En Naciones Unidas, hay dos votos sobre Cuba. El de los derechos humanos y el que trata del embargo económico y comercial norteamericano a la isla. |
El primero gira en torno a la existencia, o no, del debido respeto de los derechos humanos de los habitantes del territorio cubano por parte de su propio gobierno.
El segundo corresponde a la prohibición que el Estado norteamericano ha impuesto a sus empresas y ciudadanos de comprar o vender a Cuba.
El voto sobre los derechos humanos se emite en un Comité especial de Naciones Unidas con sede en Ginebra. El del embargo es más abierto, con más participantes, directamente en la Asamblea General de ese organismo.
El de los derechos humanos es motorizado por Washington pero recoge mucha compañía de buena parte del mundo, especialmente de aquellos países reconocidamente respetuosos de los derechos humanos.
El del embargo es directamente una iniciativa de los EE.UU. que Washington al principio intentó pero en seguida desistió de convencer a otros Estados para que lo acompañen. Data de 1961 y se trata de una verdadera política de Estado: el embargo nació en el Legislativo, lo mantuvieron ya siete Ejecutivos demócratas y republicanos, no lo objetó la Justicia y para las elecciones del martes próximo aparece con respaldo en el discurso de ambos candidatos.
En ambos votos todo lo que las Naciones Unidas terminan produciendo es una simple exhortación: a que se levante el embargo, en un caso, y, en el otro, a que el régimen cubano permita una inspección en su territorio por parte de la ONU. No más que eso.
Cuando se vota sobre derechos humanos no es para pronunciarse acerca de si en tal o cual país (en este caso Cuba) existen violaciones. Es solo para exhortar a que se permita a una comisión internacional objetiva para que estudie el caso e informe a las Naciones Unidas. No es una “condena” o una “absolución.” Es, simplemente, que atento reiterados informes de Amnesty International, Human Rights Watch, otras organizaciones neutrales y los partes diplomáticos de numerosas embajadas acreditadas en La Habana, existen indicios suficientes como para recomendar una inspección in situ.
En el caso del embargo, Washington sostiene que no debiera llevarse a votación porque se trata de una cuestión bilateral de ellos con Cuba. El mundo responde que el instrumento puede ser comercial bilateral, pero sus efectos se aproximan peligrosamente a la afectación de los derechos humanos de los habitantes de la isla.
En el que atañe a los derechos humanos, los países de América han votado en uno u otro sentido. En el del embargo, sufragaron invariablemente por su levantamiento.
El voto de Argentina en los derechos humanos de Cuba osciló de la abstención (no opina) de Alfonsín, a la afirmativa de Menem (a favor de las inspecciones), otra vez a la afirmativa en el primer año de Duhalde, para regresar a la abstención en el segundo del mismo presidente y en lo que va del gobierno de Kiirchner. La posición del actual gobierno surge evidente de una declaración de nuestro canciller: “No me consta que en Cuba se violen los derechos humanos.”(*)
En cambio, respecto del embargo, Argentina ha tenido siempre una misma política: rechazarlo. Más aún, el primer voto fue instalado durante el mandato inicial de Menem. Desde entonces, todos los gobiernos argentinos mantuvieron el mismo criterio y fundamentos personalmente elaborados por el entonces canciller Di Tella. Hace unos días, el 28 de octubre, el embargo tornó a ser derrotado por 178 votos contra cuatro y unas pocas abstenciones. Los países de América, otra vez, sufragaron unánimemente en sentido del rechazo.
Esa constante posición argentina se encuentra puntualmente registrada en los anales de las numerosas reuniones multilaterales de la región y en todos y cada uno de los encuentros bilaterales que todos los cancilleres, desde Di Tella a la fecha, han mantenido con sus pares norteamericanos.
Las relaciones de Cuba y Argentina –sociedades recíprocamente entrañables- registran algunos picos destacados. El gobierno de Frondizi trabajó denodadamente para impedir la expulsión de Cuba de la OEA, con peligro para su propia estabilidad institucional interna, muy amenazada desde el frente militar que finalmente lo derrocaría. Desgraciadamente, cuando el régimen cuestionado por los derechos humanos fue el de Videla, la Habana privilegió su alineamiento automático con la URSS y, junto con ella y todos los gobiernos de izquierda, votó a favor de la dictadura argentina. Inversamente, en 1982, cuando Malvinas, Cuba ayudó mucho para que en la ONU no se suprimiera nuestro reclamo en el Comité de Descolonización, como procuraba Inglaterra. Hasta la gestión de Caputo incluida, el país presentador de los derechos argentinos en ese Comité era precisamente Cuba. A partir de Di Tella y el espectacular vuelco en la relación con Chile - que expresó formales excusas por su lamentable comportamiento durante la guerra- la presentación pasó a hacerse desde Santiago.
La argumentación de Di Tella, que luego conformó política de Estado al respecto, es que perjudica mucho e injustamente a la población y muy poco al régimen al que se pretende sancionar.
En su opinión, carecía de lógica proteger los derechos humanos de una sociedad en uno de los votos y, por el otro lado, aplicar a esa misma gente un embargo que agravaba el nivel de penurias a que ya lo sometía el régimen que lleva cuarenta y seis años gobernando en ese país. El embargo es no solo injusto sino también contraproducente: permite al castrismo, principal responsable de lo que pasa en la isla, atribuir todas las calamidades a la existencia del embargo.
La insistencia de Washington en mantener una medida tan mayoritaria y persistentemente rechazada por América Latina se explica solo a partir de la influencia electoral de los exiliados cubanos concentrados en la Florida. Trece años consecutivos de unánime rechazo de sus vecinos sin que a Washington se le mueva ni un pelo conforma una medida precisa de la escasa importancia que desde allí se otorga a nuestra opinión cuando entra en conflicto con alguna política interna norteamericana. Y la urgente necesidad de que la futura administración, gane Bush o gane Kerry, honre de una vez por todas sus ya largamente retrasadas promesas de establecer una política completa y articulada en diálogo franco con el resto de los países americanos.
(*) En el diario La Nación, en oportunidad del voto sobre derechos humanos en Cuba, año 2004
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Andrés Cisneros , 01/11/2004 |
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