Cruel incertidumbre

 

¿Qué fue realmente a hacer el último viernes de enero el presidente Eduardo Duhalde al despacho de la jueza electoral María Servini de Cubría?
La versión oficial -"acudió a solicitar a la magistrada una declaración de certeza sobre la realización de las elecciones generales el 27 de abril"- fue recibida con enorme suspicacia tanto por los medios como por el mundo político. Es que, si bien se mira, la persona que menos incertidumbre debería cobijar en relación con ese acontecimiento es el propio Duhalde: él participó de la gestación de la fecha electoral (la propuso al Congreso) y él mismo la sancionó después de que los legisladores la convirtieron en Ley. Por otra parte, es el Poder Ejecutivo que él encarna el que debe mover la maquinaria destinada a concretar el comicio.

En rigor, la gran fuente de incertezas acerca de los hechos electorales fue también el gobierno nacional. Duhalde adelantó los comicios que originalmente estaban previstos para octubre del 2003 después de la muerte de dos piqueteros en Avellaneda y anunció que los fijaría para principios de marzo del mismo año; sin embargo, el decreto de convocatoria que suscribiría unos días más tarde se robó una semanitas y terminó estableciendo como fecha el último domingo de marzo. Ese decreto, con el tiempo, fue reemplazado por la ley que impuso el 27 de abril.

Paralelamente, el gobierno (en tándem con la fracción duhaldista del PJ) convocaba a elecciones internas abiertas y simultáneas a todos los partidos, luego anulaba no sólo la convocatoria sino la aplicación misma de la ley que las había puesto en pie, y así las internas peronistas irían a sufrir tres sucesivas postergaciones hasta que, dos semanas atrás, los seguidores del presidente votaron su anulación lisa y llana en el Congreso partidario realizado en el Club Lanas.

Dueño aparente de los mecanismos para provocaren esta materia tanto certidumbres como incertezas, Duhalde expone un dudoso aire de ingenuidad cuando acude a procurarse unas y aventar las otras a la Justicia.

La suspicacia del periodismo creyó, por lo tanto, olfatear en esa visita una presión presidencial sobre la jueza. La doctora Servini de Cubría, como es sabido, está a punto de fallar sobre el pedido de nulidad de lo resuelto en Lanús por el duhaldismo y hasta sobre un pedido de intervención judicial a la junta electoral del PJ, de modo de garantizar los comicios internos que el Presidente trata de erradicar. ¿No serían ésas las preocupaciones que llevaron a Duhalde al Tribunal?

Se trata, probablemente, de un exceso de escepticismo. Al fin de cuentas, si el Poder Ejecutivo quiere ejercer algún tipo de influencia sobre la Justicia seguramente tiene a mano recursos más discretos que un show off del propio titular de la Casa Rosada.

Habría que encontrar otros motivos, pues, para el inédito espectáculo. Hay quienes los hallan en la persistente renuencia de sectores del aparato duhaldista a la candidatura de Néstor Kirchner, actitud que los llevaría a impulsar una postergación de los comicios generales hasta octubre como vía para ganar tiempo, excluir al santacruceño y postular oportunamente al actual Presidente como candidato presidencial o, al menos, encontrar un postulante que les resulte más sugestivo.

Desde esta interpretación, Duhalde estaría buscando una formal declaración de certeza judicial, por más redundante que ella sea, para gambetear las operaciones de sus propios seguidores. Las razones obvias: primero, no tiene la menor intención de enfrentarse cara a cara -candidatura contra candidatura- con Carlos Saúl Menem; segundo, teme que las maniobras postergatorias de quienes invocan su liderazgo sean interpretadas por los gobiernos de las democracias avanzadas o por el FMI como intentos suyos de romper los compromisos establecidos, entre los cuales se destaca con brillos propios la fecha electoral. En el Norte quieren tener un interlocutor argentino políticamente legitimado en las urnas.

Néstor Kirchner debería congratularse entonces de estos sucesos, que estarían demostrando, así sea por descarte, que Duhalde no le quitará el apoyo que le ha prometido: de aquí al 27 de abril no queda tiempo para que el Presidente cambie una vez más de monta electoral. Con todo, Kirchner no las tiene todas consigo: sabe que la resistencia del aparato granbonaerense puede serle fatal, sabe que figuras poderosas como Luis Barrionuevo tratan tercamente de persuadir a Duhalde de buscar otra figura más atractiva, sabe que el misionero Ramón Puerta todavía aguarda con paciencia la oportunidad de reemplazarlo. No puede, por otra parte, ignorar algunos signos: Hilda Chiche Duhalde no quiso invertir su apellido como acompañante en el binomio (y no sólo por los chispazos verbales de Cristina de Kirchner contra ella, que atesora en una cinta grabada); el ministro de Economía, Roberto Lavagna, también vistea como Nicolino Locche para eludir el mismo compromiso. A menos de 90 días de las elecciones, el candidato presuntamente destinado a continuar la gestión de Duhalde no ha podido aún completar su fórmula.

El compromiso de mantener la línea actual gobierno es una carga no menos pesada. Las cifras ya oficiales del INDEC sobre crecimiento de la pobreza y la indigencia y el cierre comercial externo (caída a pique de las importaciones y encogimiento de las exportaciones) pintan un cuadro en el que Kirchner no se siente demasiado tentado a poner la firma, aunque está forzado a hacerlo si quiere ser el candidato del continuismo.

En fin, el estallido público y oficial de esas cifras del INDEC (por más que ya se conocieran algunos anticipos) es, desde el análisis de algunos comentaristas, otro de los motivos posibles de la clamorosa visita de Duhalde al juzgado electoral de Servini de Cubría. Se habría tratado -dicen esas interpretaciones- de una operación de prensa destinada a desplazar de los titulares la dramática fotografía de la miseria de los argentinos que ese mismo día pintarían las estadísticas.

Como se ve, a Duhalde se le atribuyen demasiadas intenciones. He allí una raíz de la incertidumbre.
Jorge Raventos , 04/02/2003

 

 

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