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| El reclamo federal . |
Jorge Raventos examina la evolución de una cuestión cada vez más crucial dentro de la situación política argentina. |
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El Gobierno Supremo entenderá solamente en
los negocios generales del Estado. El resto es peculiar al gobierno de cada Provincia. Todas las Provincias tienen igual dignidad, iguales privilegios y derechos y cada una de
ellas, renunciará al proyecto de subyugar a otra. José G. de Artigas, Instrucciones del año XIII Después de 11 meses de gestión, el gobierno de Néstor Kirchner comienza a afrontar problemas serios de la sociedad argentina que su administración fue postergando mientras se enredaba en una dinámica de objetivos mediáticos, destinada a conservar influencia en la siempre veleidosa opinión pública y a desplegar una arquitectura política afín, con materiales provistos por el sedicente progresismo local. Los temas que ahora emergen con fuerza – seguridad, crisis energética, coparticipación- aparecen enlazados por una lógica profunda, enraizada con la constitución real del país: la cuestión del federalismo, esto es, de las relaciones entre el Estado nacional y las provincias y, más ampliamente si se quiere, entre los procedimientos centralistas y la autonomía de las comunidades de base (provincias, municipios, organizaciones sociales) para administrar los recursos y hacerse cargo de los asuntos que les competen de manera directa. El catálogo de medidas atinentes a la lucha contra la inseguridad ciudadana enunciado el lunes 19 por el gobierno (más allá de la buena noticia de que finalmente se haya formulado una propuesta ante esa alarmante y prolongada emergencia) incurre reiteradamente en la desviación centralista. No sólo porque aparece principalmente teñido por las necesidades del área metropolitana (ciertamente, hay que decirlo, la más afectada por el delito), sino porque insinúa con mucha fuerza una tendencia vertical e intervencionista, visible, por ejemplo, en la demanda de “unificar” los códigos de procedimiento de todas las provincias o en el detalle no menor de que el “plan nacional” haya sido anunciado sin información previa ni consultas a los estados provinciales. El Consejo de Seguridad Interior, organismo federal adecuado para trabajar en el tema, sólo fue citado a los postres, el viernes 23. En ese organismo, varias provincias expusieron prevenciones y desacuerdos, principalmente con las atribuciones que tendrán las estructuras policiales sugeridas por el gobierno nacional (“Fuerza Nacional de Paz”, “Agencia Federal de Investigaciones”) que, advirtieron, “sólo serán aprobadas si hay consenso”. Es decir: las provincias harán pesar su influencia en las cámaras legislativas nacionales para evitar una imposición centralista, particularmente cualquier intento de intervención en las respectivas jurisdicciones so pretexto de colaborar directamente con los municipios. Las provincias sospechan también de la imputación de los recursos del Fondo fiduciario para asuntos de seguridad (1.000 millones de pesos según el ministro Béliz) que administrará el gobierno nacional. No quieren que ese dinero salga de los fondos coparticipables; deberían salir del presupuesto del Estado Nacional puesto que es éste, en exclusividad, el que lo controlará y gestionará. Aquí, la discusión ingresa directamente en el debate sobre la coparticipación. El gobierno nacional se ha comprometido ante el Fondo Monetario Internacional a sancionar en tercer trimestre una nueva ley de coparticipación federal, pero el objetivo no parece sencillo ya que el proyecto redactado por la Casa Rosada no satisface –por distintas razones- a varias provincias. La provincia de Buenos Aires, por caso, pretende incrementar su cuota de participación en unos 8 puntos (al día de hoy, unos 2600 millones de pesos). Otras provincias apuntan a una rediscusión de los criterios. En los últimos días, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, expuso el suyo en un matutino porteño. El tema, según De la Sota, “va más allá de qué porción de la recaudación impositiva corresponde al Estado federal y qué porción a cada provincia. Involucra nada menos que a todo nuestro sistema federal, sobre el que está fundado nuestro orden republicano. La mayoría de los desencuentros de nuestra historia política –evoca- estuvieron directamente vinculados a cómo debía resolverse dicha distribución de derechos y obligaciones”. Con el régimen actualmente en vigencia, suma de emparches sucesivos, las provincias pasaron de percibir el 57,4 por ciento de la renta federal a sólo el 38,2 por ciento. “Ese drenaje –señala el gobernador cordobés- , sólo en el año 2003, significó una transferencia de recursos impositivos desde las provincias al gobierno federal de cerca de 11.300 millones de pesos”. A eso hay que sumar –agrega- que “el poder central también ha ido creando, ante distintas emergencias, nuevos impuestos exclusivos que no comparte con las provincias”, entre los que cita el impuesto al cheque y “las retenciones a las exportaciones -fundamentalmente integradas por productos agropecuarios y combustibles”. Los sistemas de “compensación” como la coparticipación federal de impuestos fueron respuestas parciales a un fenómeno que empezó a manifestarse con mayor intensidad a partir de 1931, cuando el estado central comenzó a absorber paulatinamente tributos que antes eran fijados y recaudados autónomamente por las provincias. Un criterio federal de fondo debería apuntar a que las provincias recuperaran esas atribuciones, siguiendo el principio de subsidiariedad, según el cual las decisiones deben producirse en el nivel más bajo posible y estar a cargo de aquellos que tienen que afrontar más directamente las consecuencias de esas decisiones. A contramano de ese criterio, el proyecto de coparticipación del gobierno prevé la creación de un Fondo llamado “de equidad”, con aportes de las provincias y de la Nación. Cuyo destino –como cuestiona De la Sota- “sería mayoritariamente decidido por los funcionarios del gobierno nacional sobre la base de criterios aún no definidos y, por así decirlo en función de la coyuntura o de las situaciones políticas”. Como suele ocurrir, se argumenta para ese fondo una función benévola y solidaria. Pero en los hechos esa solidaridad se transforma en una asignación vertical, de arriba hacia abajo, administrada unitariamente desde el poder central. El debate sobre la coparticipación –como el de la seguridad o el de la energía, en el que ya se observan los tironeos entre poder central y provincias productoras de combustibles- vuelve a plantear un tema central de la constitución del país …y de su porvenir inmediato. La recuperación de atributos por las comunidades ( la de barrios y pueblos para participar, elegir y controlar los sistemas de seguridad que los afectan; las de las provincias para administrar sus recursos, fijar sus impuestos y asumir responsabilidades sobre el gasto, etc.) aparece como una línea de tendencia en medio de la crisis. Hay un hilo invisible, que deberá revelarse a nivel político, entre las manifestaciones que encabeza Juan Carlos Blumberg por la seguridad y la inquietud de las provincias por sostener sus autonomías en materia de recursos y poder. De las crisis no se sale con parches. |
| Jorge Raventos , 25/04/2004 |
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