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| Reacciones y atonías . |
Jorge Raventos analiza la evolución de la situación política argentina. |
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Es un error suponer que, a medida que avanzan los años,
aparecen opiniones retrógradas (…) La verdad
no es que los hombres deben aprender a ser reaccionarios
por experiencia, sino que deben aprender por experiencia a
esperar las reacciones (…). Las dudas que llegan
con la edad no se refieren al idealismo sino a lo real.
G. K. Chesterton, El hombre común y otros ensayos sobre la modernidad Dos semanas después de la vasta movilización convocada por Juan Carlos Blumberg en la Plaza de los Dos Congresos, el gobierno nacional parece seguir atónito, paralizado por la perplejidad. Es que el 1 de abril sintió –y buenos motivos ha tenido para ello- que se abría una brecha entre su gestión y la opinión pública. El asunto aparece por el momento centrado en el tema de la inseguridad pública, un asunto al que, durante casi un año, la administración sólo le prestó una atención espasmódica hasta el momento y, por lo general, para endosar la responsabilidad a terceros, particularmente a la policía bonaerense. En esta oportunidad – tras el asesinato de Axel Blumberg- la primera reacción no fue muy diferente. Desde la Casa Rosada apuntaron a La Plata y depositaron el mal del otro lado de la Avenida General Paz hasta que la demostración del 1 de abril expuso, negro sobre bla nco, un reclamo que no exceptúa en modo alguno al gobierno federal sino que, más bien, lo ubica en el vórtice del problema y le demanda efectividad en las soluciones. La (para los ciudadanos de a pie) inesperada dolencia gástrica del Presidente acentuó el silencio del poder central, apenas entrecortado para anunciar que “hay un plan ambicioso” de seguridad que “oportunamente” será dado a conocer. ¿Cómo habrá que interpretar, en este caso, el sentido de oportunidad? En rigor, a once meses del inicio del período presidencial hubo más de una ocasión para poner en práctica el dichoso plan si es que ya existía. Muchos sospechan que el ministro del ramo, Gustavo Béliz, ha estado muy ocupado en otros menesteres durante estos meses y no se dedicó al asunto. En cualquier caso, la tendencia general del oficialismo estaba enfocada en otros temas y, en torno al asunto de la seguridad ciudadana, se encaminaba en una dirección diferente (por no decir opuesta) de la que expresa la activdada opinión pública. La nominación del doctor Eugenio Zaffaroni para la Corte Suprema, que ya integra, refleja aquel rumbo oficial, guiado por la preocupación “garantista”, término que entre nosotros se traduce como una atención privilegiada hacia los autores de delitos, una f uerte reticencia al castigo penal y una sospecha a priori de los atributos represivos del Estado. Empujado por los hechos no menos que por el dedo del gobierno nacional, fue Felipe Solá quien se vió forzado a actuar primero. Lo hizo, designando a su cuarto ministro de Seguridad, León Arslanián, con la bendición de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Arslanián no es un novato en la función: ocupó la cartera bajo el gobierno provincial de Duhalde y no pudo concluir una reforma policial que descentralizaba modestamente la policía de la provincia con la intención de ponerla más cerca del control del aparato judicial (las jurisdicciones policiales quedaban determinadas por las sedes tribunalicias del distrito) y las rodeaba de un marco civil (aunque no de un contexto democrático) con la creación de foros integrados por corporaciones locales y organizaciones autónomas de representatividad vidriosa. Desde su flamante cargo, Arslanián promete ahora continuar con aquella frustrada experiencia e incorporar a sus objetivos la creación de un nuevo cuerpo operativo, diferenciado de la policía bonaerense y probablemente destinado in pectore a reemplazarla. El viejo y nuevo ministro bonaerense no oculta en sus conversaciones privadas sus diferencias con los planteos que viene sosteniendo Juan Carlos Blumberg en manifestaciones públicas (esta semana congregó a miles de personas en Moreno y en Morón) y que ya están avalados por dos millones de firmas de ciudadanos. Los planteos de Blumberg y la opinión pública que se siente expresada por su cruzada parecen más ambiciosos, reformadores y democráticos que los que proclama el ministro: reclama el juicio por jurados (una participación popular en la administración de justicia inscripta en la Constitución y nunca instrumentada), la elección democrática de los jefes policiales locales y de los fiscales (lo que supone una descentralización mucho más radical de la seguridad, más guiada por la proximidad y participación desde la base de la ciudadanía que por la cercanía judicial o el presunto control de organizaciones corporativas o autoelegidas). Mientras la reforma de Arslanián parece dibujar a las sedes judiciales como parte de la solución, la opinión públi ca que tiene a Blumberg como vocero tiende a observarla como parte sustancial del problema, razón por la cual reclama una profunda reforma de la Justicia y se prepara para manifestar con ese objetivo. En cualquier caso, a través del nuevo ministro la administración bonaerense, a través del ministro, empieza a poner sus propuestas sobre la mesa y a someterlas al juicio público y a la prueba del ácido de la realidad, algo que el gobierno nacional todavía no ha hecho. Es posible que, antes de hacerlo, deba saldar diferencias internas. Una, no menor, atañe al tema de la colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito. Si de un lado el ministro de Defensa de Kirchner, el doctor Pampuro, ofreció el apoyo logístico militar para la tarea de seguridad, otras voces del oficialismo (desde el diputado Miguel Bonasso, un favorito de Balcarce 50, hasta otros periodistas-asesores y líderes de corrientes u organismos inscriptos en el “transversalismo”) se oponen a toda forma de c ooperación castrense en temas de seguridad. Varias organizaciones de derechos humanos han manifestado, por ejemplo, su veto a que instalaciones en desuso del Ejército puedan ser empleadas como cárceles, de modo de aliviar la situación de comisarías convertidas en hacinados e irregulares lugares de detención y de efectivos policiales que no cumplen su tarea en las calles porque deben dedicarse a cuidar presos. El gobierno duda entre usar o no usar la logística militar o, si se quiere, vacila entre dar satisfacción al reclamo público de eficacia en la seguridad o al activismo ideológico que consiguió hasta ahora seducir con su confrontativo y con las concesiones a sus ídolos y banderas. En esta, como en otras cuestiones, la ambigüedad y las postergaciones se pueden mantener sólo por un tiempo limitado; llega un momento en que hay que tomar decisiones y hacer cosas. Y toda acción genera su reacción. Un secreto del arte de la política reside en no aislarse y agrupar la mayor cantidad de fuerza posible para sostener las acciones propias y prever y soportar las reacciones. Otro secreto es privilegiar la realidad sobre la ideología y las intenciones. |
| Jorge Raventos , 19/04/2004 |
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