 
 |
| El incendio y las vísperas . |
La forzada suspensión de los comicios catamarqueños, el incendio de urnas y los tumultos en los lugares de votación no sólo pusieron bajo el fuego de las críticas al senador gastronómico, sino que se proyectaron al gobierno nacional, cuyos silencio y pasividad ante un proceso electoral que era un escándalo anunciado le provocaron un considerable desgaste . |
| El domingo 2 de marzo los cronistas deportivos que cubrían en San Martín el partido entre Chacarita Juniors y Estudiantes de La Plata observaron con alguna sorpresa que las tribunas del equipo local se encontraban considerablemente despobladas: faltaba el sector habitualmente más bullicioso de la hinchada. El bar Pancho 46, consuetudinario punto de encuentro de la barra fuerte de Chacarita también se veía desierto después del partido.
¿Hay alguna relación entre esa ausencia y los sucesos ocurridos el mismo domingo en Catamarca? El hecho de que Luis Barrionuevo sea una especie de líder espiritual del equipo de San Martín y, a la vez, como frustrado candidato a la gobernación catamarqueña, protagonista ineludible del follón provincial puede suscitar sospechas pero no necesariamente certezas en ese sentido. Lo que sí es evidente es que la forzada suspensión de los comicios catamarqueños, el incendio de urnas y los tumultos en los lugares de votación no sólo pusieron bajo el fuego de las críticas al senador gastronómico, sino que se proyectaron al gobierno nacional, cuyos silencio y pasividad ante un proceso electoral que era un escándalo anunciado le provocaron un considerable desgaste. Nadie ignora los vínculos estrechos entre el Presidente y Barrionuevo (no sólo por la presencia de la esposa de éste en el gabinete de Duhalde) ni que el senador ha venido impulsando la idea de que Duhalde debe postergar los comicios presidenciales y mantenerse en la Casa Rosada por varios meses más. Así, el silencio del presidente, las ambiguas declaraciones de su ministro de Interior y de la primera dama y la inexistente actitud oficial ante los sucesos catamarqueños fueron interpretados por casi todo el arco político como una señal de alarma sobre el proceso electoral que debe culminar el 27 de abril. Como para calmar esas preocupaciones, el canciller Carlos Ruckauf indicó que invitaría observadores de la OEA (algo que dos meses atrás había reclamado el gobernador pampeano Rubén Marín), aunque posteriormente debió dar marcha atrás, porque el gobierno consideró que Ruckauf había sobreactuado. En rigor, el oficialismo es afecto a las sobreactuaciones (y a las contramarchas). En vísperas del fallo de la Corte Suprema sobre el caso San Luis (la redolarización de depósitos que la provincia puntana había colocado en el Banco Nación), los voceros oficiales abrieron el paraguas de sus declaraciones vaticinando un descalabro (y culpando del mismo a la influencia de Carlos Menem) y desplegaron operaciones destinadas a postergar la decisión del Supremo Tribunal. Las tácticas obstructivas no funcionaron y el fallo estuvo enmarcado en lo que cualquier observador neutral podía prever: precedido por múltiples pronunciamientos de jueces de primera instancia y de cámaras en elmismo sentido, el fallo de la Corte no podía sino ratificar la inconstitucionalidad de la pesificación de depósitos, un capítulo central de los efectos del llamado "modelo productivo" que impulsa el duhaldismo. Después del fallo, y ya en reversa, el gobierno intentó cambiar el tono y mostrar una neutralidad impasible ante el fallo de la Corte. Sin embargo, los comunicadores de Palacio olvidaron de notificar del cambio de dirección a la señora del Presidente, a la sazón de campaña en la provincia de Tucumán. Así, Chiche Duhalde se declaró "asqueada" por la decisión de la Corte y denunció un intento de "gobierno de las jueces", argumento que hasta unas horas antes repiqueteaban en la Casa Rosada pero que ya había sido archivado. La señora de Duhalde, además, empleó términos que sonaron a un a mención de sogas en casa del ahorcado: "Aquí -dijo- gobiernan los que no han sido electos". No se refería al gobierno transitorio actual, por cierto, sino al hecho de que los jueces son designados y no elegidos. Alguien debería explicarle que la estabilidad y la no dependencia de los votos en el caso de los jueces constituyen requisitos de un sistema de seguridad jurídica. En cualquier caso, la aparente tranquilidad que el gobierno buscó transmitir en relación con la decisión de alto tribunal, no fue óbice para que intentara cobrarle algún precio a la Corte ante la opinión pública. Lo hizo movilizando a un sector del gremio bancario( que alegó que cumplir con la provincia de San Luis ponía en peligro al Banco Nación) y alarmando a deudores individuales con el riesgo de que sus obligaciones fueran redolarizadas. Varios magistrados de la Corte salieron a apagar ese fuego recordando que el fallo sólo hacía referencia a depósitos en el sistema bancario y exhortando a esos deudores a tener confianza en el sentido común del Tribunal Supremo. Por lo demás, el propio fallo referido a San Luis, al dar sesenta días para encontrar la forma concreta de cumplimiento, deriva en verdad los efectos al próximo gobierno. Cuando ese plazo venza, ya habrá pasado el 27 de abril, ya se conocerá el veredicto de las urnas y faltarán apenas tres semanas para que Duhalde deje el sillón de Rivadavia libre para su sucesor elegido. La espina que la decisión de la Corte clavó en el corazón del gobierno no son aquellos efectos, sino la descalificación en el terreno del derecho de uno de los instrumentos principales del modelo duhaldista, sumando así la insustentabilidad jurídica a su ya evidenciada insustentabilidad económica y social. |
| Jorge Raventos , 10/03/2003 |
| Inicio | Arriba |