Cómo sigue.

 


Un interesante análisis de Jorge Raventos.
El gobierno de Néstor Kirchner evalúa positivamente su comportamiento del último mes: la orden de silencio a sus voceros políticos y las apariencias de cambio acelerado en su actitud frente a los piquetes le permitieron recuperar en este mes 3 de los más de 30 puntos de caída de imagen que venía sufriendo, especialmente desde fines de marzo.

Probablemente la ausencia del Presidente - que pasó una semana en Nueva York- contribuyó a ese resultado. En Estados Unidos, en el marco de la inauguración de sesiones anuales de la Organización de Naciones Unidas que reúne a las máximas autoridades de un gran número de países, Kirchner pudo darle mano a George W. Bush y consiguió entrevistarse con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el líder brasilero Lula Da Silva.

El esfuerzo mediático del oficialismo se concentró sobre la renegociación de la deuda, un espacio en el que Roberto Lavagna y Kirchner parecen distribuirse los papeles: el ministro –apoyado en su hablar pausado, su oficio y su phisique du rol- juega el expediente de la sensatez, mientras el inquilino de la Casa Rosada, por el contrario, asume sus preferencias por la dureza frente a bonistas y organismos financieros internacionales. “Patrones de estancia”, llamó a las autoridades del FMI y el Banco Mundial. Las encuestas le han revelado a los analistas gubernamentales que ese estilo confrontativo por ahora da réditos en las encuestas.

Más allá de las cuestiones de imagen, sin embargo, en la renegociación se está aproximando la hora de la verdad: Kirchner y Lavagna necesitan que su oferta sea aprobada por no menos de un 60 por ciento de los acreedores y afirman, no obstante, que no volverán a modificar su propuesta. Como habían dicho lo mismo de la llamada “oferta de Dubai”, que luego cambiaron, los bonistas confían en que, a última hora (e inclusive unos minutos después) conseguirán doblar el brazo de Kirchner. Sin salir del default y sin retomar constructivamente los acuerdos con el Fondo la situación de Argentina no puede sino profundizar su aislamiento y acentuar el déficit de inversión que viene padeciendo.

Aunque el oficialismo se declara satisfecho con el saldo político de septiembre, un análisis menos autocomplaciente debería incluir algunas señales que proyectan sombras sobre su horizonte.

En primer término habría que computar una mayor actividad de las fuerzas en las que se encarna, hasta el momento, la oposición. Tanto el ARI de la señora Elisa Carrió como Recrear, el partido que encabeza Ricardo López Murphy, muestran por estos días un dinamismo que no se les notaba algunos meses atrás. Sin duda hay que vincular este activismo con el deslizamiento sufrido por la imagen presidencial, que deja en estado de vacancia a sectores más o menos amplios de las clases medias de las grandes ciudades y también a la de ciudades de menor calado. Aunque Carrió y López Murphy transitan por pistas separadas (ella, el centro-izquierda; él, el centro-derecha) y es muy improbable que quieran juntar los trapos en un acuerdo electoral el año próximo, resulta menos difícil imaginarlos convergiendo en una estrategia supraelectoral, destinada a la defensa de las instituciones y los procedimientos legales y constitucionales, una misión que una y otro parecen haber asumido, más allá de sus matices. Un polo institucionalista podría inclusive atraer a otras fuerzas e influir sobre el conjunto del sistema político, habida cuenta de que las encuestas registran preocupación ciudadana por ciertas prácticas del gobierno.

Los superpoderes solicitados por el Poder Ejecutivo a través del proyecto de Ley de Presupuesto, que implican, en los hechos, el vaciamiento de una función del Poder Legislativo y la concesión sin beneficio de inventario de atribuciones especiales al Jefe de Gabinete para cambiar el destino de partidas aprobadas y para manejar discrecionalmente los miles de millones de superávit fiscal, representan una oportunidad excepcional para aquel activismo institucionalista. De hecho, se observa ya que en el cuestionamiento a los superpoderes coinciden no sólo Carrió y López Murphy, sino corrientes de la izquierda, el centro y la derecha. Y, lo que es, si se quiere, más inquietante para el gobierno, el tema ha generado un fuerte debate interno en las filas del justicialismo parlamentario, donde se aprecia una creciente reticencia a su aprobación. No es un dato menor que uno de los primeros en adelantar que no votará esas atribuciones haya sido Antonio Cafiero, un hombre respetado en su partido y, además, senador por la provincia de Buenos Aires.

Hay una hilo invisible que liga la caída de imagen del gobierno, la acción de la oposición institucionalista y las resistencias en el seno del PJ. Es obvio que, en última instancia, el influjo de gobernadores que tienen fondos para negociar con el poder central, o el de Duhalde –que tiene listas electorales que discutir con Kirchner, aunque eso recién ocurrirá a fines del segundo trimestre del año próximo- pueden amortiguar las rebeldías legislativas. Pero estas rebeldías, empujadas por la creciente autonomización de la opinión pública y por el activismo de una oposición con la que el peronismo deberá competir en los comicios del 2005, van acotando los grados de libertad del gobierno o encareciendo marcadamente la factura de los arreglos a los que quiera o pueda llegar. Por otra parte, la atención sobre el perfeccionamiento institucional no es monopolio del no-peronismo: el justicialismo, desde tiempos de la renovación de los años 80, incorporó el tema institucional a sus propias preocupaciones.
Jorge Raventos , 01/10/2004

 

 

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