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| Duhalde, entre el calor y el frío . |
| "porque vivir es siempre trastornar lo sabido." Gabriel Celaya, Para vosotros dos. |
| Antes de abordar el avión que lo trasladaría al meticuloso invierno de Davos, Eduardo Duhalde diagramó junto sus escuderos más dispuestos la táctica con la que se aprestaba a neutralizar la fuerza del adversario que lo obsesiona: Carlos Menem, obvio. La maniobra parecía sencilla; consistía en volcar en el congreso del partido Justicialista el peso del aparato bonaerense (Duhalde se aseguró el control de casi toda la caudalosa delegación: algo menos de un tercio del total de congresales) más una cantidad de representantes de provincias pequeñas, cuyos gobernadores y jefes de distrito se sienten obligados a hacer buena letra con el gobierno nacional por su dependencia financiera del Tesoro. Con ese número en el corral propio, el Presidente se consideraba en condiciones de imponer la anulación de las elecciones internas abiertas (después de haberlas postergado en tres ocasiones) y de establecer el curioso sistema bautizado "de neolemas", según el cual el peronismo debe dividir su oferta electoral en varias candidaturas (arbitrariamente se fijaron tres) en lugar de avanzar unido con la fórmula que voten los peronistas y los independientes. Eventualmente, el Congreso bajo dominio bonaerense podía avanzar hasta designar allí mismo la candidatura presidencial de Néstor Kirchner, el último preferido del Presidente de la República.
Duhalde se embarcó preparado para asistir desde Suiza al éxito de su maniobra y, de paso, ilustrar con la lejanía su pretendida abstinencia en los temas internos del PJ. Ya volaba sobre el Atlántico cuando fue anoticiado de un detalle que no había tomado en cuenta: la Justicia Federal Electoral acababa de producir un fallo a través del cual se conminaba al Congreso justicialista a abstenerse de aprobar el método de neolemas, designar un candidato o adoptar procedimientos que obstruyeran la realización de elecciones internas. La primera reacción a que atinó el duhaldismo en Buenos Aires fue acusar al Juzgado electoral de intromisión en la vida interna del Partido Justicialista. Esa interpretación fue acompañada por un sector de la prensa y por ciertos columnistas de nota. El diario La Nación, sin embargo, en un duro editorial (Manoseado proceso electoral) había cuestionado las maniobras del gobierno que la Justicia venía a remediar: "" Desde hace meses -afirmaba vigorosamente el matutino-, por medio de leyes y decretos o a través de declaraciones de altas autoridades del Estado, han sido propuestas diversas modalidades electorales. Una vez que esas propuestas comienzan a ser discutidas o ya se encuentran en situación propicia para ser instrumentadas --como ocurrió, por ejemplo, con las elecciones internas abiertas y simultáneas- aparecen otras iniciativas, formuladas con la intención de desvirtuar a sus antecesoras y, al mismo tiempo, poner en marcha cronogramas y disposiciones electorales diferentes". Conviene, no obstante, observar con atención si la llamada (por el duhaldismo) intromisión judicial tiene o no fundamentos. Es notorio que la Justicia interviene cotidianamente en ámbitos que, en principio, pertenecen a la órbita privada o de la sociedad civil. Esos ámbitos dejan de ser cotos cerrados a la mirada judicial si se cometen delitos de acción pública o si algunas de las partes que operan en ese ámbito consideran menoscabados derechos mayores o intereses legítimos y requieren la acción del Juez. Difícilmente podría decirse que en esos casos hay intromisión judicial. En el caso del justicialismo, el juzgado electoral intervino a raíz de un pedido de amparo de una parte y se basó en argumentos consistentes. Por cierto, las actividades de los partidos políticos son libres, pero la ley fundamental, establece un límite a esa libertad: debe ejercerse -prescribe- "dentro del respeto a esta Constitución". Y, en rigor, la reforma de 1994 al mismo tiempo que le otorgó a los partidos el rango de "instituciones fundamentales del sistema democrático" les impuso, en su artículo 38, ciertos deberes. Por ejemplo: "organización y funcionamiento democráticos" y "la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos". Así, los fundamentos invocados por el fallo de la jueza María Servini de Cubría se asientan en el texto constitucional y cuestionan el plan que Duhalde para el Congreso justicialista con argumentos de mayor jerarquía que la mera voluntad de una mayoría circunstancial que supone que, por serlo, puede decidir cualquier cosa. Suposición errónea: lo que decida debe estar en el marco de la Constitución y las leyes. A esa altura, el duhaldismo ya estaba jugado, de modo que decidió seguir adelante con su plan de Congreso desafiando el fallo de la Justicia y sin esperar el resultado de la apelación que presentó su apoderado. De ese modo, las resoluciones que finalmente adoptaría el cónclave quedaban (al menos provisoriamente) invalidadas jurídicamente. Más allá de esos vericuetos judiciales -que se prolongarán hasta desembocar en la Corte Suprema- vale la pena analizar el Congreso en sí mismo. Dos meses atrás, el Congreso anterior (que fijó la fecha de las elecciones internas, postergándolas del 19 de diciembre al 23 de febrero) contó con 740 delegados y en esa oportunidad, el menemismo, que cuestionaba la postergación, no estuvo presente. El viernes, en el miniestadio de Lanús, según el presidente del Congreso se acreditaron 720 congresales (el menemismo afirma que casi un centenar de ellos eran truchos). Si se toma en cuenta que en esa suma están incluidos los más de 200 representantes que apoyan la candidatura de Menem, hay que concluir que la convocatoria duhaldista decayó notablemente en menos de dos meses. Después de que los congresales menemistas -tras debatir largamente la propuesta de los neolemas y la división de facto del PJ que el sistema impone- abandonaron el local, quedaron -según el diario Clarín- "unos quinientos delegados". Pero no todos los que permanecieron apoyaban la propuesta duhaldista: hay que restar de aquel número a los casi 60 congresistas santafesinos que, invocando la inspiración de Carlos Reutemann, propiciaron la realizaron de elecciones internas, los casi 50 de Córdoba que se abstuvieron y los misioneros que propiciaron la aplicación de una ley de lemas ortodoxa. Desbrozando las cifras, puede concluirse que el Congreso controlado por el duhaldismo anuló las elecciones internas, votó la oferta electoral dividida del peronismo y, como Plan B, la designación de un candidato por la voluntad de 40 dirigentes, con alrededor de 385 votos: el 50 por ciento de los que habían votado las elecciones internas 60 días atrás y apenas algo más de un tercio del total de los congresales. En términos territoriales, se manifestaron unánimemente en contra o al margen de la propuesta bonaerense las provincias de Santa Fé, La Pampa, La Rioja, Misiones, Córdoba, y Salta y, parcialmente, las delegaciones de Jujuy, Chaco, Entre Ríos, Capital, Tucumán, Mendoza y Chubut. En términos numéricos, la estrategia duhaldista (apoyada en la amplia delegación bonaerense) alcanzó, así sea estrictamente, su objetivo. En términos de representatividad federal, la jugada se mostró deficitaria. Desde la perspectiva jurídica, las resoluciones del congreso navegan hasta ahora por el mar de la nulidad. Y en el campo estrictamente político asumen la responsabilidad de anular la democracia interna y el principio de soberanía popular que identifica al peronismo y promover el fraccionamiento electoral del partido. El balance final de esa jugada del gobierno podrá apreciarse cuando, el 27 de abril, se abran las urnas de los comicios generales y se cuenten los votos. |
| Jorge Raventos , 27/01/2003 |
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