Plebiscito

 


La intrépida pirueta del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de anunciar un plebiscito para “que sea el pueblo y no los aparatos” quien decida si debe irse o quedarse en su cargo ha sido caracterizada como “valiente”, “honesta” y “audaz” por distintos voceros del oficialismo y sus aliados, así como por un sector del periodismo que oscila entre la pereza y la recaudación. Si se observa con mayor atención el presunto salto mortal temerario de Aníbal Ibarra se llega a la conclusión de que es apenas una vuelta carnero…con red.
Ibarra y su aparato mediático intentan, en rigor, instalar la idea de un plebiscito confirmatorio o, a lo sumo, neutro, en el que se pregunta a la ciudadanía si el funcionario debe irse o quedarse. Tal tipo de consulta de participación obligatoria no está contemplado en la Constitución porteña. Lo que el artículo 67 de esa norma fundamental de la Ciudad Autónoma prevé es un referéndum vinculante (que deberá ser convocado por el Tribunal Superior) como procedimiento para dirimir una cuestión previa: el derecho (del electorado) a “requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño”. Esa iniciativa debe ser suscripta por el veinte por ciento del padrón electoral del distrito.

De allí que resulte ridículo el planteo de Ibarra y, más aún, su baladronada de “juntar medio millón de firmas” para avalarlo. ¿Es que va a pedir su propia revocatoria y recolectar apoyos para eso? Si lo que quisiera fuese, en verdad, revocar su mandato (y el de su copiloto, Jorge Telerman) no harían falta 500.000 firmas. Alcanzaría con las de ellos dos debajo de un texto de dimisión.

Tan esperpéntica es la “valiente” propuesta de Ibarra, que conviene preguntarse porque ha decidido encuadrarse en el artículo 67 y no en el precedente, que lo autoriza a convocar a consultas “no vinculantes” y que, eventualmente, lo habilita a formular la pregunta a la ciudadanía sin el reclamo masivo de revocatoria que es el que dispara el mecanismo del artículo 67. Bien podrían él y Telerman convocar a esa consulta no vinculante con el compromiso previo de aceptar su veredicto y renunciar de inmediato en caso de que la mayoría de los ciudadanos vote por esa alternativa.

La respuesta a aquel interrogante es la siguiente: el artículo 67 establece una “mayoría especial” –en rigor: muy especial- para que la revocatoria se efectivice: requiere una mayoría superior al 50 por ciento del padrón electoral.

En la segunda vuelta de los comicios de 2003, Ibarra obtuvo su reelección con un 53,5 por ciento…de los votos emitidos. En relación con el total de los electores inscriptos su porcentaje se reduce a 37,6 por ciento. Es decir: para obligarlo a irse se necesita un tercio más de los votos que él necesitó para llegar. O, dicho de otro modo: si la concurrencia al referéndum de revocatoria fuera igual a la de la segunda vuelta del año 2003, para que el apartamiento obligatorio fuera efectivo se necesitaría el apoyo del 70 por ciento de los votantes. La no concurrencia no sería neutral: jugaría objetivamente en contra de la revocatoria o, si se quiere, a favor de la permanencia del Jefe de Gobierno. La doctora Carrió quizás no ha reflexionado sobre este punto.

Puede darse el caso de que un 60 por ciento de los votantes apoye el pedido de revocatoria. No sería una mayoría suficiente en los términos del artículo 67 de la Constitución porteña para que Ibarra deba irse; inclusive si en números absolutos la cifra superase los sufragios que él obtuvo en el ballotage del año 2003.

Por cierto: un resultado así dejaría al gobierno de la ciudad más agonizante de lo que hoy está (lo que es mucho decir), pero jurídicamente Ibarra podría alegar –un verbo que él conjuga habitualmente- que no se cumplen los requisitos constitucionales para dejar el cargo. La revocatoria habría fracasado y el gobierno seguiría en pie prácticamente muerto, una situación institucionalmente tan endeble que podría inclusive abrir la puerta a una intervención del gobierno nacional.

La leguleya, desesperada –que no “valiente”- maniobra de Ibarra tiende a cambiar el eje del debate sobre las muertes masivas en la discoteca de Cromagnon y a ganar tiempo, con la ilusión de recuperar el poder que ya ha perdido. Su apuesta juega con la indignación de las familias de las víctimas, con la crítica de la ciudadanía a la negligencia e irresponsabilidad del gobierno de la ciudad y hasta con la suerte de la autonomía de Buenos Aires.

Carta enviada al diario La Nación.
Jorge Raventos , 03/01/2005

 

 
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