El peso de las consecuencias

 


Una vieja máxima postula que en política se puede hacer casi cualquier cosa, salvo evitar las consecuencias. Néstor Kirchner está experimentando en estos días la dosis de verdad de ese epigrama.
El gobierno libró casi desde el primer día una batalla (que ganó) para deslizar el poder de la Justicia hacia el polo jurídico que se ha denominado “garantista”, una tendencia a la que se atribuye, con mayor o menor fundamento, jerarquizar procesalmente los derechos de los delincuentes por sobre los de sus víctimas. El establecimiento de una nueva Corte Suprema con la designación de varios magistrados de esa línea y la promoción de jueces garantistas en niveles menores, incluyendo miembros de Cámaras, fue el resultado triunfal de aquella decisión política.

Irónicamente, en los últimos diez días, el mismo gobierno, apurado por mostrarse aliado a un movimiento fuerte de la opinón pública que hizo oir su protesta contra el dictamen de una Cámara dominada por el garantismo, terminó entreverado en una pelea con el sistema judicial en su conjunto y debió soportar críticas durísimas de juristas, académicos y magistrados que lo acusaron de intentar “el uso político” de una situación dolorosa y de ejercer presiones inadmisibles sobre el más débil de los tres poderes constitucionales.

Inclusive muchos jueces que políticamente simpatizan con el gobierno se sumaron a esa reacción, temerosos de que las necesidades que experimenta la Casa Rosada en un año electoral como éste terminen empujándola a montarse sobre el talante eventualmente violento de algunas reacciones públicas poniendo en la picota a los magstrados. Al fin de cuentas, dos viernes atrás hubo manifestantes decididos a prender fuego a instalaciones de los tribunales. Otros magistrados alimentaron su prevención evocando los antecedentes de Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz, particularmente sus manejos con la Justicia provincial.

La reacción judicial exacerbó el ánimo siempre listo a la confrontación del Presidente, quien en actos públicos enarboló epítetos contra ellos. Hasta un dirigente que hoy luce cercano al gobierno, como Raúl Alfonsín, apuntó ante la prensa que a Kirchner se le había “ido la mano”.

El choque con la Justicia entreabrió para el gobierno un expediente de naturaleza institucional. Un costo actual y potencialmente alto para un episodio que nació, si bien se mira, de una consecuencia de sus actos.

También resulta alto el precio de otra consecuencia. Si Aníbal Ibarra se ha transformado en una carga cada día menos soportable para el oficialismo es porque en su momento fue la Casa Rosada la que se pegó a él para garantizarle su segundo mandato, dos años atrás. Durante meses el Jefe de Gobierno porteño fue exhibido como aliado privilegiado de Kirchner, pilar de la edificación “transversal”. A través del vínculo entre Ibarra, su hermana (la senadora por la Capital) Vilma y el Jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández, se comenzó a estructurar lo que se veía como fuerza propia del Presidente en la Ciudad Autónoma. Después vino Cromagnon (consecuencia de otros actos) y la operación despegue se hizo difícil. Ibarra navega cada vez más solo hacia su eclipse, pero el costo de su deterioro político pesa también sobre el gobierno nacional, por más reticencia que ahora exprese ante esa mala compañía. La Casa Rosada contribuyó a su victoria sobre Mauricio Macri y participó de una fiesta que termina melancólicamente con el pase de facturas. Consecuencias.

¿Debería el Presidente desertar el 25 de mayo próximo del tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana y mudar su festejo a Santiago del Estero si previamente no se hubiera apostado a una absurda confrontación con la Iglesia? La inédita supresión de una ceremonia que se ha desarrollado sin excepción desde 1810 entraña un costo que no es menor, porque los símbolos y las tradiciones encarnan valores comunitarios acendrados, constituyen el tejido conjuntivo de una sociedad.

¿Puede hoy la autoridad reclamar a los encabritados estudiantes repentinamente adscriptos a métodos piqueteros que respeten el orden y cumplan las normas cuando durante meses se predicó (y se concretó) otro discurso en relación con agrupaciones que en el diagrama oficial se dibujaban como “propias”?¿Cuando el asalto a una comisaría de la Boca no parece tener responsables y cuando uno de sus animadores figura como aliado y hasta vocero informal del oficialismo? El clásico “cosecharás tu siembra” no es una advertencia banal. ¿Cosecharemos una sociedad piquetera o será mejor empezar a esparcir semillas de unión, orden, legitimidad, normalidad?

Al promediar su mandato, Kirchner le envía a la sociedad su mensaje plebiscitario: pide más poder. Más que el que le otorga la mayoría justicialista en el Congreso, más que el que le rindió el Congreso al otorgarle poderes especiales. La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es: ¿más poder para qué? ¿Para seguir sembrando lo mismo o acaso para cambiar? Y en todo caso, ¿en qué sentido?

Que habrá algunos cambios, lo indica el sentido común, aunque el gobierno no los haga explícitos. Hay ministros que dejarán sus asientos para intentar trocarlos por bancas legislativas: el de Justicia, probablemente el de Relaciones Exteriores, el Secretario Legal y Técnico. Esos cambios, en verdad, no le modifican el pulso a nadie, salvo, en todo caso, a los intersados.

Interesa más saber si se irá Roberto Lavagna. El ministro de Economía ha confesado ya varias veces sus ganas de dejar el cargo a amigos y confidentes. La última vez, hace menos de una semana. Cuando se quejó en público, ante un auditorio inopinado congregado por la DAIA, del “populismo setentista” y cuestionó la tentación del “reparto fácil” pareció evidente que estaba quebrando lanzas ante el propio Presidente.

¿Qué es lo que separa a Kirchner de Lavagna? Hay quienes dicen que las diferencias se centran en la sintonía fina del programa económico para los meses próximos. En rigor, la divergencia está en el programa presidencial. Si lo que Kirchner busca es acumular más poder, necesita liberarse de un ministro con el que tiene casi plenas coincidencias programáticas pero que no goza de su confianza por la independencia que procura preservar, por la ambición política que cree adivinar en él y por los lazos sutiles con Eduardo Duhalde que le atribuye a Lavagna. Ultimo, pero no menos importante: por las tensiones que enfrentan al titular del Palacio de Hacienda con hombres de su mayor intimidad, como Julio De Vido.

El más reciente episodio de roces entre Presidente y ministro se produjo a raíz de varios artículos publicados en La Nación por Joaquín Morales Sola, en los que el empinado columnista hablaba del malestar “de embajadas de países centrales” por algunas gestiones oblicuas de funcionarios del gobierno ante empresas extranjeras, realizadas con la excusa de “facilitar trámites”. Aunque el articulista no mencionaba ministerio alguno, en el entorno presidencial, misteriosamente, se interpretaron las notas de La Nación como misiles teledirigidos de Lavagna contra De Vido.

En cualquier caso, los roces volvieron a exponer al oficialismo a las insinuaciones de corrupción, que ya saltan del runrún y las entrelíneas a los comentarios más atendidos de la gran prensa (el hoy enmudecido caso Southern Winds y las sospechas sobre la Secretaría de Transporte son un antecedente próximo).

Casualmente, tras el primer artículo de Morales Solá ocurrieron algunos hechos apuntados contra el hijo del ministro de Economía, que ejerce la titularidad de la consultora que fundó su padre. Capítulo siguiente: la declaración de Lavagna sobre el populismo setentista. Próxima puntada: intervención del ministro de Interior contra Lavagna: “El que manda es el Presidente”.

Pese al té y simpatía y al “no pasa nada” con que el economista y Kirchner quisieron disimular lo obvio, nadie apuesta ya a una presencia extendida de Lavagna en el gobierno. Para llegar a las elecciones con todo el gas el Presidente preferiría un ministro que no le evoque las consecuencias si necesita gastar a cuenta para acercarse apoyos en su lucha por conquistar “más poder”.

La madre de todas las batallas en la cruzada plebiscitaria sigue siendo, sin embargo, la que se libra en el escenario bonaerense. Felipe Solá, con el aliento de la Casa Rosada, ha desafiado la hegemonía de Eduardo Duhalde y amenaza al justicialismo de la provincia con una ruptura: ya hay convocados dos congresos partidarios para la semana próxima, uno (con segura mayoría de delegados) sostenido por el duhaldismo y otro (con al menos un tercio de los congresistas, según el felipismo) motorizado por Solá. El gobernador cuenta con el respaldo de 50 intendentes y dice registrar entre sus apoyos algunas columnas proporcionadas desde la Casa Rosada: dos ministros del Ejecutivo nacional y un influyente sindicalista e intendente del Gran Buenos Aires, todos ellos provenientes de las filas de Duhalde. El objetivo de Solá es que su congreso vote la adhesión justicialista al Frente de la Victoria de Kirchner, nomine la candidatura de la primera dama a la senaduría por la provincia de Buenos Aires y empiece a trabajar para el armado de listas propias, en el convencimiento de que no habrá acuerdo en el distrito, salvo que Duhalde se rinda ante la Casa Rosada. En ese escenario, Kirchner empuñaría la lapicera para dibujar la boleta a cargos nacionales y Solá, con el consejo de sus hombres de consulta –uno de ellos, el cada vez más influyente presidente del bloque felipista de senadores provinciales, Juan Amondaráin- escogería el grueso de los candidatos a bancas en la Legislatura.

Duhalde, con discreción, mueve sus trebejos en el tablero. Sabe que cuenta con mayoría propia en el cuerpo de congresales del Partido Justicialista, confía en la solidez de su aparato y aprieta la soga que ciñe al gobernador: esta semana en la Legislatura se dio el primer paso institucional para someter a Solá y a uno de sus ministros a juicio político. La propuesta fue del ARI, pero no podría haber prosperado sin el respaldo de Duhalde y su sistema de alianzas bonaerenses. Un juicio político es la antesala de un cambio, pero –como recordó sutilmente la vicegobernadora Gianettasio, duhaldista y obvia destinataria de una eventual sucesión- sólo es “un último recurso”.

Kirchner tiene que elegir con qué fuerzas bonaerenses encarará su batalla plebiscitaria. Tiene opciones. Cualquiera que escoja tendrá sus consecuencias.
Jorge Raventos , 23/05/2005

 

 
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