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| Mejor en la primera vuelta . |
El gobierno apunta a mantener por algunas semanas un artificial equilibrio en las cuentas públicas y descargar sobre el futuro gobierno la responsabilidad de resolver la hecatombe provocada por el colapso del sistema bancario, la cesación de pagos de la deuda pública, la devaluación monetaria y la confiscación de los ahorros de los particulares. |
| Un viejísimo y remanido chiste refiere el caso de alguien que caía que desde el balcón del octavo piso de un edificio. Cuando pasaba raudamente a la altura de la ventana del quinto, era saludado por un vecino. "Cómo anda, amigo...? ", fue la pregunta. Y la respuesta del optimista era: "por ahora, bien...". El cuento viene como anillo al dedo para caracterizar la posición del gobierno sobre la situación económica y social de la Argentina. Aunque en la analogía con el caso señalado, la probable respuesta de un funcionario oficial sería más bien: "estamos por tocar fondo, después empezará el rebote...". La fragilidad de la argumentación gubernamental es tan extrema que el más mínimo episodio disrruptivo, por previsible que resulte, genera de inmediato señales de pánico. De allí que, ante la inminencia del largamente anunciado y postergado fallo del la Corte Suprema de Justicia acerca de la redolarización de los depósitos bancarios, el Jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, haya alertado que dicha sentencia podía tener consecuencias "fatales" para la economía argentina. Horas antes, el Ministro de Economía, Roberto Lavagna, suspendió abruptamente una reunión prevista con los directivos de la Asociación de Bancos Argentinos, alegando como excusa la difusión periodística de la noticia de que el gobierno estaría dispuesto a restituir a las entidades financieras alrededor de 2.600 millones de dólares en concepto de resarcimiento por los perjuicios generados por la pesificación asimétrica, un compromiso oficial que está incluido en los anexos secretos del acuerdo recientemente suscripto con el Fondo Monetario Internacional. Ambos hechos revelan elocuentemente que en todos los cálculos y previsiones financieras gubernamentales están ausentes por completo el inevitable costo fiscal de la pesificación. Tampoco está contemplados los efecto económicos del inexorable ajuste de las tarifas de los servicios públicos, ni mucho menos los cuantiosos desembolsos de divisas vinculados con la imprescindible renegociación de la deuda pública. En todos los casos, la actitud gubernamental apunta a mantener por algunas semanas, a través de la postergación de toda decisión de fondo, un artificial equilibrio en las cuentas públicas hasta el 25 de mayo y descargar sobre el futuro gobierno la responsabilidad y el costo de resolver la hecatombe provocada por el colapso del sistema bancario, la cesación de pagos de la deuda pública, la devaluación monetaria y la monumental confiscación de los ahorros de los particulares. Si hay algo que resulta claro es que la situación económica no sólo no tiende a mejorar, sino que avanza rápidamente hacia un nuevo pico de crisis, de naturaleza financiera y fiscal, cuyo punto de inflexión habrá de coincidir en el tiempo con la asunción de las nuevas autoridades constitucionales. En función de los plazos extremadamente apretados del cronograma institucional, esta previsión hace altamente aconsejable que, en beneficio de la gobernabilidad de la Argentina, la elección presidencial quede resuelta en la primera vuelta del 27 de abril. |
| Pascual Albanese , 27/02/2003 |
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