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| Lo que vendrá . |
Jorge Raventos analiza la evolución de la situación política argentina. |
| "En Argentina, en seis meses puede pasar cualquier cosa." Héctor Icazuriaga (gobernador de Santa Cruz), en La Nación, 5 de agosto de 2003 En siete meses de gobierno, Ignazio Lula Da Silva, colocó a Brasil como interlocutor regional protagónico de la primera potencia del mundo, encaró una firme política enderezada a evitar el mal argentino -el default-, redujo el riesgo-país de más de 2.000 puntos básicos a poco más de 600 y en menos de 100 días consiguió una gran victoria política al lograr la primera aprobación, en la Cámara de Diputados, de la enmienda constitucional que reforma el sistema jubilatorio del Estado federal. La reforma ataca una causa de déficit fiscal que suma varias veces el monto destinado a una de las prioridades del gobierno de Lula: la lucha contra el hambre. Para aprobarla en la cámara baja -donde necesitaba una mayoría especial de 60 por ciento, el gobierno sumó el apoyo de los partidos de centro y centro-derecha y, a cambio debió afrontar la dura oposición de sectores de izquierda de su propio partido, el Partido de los Trabajadores, así como de sindicatos de empleados públicos nacionales, que reivindican con uñas y dientes el régimen jubilatorio aún en vigencia, según el cual las mujeres dejan de trabajar a los 48 años y los hombres a los 53. Desde el inicio de su administración (a la que llegó con el 60 por ciento de los votos), y aún antes, el presidente Da Silva dio señales claras de que avanzaría en las reformas que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso había dejado pendientes y que encararía su misión sin anteojeras ideológicas. "No cambié yo, cambió el mundo", suele responder Lula a quienes le imputan haber traicionado su trayectoria en nombre del posibilismo. Por otra parte, ¿debería inclinarse, en cambio, por el imposibilismo? "Pedir lo imposible", como rezaban los grafitti estudiantiles parisinos en mayo de 1968, revela, en rigor, la imposibilidad de pedir y alcanzar reformas concretas, supone una evasión de la realidad. Rumbo a los primeros 100 días de su propio gobierno, Néstor Kirchner empieza a escuchar las primeras críticas a su gestión. Se le imputa no tener un programa económico y reemplazar esa orientación sustancial con espectáculo destinado a satisfacer a la veleidosa opinión pública y al sistema mediático. Debe admitirse, sin embargo, que si el rumbo económico está rodeado por la neblina y guiado por la inercia (Roberto Lavagna mantiene la sutil plomería de emergencia que practicaba con Eduardo Duhalde y las cuestiones de fondo siguen sin solucionarse), la acción política del gobierno tiene objetivos deliberados. Néstor Kirchner, huésped de la Casa Rosada con apenas el 22 por ciento de los votos y deudor, por buena parte de ese número, del aparato justicialista de la provincia de Buenos Aires, se ha propuesto conseguir un sostén propio acumulando fuerzas sobre todo al margen del peronismo - en el llamado campo progresista y la izquierda- y apuntalando el tránsito hasta el momento en que ese respaldo adquiera fuerza material en una suerte de democracia virtual, alimentada con encuestas de opinión pública, periodismo complaciente y lobbies de organizaciones no gubernamentales adictas y con una estrategia de confrontación y polarización. Ese plan político está en marcha y nadie podrá negar que viene desarrollándose con éxito. Con todo, en el curso de estos dos meses y medio , esta estrategia ha encontrado límites en la realidad. La búsqueda de alianzas y de formaciones paralelas y externas al Partido Justicialista en distintos distritos del país ha quedado hoy acotada por las resistencia del propio partido justicialista. La Comisión de Acción Política, constituida en el PJ como conducción transitoria hasta que haya nuevas elecciones internas, puso en su primera y hasta ahora única reunión un límite a la táctica oficialista y respaldó a Ramón Puerta en Misiones y a Mauricio Macri en la Capital Federal, enfrentando así a los candidatos que apoya la Casa Rosada. Los comicios en esos distritos revelarán quien sale fortalecido de ese enfrentamiento. Otra de las piezas jugadas por el gobierno desde el momento en que se hizo cargo de la administración. fue la confrontación con distintos sectores internos, la purga de las Fuerzas Armadas, la ofensiva sobre la Corte Suprema, el ataque a sectores del empresariado, la hostilidad hacia sectores del ruralismo. En el caso de las Fuerzas Armadas, la purga fue seguida por una política de declinación del principio de territorialidad judicial como uno de los eslabones de unión con las corrientes sedicentemente progresistas. Pero esa declinación ha encontrado también su límite porque el propio gobierno se encuentra ahora forzado a buscar otras vías que impidan las extradiciones que surgirían como fruto de la ofensiva del Juez Garzón de España y de la anulación del decreto firmado en su momento por el Dr. De La Rúa. El riesgo político que implica la posibilidad de que se produzcan las extradiciones, ha llevado a que el gobierno busque alguna otra forma de dar satisfacción a los sectores de opinión pública que aplaudían esa política sin que el abandono del principio de territorialidad llegue a materializarse efectivamente, pero para emparchar las brechas que él mismo ha creado el gobierno empuja la apertura de otras mayores: la intención de que el Congreso anule las leyes de obediencia debida (y hasta los indultos presidenciales concedidos por Carlos Menem y Eduardo Duhalde) se encamina a provocar una herida profunda en la ya maltrecha seguridad jurídica argentina. Y reabre turbulencias en el terreno castrense, al promover un horizonte de litigiosidad que puede extender durante meses la presencia de oficiales de las Fuerzas Armadas en juzgados de todo el país: un escenario que ya se vio adónde conducía en los años de Raúl Alfonsín. Pero el costado más frágil de la estrategia política oficialista reside en que, para no arriesgar el favor que le presta la opinión pública que cultiva, el gobierno tiende a eludir las reformas que pueden empezar a darle sustentabilidad a la economía argentina y sigue postergando el cierre de los problemas que se arrastran desde la devaluación. Así, la estrategia de confrontación y democracia de opinión pública encuentra sus límites en la realidad. La conducción económica sigue dedicada a lo que ha sido su principal tema desde tiempos de Duhalde: acordar con el Fondo Monetario Internacional. Acuciada ahora porque este mes y el próximo hay vencimientos improrrogables pero, sobre todo, porque sólo un acuerdo de tres años con el organismo puede entornar las puertas de la confianza internacional. Ahora bien, la concreción del acuerdo forzará al gobierno a asumir algunas de las cuestiones que tiende a eludir. Con una deuda parcialmente defaulteada que debe renegociarse, que ha crecido en estos años y seguirá creciendo ( ya orilla los 200.000 millones de dólares, es decir: casi una vez y media el PBI argentino), la necesidad de un alto superávit fiscal primario surge de los hechos más allá de las exigencias del Fondo. Por ello, la ilusión oficial de acordar una meta de apenas 2,5 a 3 por ciento de superávit primario parece de antemano condenada al fracaso. Particularmente a la luz de la decisión de Brasil de conseguir un superávit primario de 4,7 por ciento. Sólo en obligaciones con los organismos multilaterales de crédito Argentina tiene en 2004 vencimientos por más de 11.000 millones de dólares. Y además tiene que negociar con los tenedores de bonos defaulteados, que ya rechazaron una primera oferta presentada por el gobierno argentino. Sin encarar correctamente las cuestiones de fondo, el tibio repechaje económico que a principios de año fue caracterizado como veranito llega a su límite. Reactivar supone regenerar una atmósfera propicia a la inversión. Es en tal contexto que debe ser interpretado el diagnóstico o vaticinio del gobernador santacruceño Icazuriaga que encabeza esta nota. ¿Qué puede suceder en la Argentina? "En seis meses puede pasar cualquier cosa". |
| Jorge Raventos , 13/08/2003 |
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