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| Inhibiciones . |
Jorge Raventos analiza la evolución de la situación política argentina. |
| Mientras a principios de la última semana, en un acto público realizado en San Nicolás, Néstor Kirchner amenazó con un virtual default ante los organismos internacionales de crédito (“No vamos a pagar si previamente no nos aprueban la próxima revisión de los acuerdos”, condicionó entonces), el viernes 13 de febrero por la tarde, confesó a un grupo de líderes de la Asociación Empresaria Argentina que “no es su intención” caer en default ante el Fondo Monetario Internacional. El próximo 9 de marzo Argentina debe cancelar vencimientos ante el FMI por casi 3.200 millones de dólares. El riesgo de embargo de bienes argentinos, hasta hace unos días despreciado por los voceros oficiales, comenzaba a materializarse con la inhibición de propiedades del Estado en distintos puntos de Estados Unidos.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, había mantenido el domingo 8, en Miami, una extensa reunión con el Director General del Fondo, Horst Köhler a quien Lavagna quería preguntarle, según declaró a los medios, qué significa “negociar de buena fé”, un reclamo asestado a la conducción argentina por las grandes democracias industriales del G7. Debe de haber obtenido una respuesta, porque a lo largo de la semana el gobierno fue desgranando una serie de anuncios tendientes a reducir la presión externa. Si bien Kirchner prefirió el silencio y dejó el viernes que los empresarios de AEA oficiaran de voceros informales de la opinión presidencial, el anuncio de que no intentará jugar con el default ante el FMI implica una rectificación de su amenaza nicoleña . La corrección del cuadro tarifario de los servicios de gas y electricidad es una decisión que busca también aliviar los reclamos de las empresas concesionarias y la de sus países de origen. Lavagna, por su parte, presentó, apenas bajó del avión que lo traía de Miami, la constitución de un nuevo comité de bancos para tramitar la negociación de la deuda pública con los acreedores. Tras la deserción o el desinterés de prestigiosas instituciones financieras, el nuevo comité quedó integrado el Barclays, el UBS y Merril Lynch. La incorporación de este último operador –experimentado y apreciado en el mercado- resultó esencial y le demandó al equipo económico tragar amargo y escupir dulce: el Palacio de Hacienda había cuestionado largamente a ML por su participación en la colocación de deuda argentina durante los años 90 y no sólo tuvo que archivar esos cuestionamientos, sino que, para subir a Merril Lynch al tren y dotar así de cierta musculatura al nuevo comité, debió apelar a la ayuda de hombres del equipo de Domingo Cavallo (sin excluir al propio ex ministro de Carlos Menem). Aunque el Palacio de Hacienda anticipa que la propuesta que se urdirá con los tres operadores bancarios recién podrá presentarse a los acreedores en 60 días, avezados observadores de los mercados financieros estiman que el hecho de que Merril Lynch haya ingresado a ese trío es una señal firme de que el gobierno argentino ha decidido dejar caer la llamada “oferta de Dubai”, esto es: la quita del 75 por ciento del valor nominal de las obligaciones argentinas (que implica una quita actal neta de más del 90 por ciento). Se afirma así la idea de que el gobierno ha iniciado un giro hacia la sensatez en el relacionamiento con el mundo, en divergencia con el discurso altisonante y hasta –según el Financial Times- “extorsivo” que verbalizó durante varios meses. ¿Tendría ese giro, de concretarse en los hechos, un costo político para Kirchner? Estudios de opinión pública conocidos en los últimos días permiten una respuesta tentativa. Según esas encuestas un 73 por ciento de la opinión pública ha acompañado al presidente en sus declaraciones ásperas frente al FMI y los acreedores, pero sólo un 30 por ciento considera que esas posturas (amenaza de cesación de pagos ante los organismos, oferta de Dubai) son una última palabra; casi un 50 por ciento opina, en cambio, que se trata de bluffs propios de una negociación pero que la sangre no llegará al río y que no debería llegar al río, pues se considera inconveniente para la Argentina una ruptura con el FMI y con Estados Unidos. Esas cifras parecen indicar que un giro realista de Kirchner encontraría respaldo en una amplia franja de la opinión pública, cercana al 50 por ciento, pero que probablemente defraudaría a ese 30 por ciento que da por verdaderos los posicionamientos presidenciales y/o que desea el enfrentamiento creciente con las potencias capitalistas y los organismos internacionales de crédito. El problema del gobierno reside en que precisamente en este 30 por ciento – los sectores sedicentemente progresistas – es donde se ubica la base más dinámica de su apoyo y aquellos a quienes el Presidente intenta agrupar con su propuesta de transversalidad. Así, el giro implica costos políticos cualitativos, de allí que haya fuertes dudas en la cabina de mando y proliferen manifestaciones de doble discurso en la expresión oficial. Esa dualidad discursiva tiende a estallar sometida a los rigores de la realidad. Otro campo en el que las dualidades entran en crisis es el de la actitud gubernamental ante el fenómeno piquetero. En una semana en que el ministerio de Trabajo (como las calles que lo rodean) permaneció ocupado por organizaciones de ese signo, el gobierno reiteró su postura de mirar y dejar hacer, resignando así su misión de garantizar el orden público. La semana concluyó en una escalada del conflicto caracterizada por tres rasgos: automovilistas bloqueados por los piquetes y hastiados de sufrir esa limitación durante meses decidideron desafiarlos y atravesar las vallas; los piqueteros, por su parte, reaccionaron con violencia atacando personas y vehículos; la policía, obedeciendo órdenes gubernamentales, presenció las agresiones sin intervenir. Una vez más, en función de no pagar costos ante el camibiante tribunal de la opinión pública, el gobierno ha dejado que la situación se deslice hacia horizontes críticos. Si hasta hace poco se entregaba a los propios piquetes las tareas de seguridad y vigilancia de sus manifestaciones, ahora ellos han pasado de la mera vigilancia a la represión: castigan a los ciudadanos que desafían el orden impuesto por los piqueteros. La policía está inhibida de reprimir; los piquetes reprimen. En otros tiempos, a una situación de esta naturaleza se la hubiera definido como subvertida. En rigor, el ministro de Interior, Aníbal Fernández hizo comentarios críticos sobre el comportamiento piquetero; comparó los hechos del viernes por la tarde en la Avenida Nueve de Julio con un foquismo guerrillero. Ahora bien, ¿puede el ministro, el gobierno, contentarse con hacer comentarios? El titular de Seguridad y Justicia, Gustavo Béliz, ni siquiera produjo comentarios, seguramente inhibido: él prefiere observar aspectos del extenso pasado que la imagen de ciudadanos apaleados ahora y aquí, a pocas cuadras de su despacho. |
| Jorge Raventos , 16/02/2004 |
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