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| La Argentina vista desde Washington . |
Un documento publicado por la Comisión Bicameral del Economía del Congreso norteamericano establece que la causa principal de la crisis argentina reside en el paulatino abandono de las políticas fundamentales implementadas en la década de 90. |
| “La crisis económica de la Argentina: causas y remedios” es el título de un informe de cincuenta y seis páginas editado por la Comisión Bicameral de Economía del Congreso estadounidense, cuyo contenido no tiene desperdicio. El autor del trabajo es Jim Saxton, vicepresidente del citado comité parlamentario e influyente legislador republicano por Nueva Jersey. El informe analiza en profundidad la evolución de la economía argentina y formula un diagnóstico muy preciso: la superación de la actual crisis va de la mano de la reasunción de las políticas fundamentales iniciadas en la década del 90, a las que juzga paulatinamente abandonadas a partir de 1999 y abiertamente rechazadas hoy. Para la elaboración de este extenso y documentado informe, Saxton, que es uno de los legisladores republicanos de mayor predicamento en cuestiones económicas en el Capitolio, un enérgico defensor de la política de reducción de impuestos del presidente norteamericano George W. Bush y tiene además una estrecha relación con el titular del Banco de la Reserva Federal, Alan Greenspan, recurrió al asesoramiento de Kurt Schuler, quien junto con Steve Hanke es una de las personalidades más relevantes del Cato Institute, un importante centro académico y de investigación íntimamente vinculado con el Departamento del Tesoro estadounidense, cuyo titular, John Snow, acaba de criticar severamente las medidas de restricción al movimiento de capitales financieros dispuestas recientemente por el gobierno argentino. “Es incorrecto quejarse de que la experiencia reciente de la Argentina sea una falla de las políticas de mercado. Cuando la Argentina las aplicó con más vigor, experimentó el mayor crecimiento que haya tenido en las recientes décadas”, dispara el informe. Al respecto, expresa también que “entre las explicaciones de la crisis que han alcanzado alguna popularidad, están aquéllas que culpan a la corrupción, la falla de las políticas orientadas al mercado, la convertibilidad, la sobrevaluación del peso, el debilitamiento de la disciplina presupuestaria a nivel nacional y provincial. Todas esas argumentaciones centran la responsabilidad de la crisis en las políticas originadas a mediados de los 90 o antes. Todas fallan al tratar de explicar los hechos clave”. No obstante, el trabajo no omite una mirada crítica sobre la gestión económica durante el segundo mandato presidencial de Carlos Menmen. Consigna que “el ritmo de las reformas económicas fue más lento”. Y agrega que “también cometió un importante error en 1999, al negarse a seguir los pronósticos del sector privado y reducir sus estimaciones de recaudación impositiva”. Sin embargo, el documento se ocupa de precisar que el origen de la actual crisis argentina debe rastrearse a partir de la asunción del gobierno de la Alianza. En tal sentido, ensaya una cronología de los acontecimientos registrados desde diciembre del 99 cuyos hitos fundamentales, a su juicio, son: * El aumento de impuestos decidido en diciembre de 1999 por el gobierno de Fernando De la Rúa, que terminó con la recuperación en ciernes de la economía argentina, que había sido afectada por las crisis cambiarias de Rusia, en agosto del 98, y de Brasil, en enero del 99. * La fractura política de la Alianza a partir de la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez, en octubre del 2000, que según el informe fue el comienzo de la verdadera fase de crisis. * La modificación de la ley de convertibilidad, impulsada por Domingo Cavallo, con la introducción de la denominada “canasta de monedas”, aprobada en abril del 2001, que disparó la tasa riesgo país de la Argentina y empujó fuertemente hacia arriba las tasas de interés, con la consiguiente profundización de la recesión. * El virtual cierre del financiamiento externo en julio del 2001, que colocó a la Argentina ante una “trampa de la deuda”. * La crisis bancaria de diciembre del 2001, que determinó el congelamiento de los depósitos. * El default de la deuda pública proclamado a fines de ese año por el gobierno interno de Adolfo Rodríguez Sáa. * La devaluación monetaria y la ruptura de los contratos decididas en enero del 2002 por el gobierno de transición de Eduardo Duhalde. El trabajo se detiene muy particularmente en este último punto. Afirma que “en noviembre de 2001, la Argentina era un país donde los contratos, en general aunque no en forma perfecta, se respetaban, los depósitos bancarios eran seguros, el público era libre de comprar y vender moneda extranjera, los controles de precios eran unos pocos, el gobierno honraba sus contratos con las compañías, incluyedo las extranjeras que modernizaron la infraestructura argentina”. En abierto contraste, señala que “para febrero de 2002, la Argentina se había transformado en un país donde nadie podía confiar en un contrato, el gobierno había congelado los depósitos, la gente se arriesgaba a ser arrestada por comprar o vender moneda extranjera a precios de mercado, muchos bienes estaban sujetos a controles de precios y el gobierno había roto los contratos que había fomentado para mejorar la infraestructura”. El documento se empeña en demostrar que el régimen de convertibilidad no fue el causante de la crisis: “causas externas dispararon la recesión inicial, pero no fueron las responsables de transformar la recesión en depresión. La tasa de riesgo subió rápidamente entre agosto y octubre de 1998 y de nuevo en 1999 con los temores de que la Argentina podía devaluar. Para abril de 1999, las tasas volvieron a los niveles que prevalecían antes de la crisis de Brasil, registrada en enero. Las inversiones extranjeras en la Argentina no se volvieron negativas hasta el primer trimestre de 2001”. También descarta expresamente la hipótesis de la sobrevaluación del peso como origen de la debacle económica: “después de caer en 1999 como resultado de los sucesos de Brasil, las exportaciones argentinas a todos los países en conjunto crecieron en el 2000 y alcanzaron un nivel record en el 2001, a pesar de la fortaleza del dólar, y por lo tanto del peso”. El informe desecha las interpretaciones que circunscriben las causas de la crisis a factores exógenos y pone de relieve la inocultable responsabilidad que les cabe a las políticas implementadas en este período: “incluso si se piensa que los factores externos fueron más importantes que lo que muestran las estadísticas, es responsabilidad del gobierno responder constructivamente a esas dificultades. En 1995, la crisis financiera de México acusó una súbita detención de los flujos de inversión hacia la Argentina, similar a la que ocurrió en el 2001. El gobierno de Menem enfrentó la crisis con un paquete de reformas que hicieron a la economía más resistente. Los sucesivos abordajes de los gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde a la situación desfavorable de 1998 fueron, lamentablemente, menos constructivos”. Entre las conclusiones del trabajo, se destaca que la Argentina se beneficiaría “si el gobierno adoptara algunas de las políticas que rechazó”. Pero Saxton no se muestra demasiado optimista: “es poco probable que el gobierno del doctor Néstor Kirchner siga el abordaje aquí sugerido”. Y, como para convertirlo seguramente en aún mucho más improbable, añade: “la dolarización todavía es posible, aunque no a la tasa de un peso por un dólar”. Por aquello de que no puede existir una estrategia verdaderamente efectiva si no está basada en un diagnóstico acertado de la situación que se pretende modificar, resulta altamente probable que, tanto por su contenido como por la significación política de su autoría, este documento publicado por la Comisión Bicameral de Economía del Congreso estadounidense sea tomado en consideración en las cruciales negociaciones que se avecinan entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, en cuya definición habrá de jugar un papel fundamental la posición del Tesoro norteamericano. |
| Pascual Albanese , 01/07/2003 |
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