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| BOLIVIA, EL ARTE DE DERRIBAR GOBIERNOS |
La crisis política de Bolivia es la debacle más profunda experimentada por un país sudamericano en los últimos 150 años. Lo cierto es que las elecciones convocadas para diciembre, que corren ahora peligro de postergarse por una controversia judicial, tampoco garantizan la estabilidad política. |
| La constitución boliviana establece que, para ser elegido presidente, es necesario obtener el 50% de los votos o más, algo que jamás ocurrió desde el restablecimiento de la democracia en 1982. En caso contrario, el mandatario será elegido por el Congreso, que en el pasado no siempre ungió al candidato más votado en las urnas. La coalición social y política que derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada, y que luego impuso en las calles y en las rutas la renuncia de Carlos Mesa y el llamado anticipado a elecciones, está conformada básicamente por cuatro sectores. El primero son los productores de coca de la zona de Chapare, en el departamento de Cochabamba, cuyo líder, Evo Morales, es el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), primero en las encuestas electorales. El segundo es el movimiento indigenista encabezado por el ex guerrillero Felipe Quispe, que tiene como objetivo estratégico la creación de una “república aymará”. El tercero es la Central Obrera Boliviana (COB), que lidera Jaime Solares. En cuarto lugar, están las organizaciones sociales de El Alto, la ciudad de 800.000 habitantes aledaña a La Paz, cuya población "baja" periódicamente sobre la capital boliviana para derrocar al gobierno de turno. La confluencia entre estos cuatro sectores es altamente eficaz para derribar gobiernos, pero no para constituirlos. Frente a la “coalición de la ingobernabilidad”, se encuentra el amplio arco de fuerzas políticas tradicionales que sostuvo a Sánchez de Lozada y que gobernó a Bolivia como “democracia pactada” desde 1985 hasta el 2002. Está conformado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), al que pertenece Sánchez de Lozada; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), encabezado por el ex-presidente Jaime Paz Zamora; la Nueva Fuerza Republicana (NFR), liderada por Manfred Reyes; y Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido fundado por el desaparecido general Hugo Banzer, cuyo vicepresidente, Jorge Quiroga, emerge ahora como el candidato con más chance de disputar con Morales el primer puesto en la compulsa electoral. Pero la característica central del conflicto político boliviano no es su contenido ideológico. Esa confrontación se cruza con factores étnicos y regionales que le otorgan una mayor profundidad. Los nueve departamentos que constituyen la geografía política de Bolivia están divididos en dos bandos. Por una parte, está la Bolivia del altiplano, conformada por los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Cochabamba. Por la otra, está la Bolivia oriental, con su forma de "media luna", configurada por los departamentos de Tarija, Santa Cruz de la Sierra, Beni y Pando. La Bolivia altiplánica, culturalmente indígena, es el fuerte de Quispe y de Morales. El común denominador productivo de esa Bolivia indígena, que supo ser la sede de la gran minera del estaño, hoy desaparecida, es el cultivo de la coca. La coalición del altiplano es opuesta a los planes de erradicación de los cultivos de coca. La "otra Bolivia", que es mucho más mestiza que blanca, tiene su asiento principal en Santa Cruz de la Sierra, limítrofe con Brasil y Paraguay. Es el departamento más próspero del país. Alberga al 25% de la población y tiene una pujante economía agroindustrial y ricos yacimientos de combustibles (petróleo y gas), que, en su conjunto, proporcionan un tercio del producto bruto interno boliviano. Junto a Santa Cruz, cada vez más vinculado económicamente con Brasil, forman fila los departamentos de Beni y Pando, dos zonas en las que prospera una agricultura moderna, fuertemente beneficiada por el "boom" de la soja; y al sur Tarija, que concentra alrededor del 80% de las reservas de gas. La reivindicación común de esa "otra Bolivia" es una autonomía política que le permita administrar sus recursos naturales. Santa Cruz y sus aliados regionales rechazan el clásico centralismo político boliviano, reforzado por una constitución unitaria. En enero pasado, el Comité Cívico de Santa Cruz provocó la renuncia del prefecto designado por el también derrocado Carlos Mesa y convocó una gigantesca concentración popular, autodenominada "Cabildo Abierto", que impulsó la constitución de una "asamblea preautonómica" de aproximadamente doscientos miembros, integrada, entre otros, por los tres senadores y veintitrés diputados del departamento, los alcaldes municipales y representantes de las organizaciones empresarias y sociales. La iniciativa, acompañada por Beni, Pando y Tarija, constituye un virtual ultimátum político regional. De hecho, en Santa Cruz existe una creciente tendencia a la reivindicación de una "nación cambá", culturalmente bien diferenciada de la Bolivia indígena. En este complejo tablero de conflictos políticos, regionales y étnicos, juega con creciente vigor el "factor Chávez". El líder venezolano, empeñado en promover el surgimiento de una corriente "bolivariana" en el escenario regional, financia a Morales. Chávez trata también de hacer pie en la oficialidad joven del Ejército boliviano. Para ello, potencia la reivindicación marítima de Bolivia, a fin de azuzar el fuerte sentimiento nacionalista antichileno de los militares. Pero hay otro elemento que introduce Chavez en este escenario. La consigna de la estatización de los hidrocarburos, que la Bolivia del altiplano ha colocado al tope de sus reivindicaciones, empalma con la estrategia de Chávez de impulsar la creación una gran compañía petrolera estatal sudamericana. La gobernabilidad y el crecimiento económico corren por vías paralelas en América del Sur. Y la primera no depende de la segunda. La región tuvo en el 2004 la tasa más alta de expansión de los últimos 25 años, con un auge de 5.6% promedio, mientras los presidentes caían en forma sucesiva en el arco andino. Bolivia creció 3.6% en el 2004 (según la CEPAL 3.8%) la tasa más alta desde el inicio de la recesión en 1999, coincidente con la crisis de la “democracia pactada”, que eclosionó con la “revuelta del agua” del 2000 en Cochabamba, y llevó luego al derrocamiento de Sánchez de Lozada por la insurrección del 2002. También el ingreso per capita ha crecido 1.3%, revirtiendo la tendencia de los cinco años previos en que registró tasas negativas o cercanas a cero. La CEPAL espera en el 2005 un crecimiento todavía mayor, entre 3.5 y 4% del PBI, por el auge del sector externo (gas-combustible y soja) o, lo que es igual, por Tarija y Santa Cruz de la Sierra. Algo está claro en la crisis boliviana: ni Santa Cruz de la Sierra ni Tarija, que ya avanzan decididamente en la senda del autogobierno, están dispuestas a admitir una fórmula que suponga la estatización de los recursos de su subsuelo y su manejo desde La Paz. Ante ese peligro, podrían pasar de la autonomía que ya ejercen en la realidad de los hechos, a la temida variante de la secesión; presente, nítidamente, en la lógica de los acontecimientos. Publicado en el Diario Perfil el 2/10/05 |
| Jorge Castro , 03/10/2005 |
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