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| Sordos ruidos. |
Néstor Kirchner ha decidido presionar a fondo al mundo empresario que compone la cadena de la carne. Cree (o simula creer) que ese amplio y variopinto sector conspira contra su gobierno y calcula que le resultará políticamente redituable sostener una lucha contra lo que él y los suyos llaman “la patria ganadera” o la “oligarquía vacuna”. El uso de ese lenguaje antiguo podría adjudicarse a una falta de información sobre la realidad actual del mundo agropecuario o, sin excluir esa alternativa, a la apelación a un viejo reflejo condicionado capaz de demonizar a un sector culpándolo de las desgracias que sufren muchos otros. Esa gimnasia confrontativa fue reiteradamente practicada por el gobierno, con lógica parecida, tomando como blanco a sectores con poca capacidad de reacción (en primer lugar, con los militares, pero también con los supermercadistas, con algunas empresas).. |
| Esta vez, sin embargo, parece que los sectores agredidos, aunque han asimilado con paciencia algunas de las medidas destinadas a doblegarlos, empiezan a dar muestras de que no se dejarán colgar de la ganchera pasivamente, sin resistencias. En distintos puntos del país se han realizado asambleas de productores que terminan resolviendo medidas de protesta: marchas, caravanas, manifiestos y, en perspectiva cercana, algún paro agropecuario. El tono se ha elevado a partir de las medidas adoptadas por el gobierno prohibiendo las exportaciones de carne y aplicando esta semana sanciones complementarias a la venta al exterior de ganado en pie e, incluso, regulaciones de aplicación retroactiva contra operaciones ya acordadas. En Corrientes, provincia recientemente afectada por la aparición de un brote de aftosa, la asamblea realizada el último viernes de marzo en Mercedes exhortaba a través de carteles a “vacunar contra el virus K”; un documento que circulaba en la asamblea atacaba sin disimulo al gobierno con párrafos como este: “Deseamos que quienes ostentan el poder ahora reconozcan que ellos, junto a la ahora extinta Triple A, fueron los que iniciaron una guerra fratricida antes del golpe de 1976”. La asamblea de productores de Corrientes reaccionaba asimismo contra acciones del gobierno nacional que procuraron boicotear esa reunión: la Gendarmería impidió la llegada de asistentes deteniendo en el camino camiones que los transportaban y hasta detuvo vehículos que llevaban a periodistas que viajaban a cubrir el encuentro. “No queremos que nos obliguen a cortar rutas o puentes internacionales”, planteó el dirigente de las asociaciones rurales correntinas Ricardo Mathó. La postura de los productores comienza a tener ecos favorables en sectores de la opinión pública. Héctor Huergo, editorialista especializado del diario Clarín, destacaba en esas páginas que, al suspender las exportaciones de carne y prohibir “con ardides administrativos y presiones varias, el embarque de 19.000 novillos en pie con destino a Egipto” el gobierno suspendió el ejercicio de industria lícita que la Constitución Nacional garantiza en su artículo 14. En el diario La Nación, entretanto, el doctor Federico A. Young, ex juez nacional y actual productor agropecuario, sostenía el viernes 31 de marzo que “recordando que en un hecho histórico acaba de resolverse la destitución de un funcionario por mal ejercicio de sus funciones, estos mecanismos institucionales de juzgamiento podrían funcionar dado los gravísimos perjuicios en que han sumido al país el Presidente y la ministra de Economía”. Young propuso, más allá del recurso al juicio político, “la imputación de responsabilidad civil en sus patrimonios por actuar con impericia y negligencia en su función”. Como se ve, el sector ha abierto un abanico de reacciones posibles que abarcan desde las medidas jurídicas hasta el recurso a la acción directa, que es el que, como muestra la experiencia, el gobierno ha demostrado respetar (y temer) más. Mientras elige el camino de la confrontación abierta en el tema de la carne, el gobierno empieza a exhibir algunas muestras de desgaste en la gestión. El ministerio de Economía, por caso, sufrió tres bajas en una semana, producto de diferencias de opinión en los propios equipos oficiales y, quizás, por los reparos de algunos funcionarios ante prácticas desviadas. Segundo ejemplo: el ministro de Interior, Aníbal Fernández, tuvo que salir a desmentir ruidosamente su renuncia al cargo. En las filas oficialistas empiezan a acelerarse las pugnas internas ante la creciente evidencia de que el Presidente podría adelantar los tiempos electorales (y reeleccionistas) a marzo de 2007. En la ciudad de Buenos Aires, la caída de Aníbal Ibarra se traduce hasta el momento en un distanciamiento entre el nuevo jefe de gobierno, Jorge Telerman, y el kirchnerismo. Tan curiosa es la situación que Telerman ha transformado en bloque oficialista propio en la Legislatura porteña ¡al del Partido Socialista! Por otra parte, en el escenario de la Capital el incendio de un inmueble en el que funcionaba un taller textil “clandestino” y la muerte en el siniestro de adultos y niños puso de manifiesto otra grave negligencia de los controles, pero, más que esa misma desgracia, subrayó uno de los lados ocultos o maquillados del llamado “modelo productivo”. Más del 50 por ciento de los productos de indumentaria que se comercializan en Argentina provienen de la actividad informal, que incluye distintas variantes del trabajo en negro, sin excluir la virtual reducción a la esclavitud de operarias y operarios, como fue el caso del taller incendidado. Hay sectores de actividad que no están en condiciones de competir legalmente en el mercado ni siquiera con los salarios encogidos que dejó la devaluación del 2002. La idea de que es necesario “producir” cualquier cosa conduce a estas consecuencias o a la que promueven algunos de los teóricos de la devaluación que consiste en devaluar más y/o ofrecer más“facilidades” y subsidios a los sectores no competitivos. Así con los impuestos extraídos a los sectores de mayor productividad y a lo que queda de las clases medias y los trabajadores con mejores convenios empresas se seguiría financiando actividades y empresarios que no pueden sostenerse por sí mismos y gasto público que cada vez tiene menos control de los organismos representativos y técnicos que deberían acotar su discrecionalidad y eventuales abusos. El modelo cada vez hace más ruido. |
| Jorge Raventos , 04/03/2006 |
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