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| Seguridad, justicia, libertad . |
Jorge Raventos analiza la evolución de la situación política argentina a la luz del singular fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de la pesificación asimétrica. |
| Tras el celebrado rescate de Patricia Nine, secuestrada durante casi un mes, el gobierno nacional sacó pecho en materia de seguridad: el Presidente había declarado unas horas antes que se ponía a la cabeza de la lucha contra la delincuencia. Por cierto, la aparición con vida de la joven también importaba un fuerte alivio para las autoridades bonaerenses, en particular para León Arslanián, un ministro que atiende en La Plata pero responde principalmente a la Casa Rosada. Todo parecía andar sobre rieles en materia de seguridad en esos momentos: el aparato informativo de Balcarce 50 preparaba las cámaras para retratar el encuentro entre Néstor Kirchner y la familia Nine, los titulares de los diarios eran positivos. Sin embargo, la inseguridad se coló por el rincón menos pensado: la noticia de que un desconocido había paseado durante varias horas de la madrugada por la Residencia de Olivos a pasos de los aposentos presidenciales, situaba el problema en la cúspide estatal, afectaba nada menos que a quien se había colocado a la cabeza del restablecimiento de la seguridad pública. Para colmo, el incendio en vuelo de una turbina del avión Tango 01 que trasladaba al Presidente (y la posterior constatación de que las dos turbinas de la aeronave estaban “inutilizables”) subrayaba las fallas en el dispositivo de seguridad que se supone más aceitado. La imagen de eficiencia en esa materia quedó, así, un tanto machucada. Los episodios todavía no han sido aclarados. El caso del intruso ha dado lugar a versiones contradictorias. Desde algunos sectores se culpa a una supuesta lucha entre los organismos que se reparten la tarea de custodiar al Presidente: el Ejército (a través del Regimiento de Granaderos), la policía de la provincia de Buenos Aires y la Federal. Otros, en cambio, prefieren mirar bajo el agua: un órgano de prensa alojado en Internet señala, por ejemplo, que “aún no se acallaron los rumores de que el visitante de la Quinta de Olivos es parte de una estrategia gubernamental para justificar los cambios en la Casa Militar, acción que desde hace tiempo desea Néstor Kirchner”. Efectivamente, a poco de instalarse en la Casa Rosada, el entorno presidencial dejó trascender la voluntad de Kirchner de desarticular la Casa Militar e instal ar en su lugar una Casa Civil, de la que dependería la custodia del Presidente. Esta –se afirmaba entonces- sería conformada por “personas de confianza”, una idea que muchos creyeron calcada del GAP (Grupo de Amigos del Presidente) que supo ocuparse en Chile, a principios de la década del 70, de la seguridad de Salvador Allende. Esa iniciativa pareció más tarde descartada, pero la misteriosa intrusión en la Residencia de Olivos podría haberla revitalizado con nuevos argumentos. Desde el campo judicial el gobierno también recibió buenas noticias: el fallo de la nueva Corte Suprema avaló la pesificación dictada a principios de 2002 por Eduardo Duhalde. Había sido precisamente Duhalde el primero en embestir contra la Corte anterior, cuya postura contraria a la pesificación era conocida y llegó a concretarse en fallos. No son pocos los juristas que sostienen que el pronunciamiento de la nueva Corte, al admitir procedimientos confiscatorios que afectan el derecho de propiedad (quienes depositaron dólares no recibirán dólares ni pesos suficientes para reponerlos), transgrede la Constitución Nacional. De todos modos, las autoridades que devaluaron se sienten aliviadas por un fallo que las justifica y el gobierno también respiró más tranquilo porque estimó que la decisión de la Corte incorporaba elementos de certidumbre a la situación financiera en vísperas de la negociación de la deuda. Esta hipótesis –la de la certidumbre- puede que demande un tiempo en concretarse. Muchos jueces de instancias inferiores parecen decididos a ignorar el criterio de la Corte – “el fallo es nulo”, estiman algunos de ellos- y hay incluso quienes ya han aprobado nuevos amparos a ahorristas que van a contramano de la opinión cortesana. Por otra parte, el voto de Raúl Zaffaroni (uno de los cinco jueces que aprobó en general la pesificación) dejó abierta una puerta para que pasen muchos amparos, ya que no considera justa la pesificación cuando los depósitos en disputa sean de 70.000 dólares o menos. Aunque no esté claro el uso de ese criterio numérico para una definición de principio sobre el derecho de propiedad (¿por qué sí estaría justificada la confiscación en caso de depósitos de, digamos 70.100 dólares?), lo cierto es que Zaffaroni le restó al fallo la univocidad que el gobierno hubiera deseado. Además del incremento de la litigiosidad que se producirá como consecuencia de esas grietas en la costrucción jurídica pesificadora, parece iniciarse ahora una ofensiva contra la nueva Corte (o, según algunas voces, la “Corte kirchnerista”). El presidente de la Asociación de Ahorristas de la República Argentina, Carlos Báez Silva, ya adelantó su voluntad de iniciar juicio político a miembros del alto tribunal advirtiendo que algunos de los votos “no se ajustan a derecho". Al justificar las decisiones pesificadoras en términos de “emergencia económica” el fallo ha sido comparado con la acordada de la Corte Suprema del 8 de septiembre de 1930 que convalidó la ruptura del orden constitucional que determinó el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen “por razones de fuerza mayor” y abrió así un expediente jurídico para justificar los golpes de Estado. Si en nombre de la “emergencia” se admite la quiebra de derechos amparados en la Ley fundamental y de todo un sistema de contratos públicos y privados basado en legislación aprobada por el Congreso, ¿qué seguridad jurídica puede ofrecer el país? Esta semana el Poder Ejecutivo le pidió al Congreso que le siga concediendo poderes especiales hasta 2005 en nombre, precisamente, de la “situación de emergencia”. Así, el “aire fresco” que el gobierno creyó poder respirar merced al fallo de la Corte comenzó a enviciarse rápidamente. Otra situación vidriosa se manifestó esta semana en el terreno de la libertad de prensa. El sábado 23 de octubre el diario Página 12 (convertido en los últimos tiempos, según su fundador, Jorge Lanata, “en el Boletín Oficial”) censuró una nota de su editorialista económico, Jorge Nudler, un prestigioso periodista que se desempeña en ese medio desde hace 14 años. Según el propio Nudler, no es la primera vez que un hecho así ocurre en el diario, porque “lo que se instaba a criticar en el gobierno de Menem está prohibido criticarlo al de Kirchner”. El periodista comunicó a través de Internet los motivos por los cuales su nota había sido excluida: “ La nota fue levantada por el director . Su texto denunciaba la designación de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación como un acto de grave corrupción, y abundaba en datos sobre la siniestra trayectoria de Moroni, títere del no menos corrupto jefe de Gabinete, Alberto Fernández”. Nudler señaló en su carta que apoya “diversos aspectos de la política de este gobierno, pero veo que su corrupción va en aumento” y consignó que “debe rechazarse de plano el roban pero hacen . Aunque hagan, si roban deben ser investigados, juzgados y condenados, según el criterio de jueces independientes… Pienso que la única manera de salvar a este gobierno y prevenir otra etapa desgraciada es impedir por todos los medios, que siga hundiéndose en la corrupción, como ya es manifiesto…Creo que e s mi deber, y el de todo periodista honesto, denunciar sin rodeos los crecientes actos de corrupción del gobierno de Néstor Kirchner...” La censura sufrida por Julio Nudler en función de esos conceptos es algo más que un episodio aislado ocurrido en un medio de escaso tiraje. Al exponer la situación sin pelos en la lengua, el respetado columnista ha herido profundamente la imagen de transparencia que el gobierno cultiva para sí mismo y ha desatado una crisis en uno de los pilares del gobierno: lo que algunos llaman el partido mediático. En rigor, se trata de un conglomerado de medios y periodistas que por motivos de orden ideológico o por alguna otra numerosa razón custodia los sonidos y los silencios con los que el oficialismo intenta mantener en su redil a la opinión pública. En la estrategia del gobierno el vínculo con la opinión pública es estratégico, pues procura compensar con ese factor su mal de origen, es decir, el magro caudal electoral de abril de 2003 (22 por ciento) y su dependencia del aparato político que conduce Eduardo Duhalde. Dado el polifacético vínculo que une al gobierno con el diario de la censura, las esquirlas de la situación dejarán huellas en la Casa Rosada. Por otra parte, el gesto de dignidad del columnista levanta un espejo en el que muchos otros estarán forzados a mirarse y eso, en alguna medida, disgregará parte del ejército mediático del oficialismo. En el plano institucional habrá, probablemente, más instituciones y grupos dispuestos a reclamar respeto por la libertad de prensa y a señalar presiones o usos arbitrarios de la publicidad del Estado. El espacio del oficialismo se acota. |
| Jorge Raventos , 01/11/2004 |
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