A diferencia de Juan Perón, que privilegiaba la política internacional como "la verdadera política, que se hace dentro o fuera de las fronteras" y observaba desde ese prisma a la política doméstica, Néstor Kirchner subordina los posicionamientos e inserción de la Argentina a lo que las mediciones locales de opinión pública le aconsejan.
Hasta ahora recoge lo que siembra: los estudios demoscópicos afirman que el Presidente cuenta en el país con una "opinión favorable" que oscila alrededor del 50 por ciento y (según cuál sea el criterio clasificatorio) en algunos casos lo supera con comodidad.
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La otra cara de la moneda es el creciente aislamiento internacional de Argentina y su paulatino deslizamiento a un estrecho campo de "buenos amigos", donde se destacan casi en exclusividad la Venezuela de Hugo Chávez y la Cuba de Fidel Castro.
La ausencia de una perspectiva estratégica conduce a menudo al gobierno a una práctica que podría caracterizarse como "tapar agujeros" empujado por los acontecimientos y, así, a desvestir a un santo para vestir a otro.
Es probable que, si el gobierno hubiera seguido oportunamente aquel consejo (y el ejemplo de Perón), el conflicto abierto hoy con el Uruguay y la alarma que reina en la zona de Gualeguaychú se hubieran evitado o contenido adecuadamente. Pero la Casa Rosada reaccionó tardíamente, no puso en funcionamiento a tiempo ni los instrumentos diplomáticos que Argentina y Uruguay elaboraron a partir del Tratado del Río de la Plata ni los criterios asociativos que ellos condensan, y así recaló en un abandono inconducente de responsabilidades de política exterior, que no resuelve las angustias de los vecinos de Gualeguaychú pero intenta halagarlos y parece entregarles el timón ya no sólo en la discusión sobre las plantas de pasta de celulosa.
Esta semana, tambaleando por esa tendencia al seguidismo de la opinión pública, el gobierno nacional dio, no una, sino dos inopinadas vueltas de tuerca en el tema. El jueves 27 de julio, el canciller Jorge Taiana declaró ante la asamblea de vecinos de Gualeguaychú que "Argentina no aceptará esas papeleras (…)" "no las permitirá". Hasta el momento, el gobierno nacional –aunque realiza gestiones para obstruir su financiamiento- no se oponía explícitamente a la instalación de las plantas: sólo reclamaba que no fueran contaminantes. Después del duro revés sufrido en la Corte Internacional de La Haya, donde el reclamo argentino fue rechazado en forma unánime por los trece magistrados permanentes del tribunal, la Casa Rosada parece haber llegado a la conclusión de que debía hacer mayores concesiones a los vecinos entrerrianos para no perder su benevolencia. Así, aunque Taiana admitió que "como canciller, legalmente, no puedo decir" no a las papeleras, en su discurso se hizo cargo de todos modos de la consigna principal del ambientalismo entrerriano. Un día antes, el gobierno había presentado un escrito ante el Tribunal del Mercosur justificando los cortes de rutas y el bloqueo de pasos internacionales (impugnados por Uruguay) por considerarlos formas de "la libertad de expresión" que la Constitución privilegia, según el escrito, por encima del derecho a circular libremente. Impulsada por su decisión de no contradecir movimientos intensos de opinión pública o, como lo expresó el constitucionalista Gregorio Badeni, por "el hecho de que por circunstancias políticas el gobierno tenga temor a imponer su autoridad", la Casa Rosada se vió impulsada a consagrar por escrito la legitimidad de la comisión de un delito, algo que hasta ahora sólo había consentido de hecho.
No deja de ser una ironía que un presidente al que muchos asignan una alta cuota de "decisionismo" (característica a la que atribuyen principalmente sus buenos resultados en las encuestas) sea tan frecuentemente determinado en sus acciones por las decisiones de otros (padres de Cromagnon, asamblea de Gualeguaychú, piquetes de Santa Cruz, manifestaciones de Blumberg, paro y demostraciones ganaderas, movilizaciones de Moyano, etc.).
El canciller oriental, Reynaldo Gargajo, confesó la perplejidad del sistema político uruguayo ante las oscilaciones y cambios de opinión del gobierno argentino.
El ex presidente chileno, Ricardo Lagos, que tuvo tiempo de conocer el comportamiento del presidente argentino recomendó a su sucesora, Michelle Bachellet que cuando le tocara negociar con la Casa Rosada fuera cautelosa y lo hiciera directamente con Kirchner y "en público". La señora Bachellet sólo siguió parcialmente esa advertencia: conversó con el presidente argentino, pero en privado y dejó el cierre de las negociaciones sobre la venta de gas a su ministra de Energía, Karen Poniachik, quien trató con Julio De Vido, "el ministro más poderoso del gabinete argentino", según el embajador chileno en Buenos Aires, Luis Maira. El resultado: un cortocircuito que la presidenta trasandina definió en términos singularmente ásperos en una mujer afable y por tratarse de una referencia a un presidente colega y vecino. Habló de "decepción y desconcierto". El embajador Maira amplió el concepto: las decisiones del gobierno de Kirchner en la cuestión del gas "comprometen la relación de confianza entre los presidentes" y son "una piedra grande en el camino de la integración". Sucede que de las conversaciones entre Kirchner y Bachellet y de declaraciones públicas y registradas de Julio De Vido se concluía que el precio que Chile debería pagar por el gas sería de 4 dólares por millón de BTUs, y –explicó el embajador Maira- "el martes, a través de la prensa, vimos que la retención a las exportaciones era de 45 por ciento y no 35 por ciento como se había acordado y que el precio en frontera entonces se iba a 4.60 o 4,80".
El "desconcierto" y la "decepción" de Bachellet están abonados por una secuencia de hechos: el gobierno argentino, cuando todavía era presidente Lagos, había desconocido los acuerdos de integración energética suscriptos durante la década del 90 por los presidentes Menem y Frei; hace unas semanas el gobierno de Kirchner aplicó precios diferenciales del combustible en la zona fronteriza, ahora se produce esta escena de teléfono descompuesto. En el tema energético, también y una vez más, el gobierno se mueve tapando agujeros y sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones (o indecisiones) previas. El miedo al sinceramiento tarifario determinó falta de inversión, esta, a su vez, produjo problemas de escasez energética que afligen a las empresas e inciden en su baja propensión a invertir y se reflejan, por caso, en colapsos eléctricos como el que sufrieron varios cientos de miles de porteños el viernes 28, tan pronto el frío comenzó a apretar un poco, o en la falta de gas licuado que denuncian estacioneros independientes.
La política de atender con criterio cortoplacista el resultado de las encuestas de opinión es lo que ha venido guiando, también, el comportamiento oficialista hacia el campo: el apriete al sector ganadero y lácteo a través de la restricción a las exportaciones (sumadas a las retenciones) modera circunstancialmente el índice de precios medidos por el INDEC pero conspira contra la ampliación consistente de la oferta y compromete el futuro, además de desperdiciar una óptima oportunidad para ganar mercados externos.
El paro ganadero de la semana última fue una respuesta del campo a esa política. El gobierno decidió no enviar representantes a la apertura de la Exposición rural, en Palermo. Temió a la rechifla. Allí no hay normas de disciplina que obliguen a mantener el orden si a un orador oficialista le diera por decir: "No les tengo miedo".
La perplejidad uruguaya, la decepción y el desconcierto chilenos, la bronca del campo, la preocupación de los industriales por las dificultades energéticas, la inquietud ciudadana por la seguridad se siguen traduciendo en las encuestas, hasta el momento, en buenas notas para el Presidente. No es extraño, en tales condiciones, que el gobierno no registre bien los otros mensajes. Cuidado con las decepciones súbitas.
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Jorge Raventos , 29/07/2006 |
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