Jorge Raventos analiza la evolución de la situación política argentina.
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“No están abriendo las puertas del Cielo
ni las del Infierno; están en un callejón sin salida ,
al final del cual no hay ninguna puerta”
Charles Dickens, El fin de los modernos.
La declaración difundida el jueves 13 de mayo por la Asociación Empresaria Argentina – la entidad que concentra a las firmas más poderosas del país- a raíz del ataque piquetero contra la sede de Repsol YPF expresa, si bien se mira, una reacción de calidad diferente pero de intensidad análoga a la de las demostraciones encabezadas por Juan Carlos Blumberg contra la inseguridad ciudadana.
Por cierto, los líderes de la AEA no poseen la singular capacidad de convocatoria pública del señor Blumberg, pero exponen la opinión y las preocupaciones de compañías que marcan el ritmo de la inversión y la actividad económica del país y esa opinión, aunque no llena plazas, converge con la inquietud que Blumberg canaliza y trasciende el número, necesariamente limitado de los miembros de AEA.
El ataque contra Repsol YPF mostró, como espejo, que las fuerzas de seguridad, ante este tipo de acciones vandálicas, están paralizadas para actuar preventivamente e impedir delitos in fraganti por instrucciones superiores que se inspiran en una consigna oficial: “no reprimir”.
El mismo jueves, para colmo, el propio presidente Kirchner había reiterado públicamente esa consigna en Ensenada, al tiempo que lanzaba una fuerte ofensiva verbal contra “la extorsión de las petroleras”. Así como la policía se mostró estática por aquellas instrucciones, los líderes del ataque contra Repsol se declararon inspirados en la palabra presidencial y con ella justificaron la agresión. Mientras las empresas estaban en condiciones de ver a los atacantes como una suerte de “Mazorca tercerizada”, éstos, cubiertos por el verbo oficial, se visualizaban a sí mismos como “canarios enfrentados con águilas”.
La inquietud de los líderes empresariales estaba, pues, incrementada por la reacción gubernamental, que sólo después de tomar nota de la vigorosa reacción de AEA tuvo palabras de condena para la provocación. En primera instancia, el ministro de Justicia y Seguridad había considerado que la jornada del jueves –la mayor manifestación de las organizaciones piqueteros, con cortes de puentes y rutas nacionales y levantamiento forzado de las barreras de peaje- había transcurrido “sin incidentes de importancia”.
El hilo que une la declaración de AEA con las demostraciones que tienen a Juan Carlos Blumberg como expresión visible es obvio: por los motivos que sea (ideología, ineficiencia, negligencia, despreocupación) las autoridades parecen desvalidas ante las diversas manifestaciones de la inseguridad. El viernes, en una reunión que mantuvo con familiares de víctimas de la criminalidad, el Presidente confesó su “profunda sorpresa” al enterarse, a raíz de sus viajes por el interior, de las dimensiones que el problema han adquirido en las provincias. Esa sorpresa es, en rigor, sorprendente: Kirchner ya cumple un año en su cargo: los diarios dan cuenta de las repercusiones de la presencia de Blumberg en el interior. Los gobernadores que cuestionaron el carácter “centralista” del plan de seguridad del gobierno y la “visión metropolitana” del ministro Béliz deben de haber confirmado sus sospechas al registrar aquella perplejidad presidencial.
El tema de la seguridad se mantiene como una de las cuestiones críticas que afronta el gobierno. Otra cuestión de incidencia análoga es la de la energía, que tiene dimensiones tanto económicas como sociales. Los cortes energéticos golpean ya a centenares de empresas en diferentes puntos del país. El gobierno ha venido postergando el sinceramiento tarifario que se mantiene reprimido desde la devaluación y la pesificación asimétrica y que ahora, con el aumento internacional del precio del petróleo, provoca presiones ya incontenibles. La coartada para esa larga postergación fue un argumento de tono social: el gobierno decía querer evitar mayores costos a “los sectores más postergados” y reclamaba que esos costos recayeran sobre las empresas privatizadas “que ya ganaron mucho en la década del 90”.
En verdad, aquellos “sectores más postergados” no fueron beneficiados por ese congelamiento de tarifas. En el caso del gas, ellos se encuentran al margen de las redes de conexión domiciliaria, una situación que afecta a 15 millones de argentinos. Consumen, cuando pueden, combustibles envasados (gas en garrafas, kerosene), leña o carbón. Y el precio del gas envasado se mantuvo dolarizado.
Como señaló esta semana el periodista James Neilson en un diario patagónico “la férrea voluntad de Néstor Kirchner de defender a ‘la gente’ de la crisis energética ha significado otro subsidio a la clase media urbana. Está bien dolarizado el precio del gas en garrafa y del querosén, los combustibles más usados por los pobres y por quienes viven en el campo, pero puesto que la popularidad de Kirchner descansa en la aprobación de sectores importantes de la clase media urbana que a través de los años confiaron en los militares, Raúl Alfonsín, Domingo Cavallo y, durante algunos meses, Fernando de la Rúa, el gobierno ha optado por seguir privilegiándolos.
Huelga decir que individuos de la clase media vinculados con asociaciones de consumidores están tan acostumbrados como cualquier líder estudiantil a creerse facultados para hablar en nombre del pueblo raso: cuando hace poco se celebró aquella audiencia pública antológica para analizar el precio del gas, militantes burgueses agredieron físicamente a los portavoces empresarios en defensa de su derecho a seguir disfrutando de un subsidio a costillas de la mitad más pobre de la población del país”.
Neilson apunta al final de esta cita a otro aspecto que valdría la pena analizar: la propensión a otorgar a entidades de vidrioso origen la presunta representatividad de sectores amplísimos (los consumidores, los usuarios, los vecinos, etc.); una práctica que se emplea en campos tan sensibles como el de los servicios públicos, la seguridad o la administración de justicia. En efecto, las organizaciones que usurpan ese papel no tienen tras de sí otra cosa que, en el mejor de los casos, el voluntarismo de algunas personas. Y, en el peor (que no es el menos habitual), la acción confrontativa de pequeños grupos ideológicamente acotados. Más allá de las intenciones que las orienten, esas organizaciones no superan la condición de sellos de goma por comparación con el vasto universo de usuarios que alegan representar y que jamás ha sido efectivamente consultado por ellas. Sin consulta a organizaciones auténticamente representativas, el “argumento social” de la política tarifaria queda reducido a una excusa para poder desplegar, también en este campo, el cultivo de la opinión pública que ha sido clave en la estrategia política del gobierno.
Esa línea de cortejo de la opinión pública (y su complemento: la “transversalidad”) son las monturas sobre las que Kirchner esta decidido a seguir cabalgando. Acaba de reiterarles a intendentes bonaerenses que él “no se siente atado a viejas estructuras”, entre las que incluye al Partido Justicialista. Esta línea de quiebre es el tercer gran asunto que debe afrontar el gobierno: la relación con la fuerza política mayoritaria que, por otra parte, es aquella de la que él emergió y la que –al menos en su poderosa vertiente duhaldista y bonaerense- le otorgó los números electorales que le permitieron el año último conseguir el segundo puesto desde el que trepó a la presidencia.
Ese conflicto suele ser simplificado en los medios como una tensión entre Kirchner y Eduardo Duhalde pero, en verdad, va más allá de ellos y, si se quiere, trasciende sus propias intenciones y deseos.
El Presidente parece convencido de que la opción que tiene para fortalecer su autoridad personal reside en eludir el lazo de su partido y estructurar una “fuerza moderna” que capitalice las tendencias antipolíticas que tuvieron su mayor expresión en el pretérito “que se vayan todos”. Para concretar esa aspiración debe realizar algún acto de prestidigitación, ya que él mismo, su entorno y los aliados con los que trata de construir la transversalidad han formado largamente parte del sistema político; pero confía, quizás, en que desde el gobierno puede encauzar la queja antipolítico hacia terceros, a los que aspira a exhibir como los auténticos modelos de lo arcaico.
El duhaldismo bonaerense no ha tardado en adivinar esas intenciones ni en comprender que muchos de sus hombres son candidatos a ocupar ese antipático papel. De allí que sea precisamente en esa fuerza dónde anidan las mayores suspicacias frente a la táctica presidencial y de donde surgen las mayores presiones para que Eduardo Duhalde le ponga coto.
Duhalde, de regreso de un viaje por Europa como Representante del Mercosur, decidió hablar en voz alta para frenar esas presiones y generar espacio para manejar los tiempos de la relación con el Presidente que él contribuyó decididamente a construir. En esas declaraciones pueden leerse, imbricadas, admoniciones a sus huestes para que no absorban las maniobras de “los que nos quieren jorobar” y definiciones que revelan la hondura de las divergencias.
Por ejemplo:
· “Eso de hablar y hablar me hace acordar a la Alianza. Priorizo la gestión por sobre las habladurías”
· “Creo que Kirchner se está inmolando. Todos los días va al choque con una cosa, va al choque con otra y para mí no le puede dedicar tiempo a la política, porque una cosa es decir lo que quiere hacer, pero después faltan los actos administrativos. Yo quiero ayudarlo a hacer las cosas. Kirchner debe tomar otros ritmos”.
· (en respuesta a la frase del Presidente, que llamó “foto vieja” a la que Duhalde armó en San Vicente junto a José Manuel De la Sota, Jorge Obeid y Daniel Scioli) “Foto vieja es la que nos tomamos ahí mismo con Kirchner y Cristina durante la campaña”
· “Kirchner es un episodio…pero el peronismo va a seguir. Y los estúpidos que creen que no hay que sostener a los partidos políticos es porque no entienden la democracia.”
· Refiriéndose a sí mismo, admite tener “un liderazgo de respeto. Hay que hablar con todos (…) el peronismo tiene que aceptar que haya gente que piensa distinto. Tenemos que convivir”.
Seguridad, energía, relaciones con el peronismo: tres materias en las que el presidente debe superar pruebas de importancia cuando se aproxima a cumplir su primer año en la Casa Rosada. Tres materias que no son puro humo: todas ellas golpean sobre la cuestión central de la gobernabilidad.
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Jorge Raventos , 16/05/2004 |
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