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| Repliegues |
El presidente Néstor Kirchner practicó en la última semana un ejercicio al que no parecía muy acostumbrado: el del repliegue. En efecto, por más maquillaje mediático que se hubiera empleado para disimularlo, las negociaciones con la cadena de la carne y los acuerdos alcanzados con el caudillo de la CGT, su aliado Hugo Moyano, representaron ostensibles pasos atrás en relación con los objetivos y hasta el estilo que el gobierno venía ensayando en ambos terrenos. Hace menos de un mes la Casa Rosada - para sorpresa, inclusive, de la ministro de Economía, Felisa Miceli- impuso la prohibición de exportaciones de carne por seis meses (más tarde la extendería a un año), empleó la más agresiva artillería verbal contra lo que llamó "la patria ganadera", ensayó presiones de distinto orden sobre eslabones de la cadena productiva y declaró que no negociaría con el sector mientras no se verificara la rebaja del precio en las carnicerías. |
| En rigor, lo que ocurrió en las últimas tres semanas fue que las medidas adoptadas sólo produjeron perjuicios: el precio de la hacienda descendió en los mercados pero la carne no bajó en las carnicerías; entretanto varias plantas frigoríficas tuvieron que suspender personal por el cierre de las exportaciones, mientras clientes externos de la Argentina se quejaban de la conducta poco confiable del país y se preparaban para buscar nuevos proveedores.
En cualquier caso, lo que parece haber hecho recular al gobierno y negociar en condiciones que antes rechazaba fueron principalmente otros factores, de orden político. Uno, la prohibición de exportar recibió en San Luis un primer revés jurídico, con la declaración judicial de ilegalidad de la medida. Otro, más significativo: la enérgica reacción de los productores, que comenzaron a ejercer la resistencia activa a la política oficial con grandes demostraciones públicas en la ciudad correntina de Mercedes y en Trenque Lauquen, congregando el amplio respaldo de otros sectores sociales. El oficialismo se siente muy vulnerable frente a las acciones de ese tipo y alienta el temor de una articulación de medidas de fuerza en distintos puntos de la Argentina rural.
En rigor, ese riesgo no se ha disipado con los acuerdos firmados durante la primera semana de abril: la asamblea ganadera realizada el viernes 7 en Río Cuarto con la presencia de un millar y medio de productores de provincias del centro y el noroeste del país expuso una fuerte desconfianza sobre la virtud (y la viabilidad) de esas coincidencias así como sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno (fundamentalmente el rápido, aunque paulatino, fin de las restricciones a exportar y la reducción de las retenciones así como de las regulaciones sobre el peso de los animales faenables). Los productores reclaman también el punto final a los agravios contra el sector lanzados desde el oficialismo. Antes de fin de mes volverán a reunirse, esta vez en Villa Mercedes. Si para entonces no ven avances en esa dirección podrían iniciarse las medidas de fuerza que el gobierno procuró sortear con su repliegue. Aumentos y subsidios Comprometido por una economía que duplica los índices de inflación año a año, el gobierno viene observando con inquietud el tema de las negociaciones salariales. Pese al texto del discurso que el Presidente pronuncia en los actos públicos ("los sueldos no provocan inflación"), el oficialismo parece convencido de lo opuesto. Seguramente por eso Felisa Miceli hizo saber el primer día de abril, desde Belo Horizonte, que el gobierno no convalidaría aumentos que superasen el 16 por ciento. El propio Kirchner ratificó esa línea un día después en un aparte con delegados del gremio mecánico en la planta automotriz de Volkswagen. Los reclamos sindicales superan ese límite y vienen motorizados, en primer lugar, por la presión de las bases gremiales que a veces se expresa en corrientes opositoras al liderazgo oficial de las organizaciones y, curiosamente, también, por la euforia que transmite la propia propaganda del gobierno. Esa propaganda fue la que anotició a los argentinos de que se recuperó el producto bruto interno de 1998. Aunque se trata de un dato parcial (el ingreso por habitante sigue siendo inferior al de 1998) la noticia ha sido suficiente estímulo para que el movimiento obrero comience a reclamar que también los salarios vuelvan a parecerse a los de 1998. En verdad, tanto los indicadores sociales más amplios como los que hacen específicamente a los ingresos del trabajo distan mucho de llegar a ese objetivo. En 1998, el porcentaje de la población que estaba por debajo de la línea de pobreza era del 25,9%. Actualmente, asciende al 37,7%. Esto implica que, a pesar del marcado descenso experimentado en estos últimos dos años, los índices de pobreza son hoy un 45% más altos que en 1998. A su vez, en 1998, el porcentaje de la población que estaba bajo la línea de indigencia era del 6,9%. Hoy es del 12,6%. Esto implica que los índices de indigencia son hoy cerca de un 60% más altos que los de 1998. La participación del sector asalariado era, en 1998, del 38,5 del producto bruto interno. En el 2005, fue del 36,8 % del producto bruto interno. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada comunicó recientemente que durante el cuarto trimestre del año pasado el índice de los asalariados que trabajan 'en negro' se ubicó en el 45,5%. Los empleados en negro serían unos 4,7 millones de personas. A partir del incendio ocurrido en un taller clandestino de Buenos Aires hoy se sabe que mucho de ese trabajo no registrado es realizado en condiciones de "sometimiento a la servidumbre" o de "esclavitud", para usar los términos que se han generalizado y que más del 50 por ciento de los productos de la rama de la indumentaria que se fabrican en el país, sin excluir los de marcas famosas, son elaborados empleando trabajadores no registrados. La informalidad laboral, que es sinónimo de máxima desprotección social y de precarización del empleo, es hoy un 20% más alta que en 1998. El diputado y economista Claudio Lozano, un hombre que comparte con el gobierno sus criterios progresistas, ha señalado que la mitad del empleo que se genera es en negro y, además, que el nuevo empleo en blanco "tiene niveles salariales inferiores a los históricos. La persona que ingresa hoy a un trabajo no lo hace con el promedio salarial de los trabajadores que ya están en el mercado, sino por debajo". Un reciente estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) establece que el salario real se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 30 años: "No ha recuperado siquiera el nivel vigente a fines de 2001 que ya era reducido en comparación con la media de la década del 90". Es un 23 por ciento más bajo que el promedio de la década del 90. Todas las estadísticas laborales coinciden en señalar que las diferencias entre los sueldos" en blanco" y los sueldos "en negro" también aumentaron notoriamente en estos últimos años. Pero aún el 43 por ciento de los empleados privados que están en blanco (alrededor de 2,1 millón de personas) ganó en 2005, como salario de bolsillo, un promedio inferior a 700 pesos, que no alcanzaba para comprar el equivalente de una canasta básica de alimentos . En 2005 el costo de la canasta básica de alimentos fue, en promedio, de 741 pesos mensuales. En el sector rural, el 70 por ciento de los trabajadores ganó menos de esa cifra. En el sector de la construcción, el 61 por ciento de los trabajadores tuvo ingresos de bolsillo inferiores al costo de esa canasta básica de alimentos. Dentro del sector privado de educación, salud y servicios sociales, que incluye a más de 600.000 empleados, el 56 por ciento tuvo ingresos de bolsillo inferiores al precio de la canasta básica de alimentos. El gobierno se irrita muy especialmente cuando se señala que los actuales índices de inequidad en la distribución superan largamente al de otras épocas, demonizadas por el oficialismo. Lo cierto es que la diferencia entre ambos extremos de la pirámide social es hoy mucho más pronunciada que ocho años. Según la información proporcionada oficialmente por el INDEC, en 1998 el 10 por ciento de la franja superior de esa pirámide tenía ingresos 26,6 veces más altos que el 10 por ciento de más abajo. En el año 2005, ese 10 por ciento "de arriba" percibe ingresos 31 veces más altos que el 10 por ciento menos favorecido. Dicho de otra manera: la desigualdad social en el 2005 es un 15 por ciento más grande que en 1998. El análisis del diputado Claudio Lozano, realizado desde la perspectiva del progresismo, es uno de los que molesta particularmente al gobierno. "Es cierto que estamos mejor que en 2002 –señala el legislador-. Pero también es cierto que estamos peor que en los '90". Agrega: "La Argentina termina de organizar un esquema económico que se sostiene en condiciones de mayor explotación de la fuerza de trabajo y de mayor pauperización que los que dominaron las condiciones de funcionamiento de los 90 (…)En el '98, la desocupación estaba en el orden del 11 por ciento. Hoy, incluyendo, a los que perciben planes, la Argentina está en el orden del 13 por ciento. (…)En términos de participación del total del PBI, que los que están ocupados y no son patrones reciben 5 ó 6 puntos por debajo de lo que recibían en 2001. Y si bien hubo una pequeña recomposición en 2003, lo cierto es que en 2004 y 2005 se agudizó la desigualdad. Da la sensación que se estabiliza un nuevo piso de pobreza: si en los '90 la pobreza estaba en el orden del 25 por ciento, ahora da la sensación es que ese piso estará por arriba del 35, si no el 40 por ciento". Estas ponderaciones son las que se encuentran en la base de la presión gremial por la elevación de los ingresos. Una filosa dirigente ganadera, Analía Quiroga, de CARBAP, vinculó con agudeza la problemática del campo con la del movimiento obrero: "El problema no es el precio de la carne –disparó-, sino que los salarios están muy bajos". Si bien se mira, se trataba de un puente disponible para articular unidades entre trabajadores y productores. El gobierno procuró sofocar la presión por los salarios apelando a Hugo Moyano. Los camioneros reclamaban su aumento con medidas de fuerza que incluían al sector de la basura, al transporte de caudales y al de aguas y gaseosas. El Presidente en persona convocó a Moyano a la Casa Rosada sin reclamarle el cese previo de las medidas de presión. Y con la colaboración del ministro de Planeamiento y la del secretario de Transportes, que instrumentaron un subsidio para facilitar el arreglo con el sector patronal, la Casa Rosada consiguió que el jefe cegetista firmara por un porcentaje levemente inferior al 20 por ciento, cuatro puntos más que lo que Economía había pretendido como límite. Para el oficialismo se trató de un buen negocio: el gramio de los camioneros es uno de los que tienen más capacidad de presión y se considera que su convenio establece un techo a las aspiraciones del conjunto del sindicalismo, que venía reclamando porcentajes más altos. Moyano, beneficiado con algunos privilegios que exceden con amplitud el incremento salarial de sus afiliados, fue leal al gobierno y operó para que el Comité Central Confederal de la CGT reunido el jueves 6 de abril, pasara sin sobresaltos para el oficialismo, sin mencionar medidas de fuerza y solicitando, apenas, como un formalismo, la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, un objetivo que, según promesa del Presidente al jefe de la central obrera, debió haberse alcanzado unas semanas atrás. Los repliegues oficiales –ante la cadena de la carne, ante el movimiento obrero- son simultáneamente signos de vulnerabilidad y maniobras destinadas a ganar tiempo, a postergar defensivamente la amenaza de protestas sociales. Quizás haya habido la misma motivación detrás del anuncio de diálogo entre Kirchner y el presidente uruguayo Tabaré Vásquez en momentos en que un sector movilizado de la sociedad entrerriana clausuraba rutas y puentes y desafiaba la autoridad del Estado. Aunque por algunos días la operación oficial consiguió la meta de que las protestas ambientalistas excluyeran los cortes de vías de comunicación, en definitiva fracasó ruidosamente: los entrerrianos ocupan otra vez caminos y puentes y el gobierno de Uruguay ha declarado cerrada la vía (que no llegó a transitarse) del diálogo entre los presidentes. La eficacia de los acuerdos no se garantiza con trucos mediáticos o titulares en los diarios sino, para usar términos de Hipólito Irigoyen, con "efectividades conducentes". |
| Jorge Raventos , 04/10/2006 |
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