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| Diccionario Político Boliviano |
La crisis política de Bolivia es la debacle más profunda experimentada por un país sudamericano en los últimos 150 años. Por primera vez desde el nacimiento del Uruguay, ocurrido en 1828, aparece en la región el fantasma de una fragmentación territorial que puede tener más las características sangrientas que acompañaron a la desintegración de la antigua Yugoeslavia que la tónica pacífica del divorcio por mutuo consentimiento que permitió la disolución de Checoslovaquia. |
| La crisis política de Bolivia es la debacle más profunda experimentada por un país sudamericano en los últimos 150 años. Por primera vez desde el nacimiento del Uruguay, ocurrido en 1828 como resultado del acuerdo que puso fin a la guerra entre la Argentina y Brasil, aparece en la región el fantasma de una fragmentación territorial que, por su honda conflictividad, puede tener más las características sangrientas que acompañaron a la desintegración de la antigua Yugoeslavia que la tónica pacífica del divorcio por mutuo consentimiento que permitió la disolución de Checoslovaquia. La renuncia de Carlos Mesa, precedida por el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada ("Goni") en octubre de 2003, cuyo detonante fue el frustrado proyecto de exportación de gas a Estados Unidos a través de un puerto chileno, y seguida por las dimisiones forzadas de los titulares del Senado, Hormando Vaca Diez, y de la Cámara de Diputados, Mario Cossio, constituyen otros tantos síntomas de un proceso de degradación institucional que no parece haberse detenido con la asunción de Eduardo Rodríguez, una designación que también supone un hecho inédito: aunque se trate de una prescripción establecida en la mayoría de los textos constitucionales, es la primera vez en la historia universal que el presidente de la Corte Suprema de Justicia asume la vacancia del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que la convocatoria electoral tampoco garantiza ni por asomo la estabilidad política. La constitución boliviana establece que, para ser elegido presidente, es necesario obtener el 50% de los votos, algo que no ha ocurrido desde el restablecimiento de la democracia en 1982. En caso contrario, el primer mandatario será elegido por el Congreso, que en el pasado no siempre ungió al candidato más votado en las urnas. En esta oportunidad, la convocatoria electoral, realizada para completar el mandato interrumpido de Sánchez Lozada y su vicepresidente Mesa, no incluye la renovación parlamentaria. Por lo tanto, el Congreso que elegirá el próximo presidente será el mismo que tuvo que mudarse para sesionar de La Paz a Sucre (la capital nominal de Bolivia), pero que ni siquiera así pudo garantizar la asunción de la primera magistratura por sus dos titulares, Vaca Diez y Cossio. La coalición forjada en contra de Sánchez de Lozada, que impuso en las calles y en las rutas la renuncia de Mesa y el llamado anticipado a elecciones, está conformada básicamente por cuatro sectores. El primero es el sector de productores de coca de la zona de Chapare, en el departamento de Cochabamba, cuyo líder, Evo Morales, es a la vez el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), que aspira a ganar las próximas elecciones presidenciales. El segundo de esos sectores es el vasto movimiento indigenista encabezado por el ex guerrillero Felipe Quispe, que más allá de ciertas maniobras tácticas tiene como planteo ideológico y como objetivo estratégico la creación de una “república aymará”. El tercer sector en importancia es la Central Obrera Boliviana (COB), cuyo titular, Jaime Solares, descree de una salida electoral y postula como alternativa una convergencia entre el sindicalismo y un sector nacionalista de las Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, cabe inscribir al sector liderado por Abel Mamani, titular de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la ciudad boliviana de 800.000 habitantes aledaña a La Paz (como si el conurbano bonaerense estuviese concentrado en una urbe vecina a Buenos Aires), con población indígena, proveniente del interior del país, que "baja" periódicamente sobre la capital boliviana para derrocar al gobierno de turno. La confluencia entre estos cuatro sectores es viable para voltear gobiernos pero no para edificarlos. Frente a esta suerte de vasta “coalición de la ingobernabilidad”, está el amplio arco de fuerzas políticas que, desde adentro del gobierno o desde el Parlamento, sostuvieron al derrocado Sánchez de Lozada. Está conformado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), al que pertenece Sánchez de Lozada; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), encabezado por el ex-presidente Jaime Paz Zamora; la Nueva Fuerza Republicana (NFR), liderada por Manfred Reyes; y Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido fundado por el desaparecido general Hugo Banzer, un caso curioso de un ex-presidente militar (1971-78) que luego fuera elegido mandatario constitucional en 1997 y falleciera en ejercicio de la primera magistratura, cuyo vicepresidente, Jorge Quiroga, quien lo sucedió en el cargo para terminar el mandato legal, emerge actualmente como el candidato presidencial con más posibilidades de disputar con Morales el primer puesto en la compulsa electoral que se avecina. Paradójicamente, el MNR es la fuerza política fundada por Víctor Paz Estenssoro, jefe de la revolución boliviana de 1952, que tras de derrotar al Ejército (un caso único en América del Sur) realizó la reforma agraria y la nacionalización de las explotaciones mineras, que terminó con el predominio de los barones del estaño, cuya expresión paradigmática era la familia Patiño, pero que luego, a mediados de la década del 80, durante un nuevo mandato presidencial, y precisamente con Sánchez de Lozada como Ministro de Economía, impulsó la apertura económica y privatizó esos mismos yacimientos minerales. El MIR boliviano fue un desprendimiento de izquierda del MNR. Muchos de los ex-mineros despedidos en tiempos de Paz Estenssoro fueron los primeros plantadores de coca en la zona de Chapare, hoy convertida en el bastión geográfico de Morales. En algún sentido, el líder cocalero asume una sugestiva continuidad histórica de Juan Lechín, quien fue el caudillo de los mineros bolivianos y acompañó a Paz Estenssoro al principio para luego enfrentarlo duramente, pero cuyo sindicato mantuvo, en las más variadas circunstancias políticas, el virtual control de la minería estatal hasta su privatización. Tan fuerte es esa asociación histórica entre Morales y Lechín que hasta no hace mucho tiempo el principal ladero político del titular del MAS era el veterano senador Filemón Escobar, un antiguo lugarteniente de Lechín. En última instancia, puede afirmarse que antes que un líder político nacional, Morales, como Lechín, es el caudillo sindical que maneja un sector clave de la economía boliviana, como el cultivo de coca, al igual que antes Lechín controlaba los yacimientos mineros, que proveían tradicionalmente el principal rubro de exportación de Bolivia. LA DIMENSIÓN REGIONAL Pero la característica central del conflicto político boliviano no es su fuerte contenido ideológico. Lo verdaderamente determinante es que esa confrontación se cruza con importantísimos factores étnicos y regionales que le otorgan una casi insondable profundidad. Los nueve departamentos que constituyen la geografía política de Bolivia están profundamente divididos en dos bandos. Cinco de ellos se agrupan de un lado y cuatro del otro. Por una parte, está la Bolivia del altiplano, conformada por los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Cochabamba. Por la otra, está la Bolivia oriental, por su forma en el mapa denominada la "media luna", configurada por los departamentos de Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni y Pando. La Bolivia altiplánica, la de las "tierras altas", culturalmente indígena (hay 36 etnias aborígenes), es el fuerte de Quispe y de Morales. La "nación aymará", reivindicada por Quispe, tiene límites geográficos muy difusos porque presenta marcadas discontinuidades territoriales. Incluye una parte del sur de Perú y hasta pequeñas porciones del norte de Chile y la Argentina. Hay razones para considerar que las rebeliones indígenas que el año pasado culminaron con el linchamiento de dos alcaldes en sendos pequeños municipios meridionales peruanos no fueron ajenas a la estrategia de Quispe. Algo similar puede decirse de la frustrada asonada militar del teniente coronel Antauro Humala, ocurrida en la misma región a principios de este año, una rebelión autodenominada "etnocacerista" ("etno" por su raíz indigenista y "cacerista" en referencia al general peruano Andrés Avelino Cáceres, quien encabezó una guerrilla que combatió a las tropas de invasión chilenas que ocuparon Lima en la guerra del Pacífico de 1879, en la que Bolivia perdió su salida al mar). Morales, por su parte, viajó meses atrás al sur de Perú para asistir al acto fundacional de una filial del MAS en el país vecino. Desde el avance cocalero en el Chapare, iniciado a fines de la década del 80, la región de Cochabamba, que históricamente actuaba como colchón amortiguador dentro de ese conflicto, quedó alineada con el altiplano. En rigor de verdad, el común denominador productivo de esa Bolivia indígena es actualmente el cultivo de la coca, cuya rápida extensión le otorgó paradójicamente cierta viabilidad económica a una región que hasta ahora había estado refugiada en una economía de subsistencia y absolutamente desconectada del sistema económico mundial. La coalición del altiplano, monolíticamente opuesta a los planes de erradicación de los cultivos de coca, se mantiene trabajosamente unida alrededor de otras dos consignas fundamentales: la convocatoria a una asamblea constituyente para "refundar Bolivia" y la estatización de los hidrocarburos, hoy explotados básicamente por dos compañías: la española Repsol-YPF y la brasileña Petrobras. La "otra Bolivia", la de las "tierras bajas", que es mucho más mestiza que blanca, tiene su asiento principal en Santa Cruz, limítrofe con Brasil y Paraguay. Es el departamento más poblado y próspero del país. Alberga al 25% de la población y tiene una pujante economía agroindustrial y ricos yacimientos de combustibles (petróleo y gas), que en su conjunto proporcionan un tercio del producto bruto interno boliviano. Junto a Santa Cruz, cada vez más vinculado económicamente con Brasil, forman filas los departamentos Beni y Pando, dos zonas en las que prospera una agricultura moderna, fuertemente beneficiadas por el "boom" de la soja, y al sur Tarija, limítrofe con la Argentina, que concentra alrededor del 80% de las reservas de gas. Tarija formó parte de la Argentina hasta un año después del nacimiento de Bolivia como estado independiente. La reivindicación común de esa "otra Bolivia" es la autonomía política que le permita autogobernarse y administrar sus recursos naturales. Santa Cruz y sus aliados regionales rechazan el clásico centralismo político boliviano, reforzado por la vigencia de una constitución marcadamente unitaria. Con un planteamiento muy similar al de la Liga del Norte italiana, consideran que el gobierno central de La Paz expropia los recursos fiscales de sus economías locales para desviarlos hacia la Bolivia andina. Significativamente, Vaca Diez, dirigente del MNR, es de Santa Cruz, y Cossio, dirigente del MIR, es de Tarija. En enero pasado, el Comité Cívico de Santa Cruz, presidido por Germán Antelo, provocó la renuncia del prefecto designado por Mesa (en la Bolivia unitaria los prefectos, equivalentes de los gobernadores, son nombrados por el presidente) y convocó una gigantesca concentración popular, autodenominada "Cabildo Abierto", que impulsó la constitución de una "asamblea preautonómica" de aproximadamente doscientos miembros, integrada entre otros por la totalidad de los tres senadores y veintitrés diputados del departamento, los alcaldes municipales y representantes de las organizaciones empresarias y sociales. Esa asamblea resolvió convocar a un "referéndum autonómico" para el próximo 12 de agosto, con o sin el consentimiento del gobierno central, en el que pretende elegir democráticamente un nuevo prefecto. La iniciativa, acompañada por Beni, Pando y Tarija, constituye un virtual ultimátum político regional. De hecho, en Santa Cruz existe una creciente tendencia a la reivindicación de una "nación camba", culturalmente bien diferenciada de la Bolivia indígena, sugestivamente acompañada por la reaparición de una vieja bandera local, de color verde y blanca, y de un himno propio. VENEZUELA Y EL PETRÓLEO BOLIVIANO En este complejo tablero de conflictos políticos y regionales, juega con creciente vigor el "factor Chávez". El líder venezolano, empeñado en promover el surgimiento de una corriente "bolivariana" en el escenario regional, financia a Morales. La inteligencia norteamericana teme inclusive un posible desvío hacia Bolivia de parte del poderoso arsenal militar liviano recientemente adquirido por Venezuela a España. Chávez trata también de hacer pie en la oficialidad joven del Ejército boliviano. Para ello, potencia la reivindicación marítima de Bolivia, a fin de azuzar el fuerte sentimiento nacionalista antichileno de los militares. Chávez llegó a declarar públicamente su aspiración a "bañarse en una playa boliviana". A su vez, Morales definió a Chile como el "Israel de América del Sur", caracterización referida al supuesto papel del país trasandino como "peón" de Estados Unidos en el Cono Sur americano. Al respecto, cabe recordar que en las elecciones presidenciales de 2003, que llevaron al gobierno nuevamente a Sánchez de Lozada, quien ya había ejercido la primera magistratura entre 1993 y 1998 (después del segundo mandato de Paz Estenssoro) el entonces derrotado Morales, que ocupó el segundo puesto, llevó como compañero de fórmula al general José Ayoroa, un oficial retirado con cierto prestigio en las Fuerzas Armadas. Habría que agregar que en los días previos a la renuncia de Mesa, la COB y su jefe Solares exigieron públicamente la conformación de un "gobierno cívico-militar". Pero el abierto respaldo venezolano a Morales y el intento de fortalecer una corriente "bolivariana" dentro de la oficialidad joven del Ejército, no es el único ingrediente externo que actúa detrás del telón en esta conmocionada Bolivia del altiplano. Hay fuertes indicios de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también colaboran con el líder cocalero, así como de la existencia de antiguos vínculos entre Quispe y elementos de Sendero Luminoso, una organización que hizo siempre de la ideología "indigenista" su principal recurso propagandístico. La consigna de estatización de los hidrocarburos, que la Bolivia del altiplano ha colocado al tope de sus reivindicaciones, empalma con la estrategia de Chávez de impulsar, desde la empresa estatal Petróleos de Venezuela, la conformación de una gran compañía petrolera pública sudamericana, una iniciativa que no tuvo ningún éxito con Petrobras, pero que sí encontró acogida en el gobierno argentino, que busca otorgar algún sentido a la reciente creación de ENARSA, una empresa estatal que hasta ahora sólo existe en los papeles. Algo está claro: ni Santa Cruz de la Sierra ni Tarija, que ya avanzan decididamente en la senda del autogobierno en el marco de una posible Bolivia federal, están dispuestas a admitir ninguna fórmula que suponga la estatización de los recursos de su subsuelo y su manejo desde La Paz. Ante semejante peligro, hasta podrían sentirse obligadas a pasar del camino de la autonomía a la temida variante de la secesión, lo que en términos prácticos supone una guerra civil. Hasta la caída de Mesa, en Bolivia rigió lo que algunos politólogos apodaron el "empate catastrófico". El peligro ahora es que más catastrófico aún resulte el desempate. |
| Pascual Albanese , 11/06/2005 |
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