Argentina como funcionamiento institucional.

No parece casual que, mientras viajamos a Viena para sermonear a media humanidad por su supuesta desidia ambiental, el nombre de Atilio Savino, titular de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, resulte vastamente desconocido aún para la gente habitualmente bien informada. Y que, como se trata de un experto en el tema, era previsible que se lo remueva y ya se esté ofreciendo su cargo a un político con más llegada mediática, probablemente el doctor Héctor Polino.

Asombrosamente, llegó a especularse que, de mantenerse y agravar el corte de rutas y las acciones directas, la consiguiente inseguridad jurídica asustaría a los inversores, abortando así la continuidad de las plantas. La región, agradecida.

Una cita culterana nos llevaría a vincular tamaña realpolitik con Hans Morgenthau, Kenneth Waltz o Henry Kissinger, pero esta visión liga más con el Viejo Vizcacha y la teoría del salivazo. Parecemos más bien abrevando en Narciso Ibáñez Menta.

Otras delegaciones, como las encabezadas por Lula, Bachelet y la del propio Uruguay, dedicaron mejor su tiempo en Europa a buscar capitales y profundizar las garantías jurídicas ante los países inversores. Para junio o julio, terminado el mundial, cuando las pantallas de nuestros televisores pasen a llenarse de las imágenes de las audiencias de la medida precautoria en La Haya, en Santiago, Brasilia y Montevideo muy probablemente estén cerrando acuerdos de nuevas inversiones obtenidas en aquella reunión. No importa: dentro de cuatro años viene otra Cumbre.

Uruguayos y argentinos compartimos un destino ambiental amenazado por contaminaciones de terceros: a las propias plantas de cada uno habrá que sumar las que ya planean, con todo derecho, Paraguay y Brasil ([11] ) y nuestra condición de últimos países ubicados aguas abajo puede tornarnos en receptores de un grado de polución enormemente mayor que el que podrían generar estas plantas uruguayas de la presente discordia. Urge un acuerdo regional que regule la actividad.

Montevideo sería el más interesado en implementarlo, no solo por su condición de aguas abajo sino por la ventaja relativa que le otorgan sus puertos más profundos y adecuados a la concentración de un comercio regional masivo que se integraría para concertar sus operaciones.

Secuencia de los hechos:

El acuerdo inicial fue suscrito el 21 de marzo de 2002, en Montevideo, entre el Poder Ejecutivo de Uruguay y el de Finlandia. Resultó luego aprobado por la Cámara de Representantes, el 4 de mayo de 2004. Votaron a favor las bancadas del Partido Nacional, el Colorado y el Independiente. Se opusieron el Frente Amplio y otras agrupaciones que poco después encumbrarían a Tabaré Vázquez en la presidencia de la Nación.

· A fines de 2002 las autoridades argentinas toman conocimiento de que Uruguay planeaba la radicación de plantas pasteras sobre su margen del río Uruguay;

· El 15 de octubre siguiente el Senado uruguayo aprueba lo firmado el 21 de marzo.

· Argentina solicita la información pertinente en el seno de la CARU, organismo de aplicación del Tratado del Río Uruguay (TRU), de 1975, aplicable a esta cuestión;

· Durante casi un año, la delegación uruguaya se manifestaba en espera de esa información por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de ese país;

· El 9 de octubre de 2003 se encuentran ambos presidentes en Colonia y el doctor Jorge Battle, ratificando lo antes afirmado por su canciller, Didier Opertti, se comprometió a no liberar la autorización del contrato para la planta “hasta tanto no se hubiera dado respuesta a inquietudes argentinas sobre impacto ambiental.” Ese mismo día, el gobierno uruguayo autoriza de todos modos la planta de la empresa ENCE;

· El 17 de octubre de 2003 Argentina convoca a una reunión plenaria extraordinaria de la CARU en la que reclama formalmente que Uruguay cumpla con el mecanismo de información y consulta obligatorio para las partes;

· Al no cumplimentar Uruguay lo requerido, la CARU entra en parálisis y, tal como lo prevé el propio TRU, la cuestión pasa directamente a los gobiernos;

· El 27 de octubre de 2003, Uruguay presenta información que la Argentina objeta como incompleta para un dictamen concluyente;

· En marzo de 2004 ambos Cancilleres se reúnen dos veces, llegando a acuerdos que el gobierno uruguayo describe como aceptación argentina para la radicación de las plantas a condición de aceptar monitoreo argentino.

· En abril de 2004, ambas partes encomiendan a la CARU que elabore un esquema de monitoreo ambiental para el caso de que las plantas se instalen;

· En el mismo mes, el canciller Bielsa informa al Congreso de la existencia de este acuerdo, “que había terminado con el conflicto”. Lo mismo hacen el ministro del Interior y el Jefe de gabinete, ambos informados por la Cancillería. Importa retener este dato, porque en el subsiguiente mensaje anual del Presidente al Congreso la Cancillería incluyó en ese discurso la misma información, triple respaldo emitido por nosotros mismos a lo que los uruguayos se preparan para usar como piedra basal de su argumentación ante La Haya, alegando este “acto propio” de la Argentina, primero en junio, cuando se discuta la medida cautelar pedida por Argentina y luego, dentro de al menos uno o dos años, cuando introduzcan sus defensas en el debate de fondo ( [12] );

· El 4 de mayo de 2004 la Cámara de Representantes de Uruguay confirma lo votado por el senado el 15 de octubre anterior. Sufragaron a favor las bancadas del Partido Nacional, el Colorado y el Independiente. Se opusieron el Frente Amplio y otras agrupaciones que poco después encumbrarían a Tabaré Vázquez en la presidencia de la Nación.

· El 15 de mayo Argentina reitera en el seno de la CARU su reclamo de información suficiente como para efectuar un estudio de impacto ambiental. Se reitera en julio durante el encuentro del Mercosur en Puerto Iguazú, otra vez en la reunión de Cancilleres del Grupo de Río en el mes de agosto y en la Cumbre Iberoamericana de noviembre de ese año.

· El 14 de febrero de 2005 Uruguay autoriza una segunda planta, la de Botnia, capaz de producir el doble que la de Ence y, juntas, más del doble que toda la producción argentina;

· Comienza un ciclo idéntico de reclamos argentinos con respuestas uruguayas que Buenos Aires considera insuficientes;

· El 5 de mayo ambas partes acuerdan formar un Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel (GTAN) compuesto por diplomáticos y técnicos, además de representantes provinciales y, en el caso argentino, de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú;

· Argentina insiste formalmente, por nota, en su requerimiento de relocalización de las plantas e introduce la petición de una medida consensuada de no innovar por un plazo de 180 días;

· Uruguay rechaza ambas propuestas;

· El 26 de junio de 2005 Argentina apela a la Corporación Financiera Internacional para que reconsidere su apoyo a las obras hasta contar con análisis del impacto medioambiental que satisfagan a ambas partes;

· Hacia fines de año la CFI presenta un informe preliminar que resulta rechazado por Argentina;

· La CFI recepta las objeciones y comienza un procedimiento de informe final, todavía inconcluso;

· El 3 de agosto de 2005 comienza a deliberar el GTAN, produciéndose la misma ronda de acusaciones mutuas: Uruguay considerando que había aportado información suficiente y Argentina afirma lo contrario;

· Semanas antes, se toma conocimiento público de que Uruguay había autorizado la instalación de un puerto al servicio de la planta de Botnia, sin efectuar las consultas a que lo obliga el texto del Tratado del Río Uruguay. Queja argentina consiguiente;

· El 14 de diciembre de 2005 el gobierno argentino presenta una nota oficial informando a su par uruguayo que considera que existe una controversia jurídica entre ambos estados en torno al cumplimiento del estatuto del Río Uruguay por la radicación de las plantas y el puerto. Destáquese que la jurisdicción de la Haya y la condición obligatoria de concurrir apenas una de las partes lo requiera configura un enorme adelanto, introducido tanto en este tratado como, años después, en el de Paz y Amistad con Chile, de 1984, en muestra del enorme grado de confianza recíproca que los Estados se tenían en el momento de firmarlos;

· El 30 de enero de 2006, el GTAN emite sus conclusiones, no coincidentes entre las partes. La información de la parte argentina consigna que:

· Uruguay vulneró las obligaciones asumidas en virtud del Tratado y de las normas internacionales aplicables;

· Las empresas no cumplieron con los recaudos que en sus países de origen se exigen para proyectos con efectos ambientales fronterizos;

· Uruguay se niega a brindar la información necesaria para efectuar un estudio de impacto acumulado transfronterizo;

· No se explica cómo se van a impedir los efectos negativos, mundialmente reconocidos, del método “kraft” elegido, que utiliza dióxido de cloro, detallando numerosos daños específicos al ecosistema en la parte argentina;

· Concluye con: “la eventual operación de las plantas proyectadas impactará negativamente en el territorio de la provincia de Entre Ríos, afectando las condiciones de productividad, las actividades comerciales e industriales, particularmente con respecto al turismo, los valores de los inmuebles rurales y urbanos, y la salud de los habitantes, los animales y vegetales de la zona.”

· A partir de ese momento cesa la actividad de la CARU, los gobiernos toman directamente en sus manos las gestiones y, a partir de la presentación argentina, se preparan a dirimir la controversia ante el tribunal de La Haya, dentro del sistema de las Naciones Unidas.

· Se prevén dos instancias, la de la medida precautoria tendiente a paralizar las construcciones, que ya tiene primera audiencia señalada para el mes de junio y probable resolución dentro del año. La segunda, la prevista para la discusión del derecho de fondo, prevé un sistema secuencial de demanda, contestación, réplica y dúplica, por períodos mínimos de seis y máximos de nueve meses para cada uno, pero susceptibles de estirarse con medidas procesales.

· La eventual sentencia –si es que el Tribunal acepta abocarse- no se produciría, seguramente, dentro de los actuales mandatos de los doctores Kirchner y Vázquez, y no se sabe con certeza si dentro de quienes eventualmente los sucedan. Para ese entonces, las plantas estarían terminadas, incluyendo una tercera en estudio, la de la empresa Stora Enso, sobre el río Negro, afluente del Uruguay, pero aguas abajo de Gualeguaychú. Brasil y Paraguay también consideran erigir varias nuevas pasteras sobre ríos comunes con Uruguay y Argentina.

La sólida posición jurídica de fondo fue cuidadosamente recitada por el canciller Taiana al informar en abril al Congreso. Su texto puede consultarse en la página oficial del Ministerio ([13]) pero, a los efectos de esta nota, baste consignar que lo que denuncia son exactamente tres violaciones al Tratado y la normativa aplicable:

o La autorización a la planta de Ence;

o La autorización a la planta de Botnia;

o La habilitación de un puerto para la planta de Botnia;

La estrategia acertada.

Lo demás, es historia reciente. Al congelarse la CARU y agotar el GTAN su cometido, el Poder Ejecutivo retoma el protagonismo de las acciones con la instalación, por parte del Presidente, de lo que nos parece la estrategia indicada: invitar públicamente a su par uruguayo a que, más allá de las contradanzas jurídicas, argentinos y uruguayos se sienten a convenir ahora, ya mismo, un estudio objetivo del impacto ambiental y, en su momento, un sistema binacional de verdadero control del manejo de las plantas con compromiso uruguayo efectivo de paralizar su funcionamiento toda vez que excedan los márgenes convenidos.

En esa dialéctica el doctor Kirchner sacó clara ventaja inicial sobre un Vázquez que apareció desdiciendo en Montevideo lo que habría acordado en Chile y, en todo momento, encontrando más razones para no reunirse que para sentarse de una vez y resolver las cosas al más alto nivel.

A envolverse en la bandera.

Infortunadamente, el Ejecutivo argentino también decidió convocar a una masiva concentración nacionalista, innecesaria para la representatividad más que suficiente del Presidente argentino, que corría el evidente peligro de convertir a un problema ecológico en un enfrentamiento patriótico, malvinizando un conflicto en el que, lo que está enfrente, no equivale de ninguna manera a la Pérfida Albión.

Al principio, Vázquez cayó en la misma tentación, convocando a una reunión de gabinete justamente en Fray Bentos y nada menos que en el 25 de mayo, día patrio para los argentinos, si los hay. Después, retrocedió al 24 y, más tarde, desarmó toda esa provocación inconducente.

Mientras el conflicto se mantuvo, como dijo querer el doctor Kirchner, como un asunto estrictamente ecológico, resultaba posible negociar sobre bases más flexibles y, por ende, más cercanas a una solución. Muchos uruguayos estaban a favor de la ecología y muchos argentinos argumentaron a favor de la industrialización de la madera. [14]

Varios ambientalistas de la Banda Oriental que, en su momento, asesoraron a Tabaré y el Frente Amplio cuando votaban en contra de las pasteras, abogan todavía hoy por la clausura del proyecto.

Y acreditados científicos argentinos consideran que estas plantas no contaminarán significativamente: el Presidente del Instituto Nacional de Tecnología e Industria de la República Argentina (INTI), el Director de la Fundación Argentina para la Ecología Científica, la Directora del Instituto de Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Argentina y numerosos catedráticos aportan datos de sumo interés[15].

Informan que en el mundo se aplican mayoritariamente tres clases de tecnología para pasteras. La TCF, totalmente libre de cloro (que entendemos es la que recomienda Greenpeace); la ECF, libre de lo que se llama cloro elemental. Las plantas uruguayas de Botnia y Ence aplicarán esa tecnología. Y, finalmente, las de “cloro elemental gaseoso,” que son muy contaminantes.

Argentina tiene las siguientes plantas pasteras con esa tecnología altamente contaminante:

o Puerto Piray (Misiones);

o Tucumán (Tucumán);

o Ledesama (Jujuy);

o Celulosa Argentina (Santa Fe);

o Del Plata (Zárate);

o Papel Prensa (San Pedro);

o Iby, esta última ubicada … en ¡Entre Ríos!, y a la que se considera la más contaminante e toda la Argentina;

o Otras dos plantas, Alto Paraná y Papel Misionero, contarían con tecnología superior, pero se encontrarían operando con altos niveles de contaminación.

Existe un convenio mundial, el de Estocolmo, que regula esta materia. El 80% de sus firmantes opera con la tecnología ECF y el 10% con la de TCF. Argentina y Uruguay lo suscribieron y nuestro país es tenido por uno que viola groseramente el compromiso allí contraído.

Sin Montescos y Capuletos

Así como debiéramos evitar la trampa del patriotismo aplicado a este conflicto, corresponde advertir que tampoco aceptemos la falsa dicotomía entre medio ambiente e industrialización. No se trata de clorofila-si-chimeneas-no, o viceversa. Un ambientalismo excluyente, eglógico y silvestre equivale, desde el otro extremo, a una industrialización desaprensiva: la misma incapacidad para prosperar y, al mismo tiempo, proteger nuestro hábitat.

Pero cuando las partes se envuelven en la bandera, se produce un nuevo alineamiento, más rígido y hostil y, como glosa Palermo, pasamos de discutir entre ambientalistas y productivistas de ambos lados a dividirnos en “nosotros los argentinos ambientalistas” versus “nosotros los uruguayos productivistas”. Argentina, país más grande, impidiendo el legítimo desarrollo independiente del Uruguay. Una tormenta perfecta.

Gracias a ello, la ocasión pintó calva para quienes impulsan un éxodo uruguayo del Mercosur. Danilo Astori exhibe cifras de un crecimiento enormemente dispar del comercio con EE.UU. versus el con la región y se consolida, incluso a nivel presidencial, el discurso del abuso imperial de Brasil y Argentina sobre los otros dos miembros menores de la integración.

Ya en ese momento el revulsivo patriotero había permeado hasta el recinto más prototípico de la cultura popular rioplatense: por esos días, en Maldonado, por la Copa Libertadores, Vélez Sarsfield goleaba cinco a cero al representativo Rocha de Uruguay, y la sufrida hinchada local desempolvó el viejo “Mandarina, mandarina…si son tan machos recuperen las Malvinas,” que no se oía desde los tiempos en que vivíamos sin democracia y enfrentados.

Como en algún momento pudo ocurrir con Hielos Continentales, la patrioterización de un diferendo, mucho más si es con un país hermano, genera heridas profundas, perjudica la capacidad de negociación y, en última instancia, favorece el regreso de tiempos que creíamos felizmente superados, en que tratábamos a nuestros vecinos no como oportunidades de cooperación sino como hipótesis de conflicto.

Cuando el filósofo contemporáneo Jorge Busti, sin desmentida posterior desde el gobierno nacional, anuncia, pletórico, que el tema “se ha convertido en una causa nacional”([16]) lo que está haciendo es malvinizar el conflicto, extenderlo a todo el país hasta convertirlo en una cruzada patriótica y peligrosa: cuando se toma al tigre por la cola, soltarlo se pone cada minuto más difícil[17].

Es lo que ha ocurrido con muchos gobiernos militares y algunos populistas –de políticas exteriores tan semejantes, tan enlazadas por la doctrina- que mezclan a conflictos externos con la arena política interna, por lo general buscando el encolumnamiento de la clase política y los líderes institucionales detrás de una figura excluyente.

Éramos pocos y apareció Mambrú.

No parece casual que, al calor del crecimiento del conflicto, ya circulen en Brasil especulaciones interesadas que promueven el rearme del país –desestabilizando equilibrios regionales trabajosamente construidos en los ’80 y 90- en supuesta prevención de un eventual choque armado entre Argentina y Uruguay. Otra vez la teoría del Brasil como gendarme regional. Lógico: los peores fantasmas reaparecen cuando marchamos hacia atrás, no hacia delante.

Para el lector que considere la especulación como exagerada, repárese que durante el mes de mayo, es decir, apenas días atrás, en el pico máximo del conflicto, el Ejército Argentino consideró oportuno ejecutar un operativo consistente en el cruce del río Uruguay, cerca de Gualeguaychú, para el supuesto de no poder usarse los puentes. Franqueo de Curso de Agua, se lo denomina. Literalmente, estaban practicando cómo cruzar al Uruguay en situación bélica. Cerca de las pasteras, claro.

Interrogado en esa ocasión por los periodistas, en nombre de nuestro Jefe del Ejército, el general Roberto Bendini, se contestó, muy suelto de cuerpo, que se trataba de una práctica normal, habitual de todos los años. Ninguno de los heroicos periodistas tiracentros allí presentes parece haberle cuestionado la insensatez de llevarlos a cabo en estas circunstancias, pero el rocky horror show todavía daba para más: la propia información oficial consigna que, para los este año, se decidió utilizar más soldados (unos 1.500 efectivos) y más equipamiento de lo que se ha venido haciendo en los últimos veinte años. Casi un chiste, el operativo se denominaba “Paraná 4-Reconquista de Buenos Aires.”

¿Cuánto contamina la torpeza?

La controversia judicial en La Haya no tendrá ganadores: aquél que la pierda generará un resentimiento que durará décadas, perjudicando el objetivo mayor de un entendimiento profundo entre ambos países, absolutamente estratégico para el futuro de ambos. Con los hermanos, con los amigos, no se tienen relaciones de suma cero.

Si gana Uruguay sufriremos la doble pérdida del pleito por un lado y del pleno funcionamiento de las plantas, para ese entonces ya largamente terminadas. Y si ganamos nosotros, las pasteras ya estarán de todos modos en funcionamiento, de manera que, como en el caso de Itaipú, campeones morales otra vez, habremos obtenido una victoria meramente abstracta y perdido la buena voluntad uruguaya.

Si la controversia se hubiera mantenido en términos estrictamente ambientales, habría habido alguna esperanza mayor. Después de todo, el desarrollar la economía industrial del Uruguay y hacerlo respetando el medioambiente argentino no son objetivos que forzosamente se excluyan. Pero si pasamos a un esquema patriótico, las esperanzas disminuyen: las soberanías no pueden compartirse, ellas solo entienden la lógica de la victoria o la derrota. Y eso no se hace con amigos.

Si como señala bien Corbacho (ver nota al pie Nº 1) “Desde una óptica teórica, no existen modelos para el manejo de crisis entre naciones amigas,” tal vez podríamos rastrearlos en nuestra propia práctica histórica.

En efecto, a la crisis generada por Itaipú no la superamos entonces oponiéndonos al desarrollo de los vecinos y demandándolos ante los tribunales internacionales. No habremos sido geniales pero nos sentamos a pensar juntos y encontramos una fórmula, como consignaba Perón en el discurso arriba citado.

Seis meses atrás podríamos haber efectuado el ejercicio de reunir a cincuenta, cien politólogos expertos en relaciones internacionales para que definieran nuestras eventuales hipótesis de conflicto, y ni uno, pero ni un solo, habría imaginado alguno con Finlandia o Uruguay. Mucho menos con los dos juntos.

Con la primera, por lejana, ajena a nuestra realidad y desvinculada de todo nuestro posible accionar. Con los uruguayos, por todo lo contrario: tan cercanos, tan entrañables, socios comerciales y de integración, más hermanos que vecinos, un conflicto con ellos resultaba más improbable todavía. Por razones exactamente opuestas, en ambos casos resultaría igualmente impensable.

Pero nosotros lo supimos conseguir. Lo que para cualquier pensamiento racional hubiera resultado imposible –siquiera con uno solo de ellos- este gobierno rompió todos los moldes. Usted se preguntará: ¿Pero cuál política exterior tenemos? Esa.

Si la política exterior argentina no está en condiciones de encontrar el camino apropiado para reconstruir la asociación estratégica con el Uruguay, significa que no es la política exterior del país. Significa que, en realidad, no es nada.

Durante las décadas de los ’80 y ’90 nos sentamos con todos los vecinos de las cuencas y acordamos levantar esas centrales hidroeléctricas y sus cotas y obras complementarias de manera asociada, no competitiva.

Como resultado, hoy en día la región cuenta con un espinazo hidroeléctrico que arranca en el norte, en Itaipú, pasa por Yaciretá-Apipé, los acuerdos de Corpus y Garabí y la propia Salto Grande con Uruguay, todas obras binacionales, administradas sin demasiadas diferencias y que constituyen un ejemplo mundial de cooperación práctica en materia de recursos compartidos.

Si lo conseguimos entonces con las represas ¿Por qué no podríamos hacerlo ahora con las pasteras? ¿Está prohibido haber hecho algo bien en las década de los Ochenta y Noventa?

Se vienen más pasteras, saquemos turnos en La Haya.

Urge gestionar un protocolo medioambiental para toda la región. Brasil y Paraguay se aprestan a instalar unilateralmente nuevas plantas. Incluso algunos gobernadores argentinos proponen hacer exactamente lo mismo. Y el propio Uruguay anunció ya una tercera, que planea Stora Enso sobre el río Negro. Dicho sea de paso, todo esto ocurre sin que se conozca públicamente ninguna objeción formal argentina, preocupante silencio recordando lo que sucedió al principio de las radicaciones de Ence y Botnia.

Se sabe, de algunos laberintos solo se sale por arriba. Nosotros lo hicimos en los ’80 y ’90. Pero eso requiere políticas exteriores que puedan levantar la cabeza y mirar a la distancia necesaria, definida como algo un poco más lejos que las próximas votaciones o la tapa de los diarios del día siguiente.

Andrés Cisneros

(*) ex Secretario General de Estado de Relaciones Exteriores (1991/96) y vicecanciller (1996/99) durante la gestión de Guido Di Tella.

[1] De hecho, el politólogo Alejandro Corbacho confirma que: "Desde una óptica teórica, no existen modelos para el manejo de crisis entre naciones amigas" ( Nota: Cuando la crisis ocurre entre dos hermanos - Revista DEF, núm. 7, marzo de 2006).
[2] En la reunión plenaria del Mercosur en Ushuaia, tras la que devino obligatoria no solo para sus miembros plenos sino también para Chile y Bolivia. Esta cláusula colaboró eficazmente en una sonada crisis institucional paraguaya de se año.
[3] Comisión Administradora del Río Uruguay, organismo binacional creado por el Tratado específico entre ambos países.
[4] Best Available Technology
[5] Confr. El clásico “Política Exterior Argentina” de Conil Paz y Gustavo Ferrari, Huemul, Bs. As., 1964
[6] Conf. Periódico entrerriano “El Heraldo”, del 16 de noviembre de 1988. Los interesados eran Nobleza Piccardo y Arcor asociados a empresarios canadienses y se anunciaba, para ese mismo día, la firma del acuerdo de inversión por ante la Secretaría de Industria y Comercio Interior de la Nación. Atribuye al gobernador el haber declarado que la planta se localizaría entre Concordia y Concepción del Uruguay, esto es, aguas arriba de Gualeguaychú.
[7] Confr. diario Clarín del 08.04.06
[8] La oportunidad resultó propicia para un Roberto Lavagna que comienza a asomarse luego de varios meses de sugerente silencio: "En política internacional, cuando las cosas se han deteriorado a este punto, hay que trabajar mucho a puertas cerradas y luego hablar públicamente. Espero que las palabras del Presidente no sean simplemente un acto de improvisación".
[9] Iniciativa binacional argentino-uruguaya que ha sido denominada “Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats”, que está siendo ejecutada con toda normalidad y sin patología política alguna por un consorcio que ha sido conformado por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), cuya labor es financiada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Confr. Cárdenas, Emilio, en www.economiaparatodos.com.ar
[10] Misiones, Enero 2006. Fuentes de consulta: FAO, Foro Económico Mundial para el Medio Ambiente, SAGPYA, Asociación Forestal Argentina.
[11] Stora Enso ya acordó estudios de factibilidad con el gobierno federal para instalar al menos una, en Sao Borja, sobre el mismo río Uruguay, que afectaría a la localidad argentina de Santo Tomé. Hasta hay un puente susceptible de tomarse.
[12] Confr. Transcripción del Diario de Sesiones de la Hon. Cámara de Diputados: “El año pasado, ante la pregunta que me tocó hacer sobre el estado de situación de las plantas de celulosa, el señor jefe de Gabinete respondió lo siguiente: “En febrero de 2004 el informe de asesores de la CARU estableció que no habría un impacto ambiental sensible del lado argentino…” Misma información se volcaría poco después en el informe anual del Presidente de la Nación al Congreso. A Julio María Sanguinetti no se le escapó la importancia del faux pas argentino. En el diario La Nación reivindicaba ese argumento: “La historia comenzó en 2002, cuando Uruguay autorizó a construir una planta de celulosa de la empresa española ENCE, sobre el río epónimo. La Argentina protestó, Uruguay explicó y todo se resolvió en 2003 con un acuerdo ministerial que permitió un monitoreo argentino del proyecto.”
[13] http://www.mrecic.gov.ar/
[14] El ex gobernador misionero Ricardo Barrios Arrechea produjo un documento tan erudito como encendidamente proclive a extender la instalación de pasteras y papeleras. Confr. “Escenarios Alternativos” de enero de 2006
[15] Informe de Manuel Flores Silva, publicado en el periódico La República, del Uruguay, el pasado 25/03/06.
[16] Ver diario Clarín del 02.05.06
[17] Confr. Vicente Palermo , “Victimismo y agresión. De Malvinas a las papeleras” revista Debate, núm. 165, 11 de mayo de 2006, Buenos Aires, en que analiza lúcidamente, en paralelo, el conflicto de Malvinas y éste de las pasteras, con el siguiente enfoque, al que describe como del victimismo agresivo: “No es nada inexplicable, por tanto, que rasgos como el territorialismo, la noción victimista de despojo, el unanimismo de las causas nacionales, entre otros, se hayan mantenido robustos en la matriz político cultural de los argentinos”.
Andrés Cisneros , 30/07/2006

 

 
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