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| El pensamiento ocioso . |
| Gobernar no consiste en pelearse con la realidad, sino en elaborar y poner en marcha las estrategias apropiadas para transformarla. Para lograrlo, es siempre conveniente cumplir con un requisito previo: saber de qué se trata. Lo demás es pensamiento ocioso. |
| Con escasos días de diferencia, la opinión pública tomó conocimiento, a través de generosos titulares periodísticos, de tres presuntos hechos o, mejor dicho, de tres intenciones oficiales frustradas. En primer lugar, la noticia de que el gobierno había dispuesto incrementar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, como forma de combatir el aumento de precios en la canasta básica de alimentos. En segundo término, la aparición en el Boletín Oficial de un decreto que establecía la redolarización de las deudas pesificadas de las empresas extranjeras radicadas en la Argentina. En tercer lugar, la promulgación de una ley que intenta implantar mecanismos obligatorios orientados hacia el control del uso hogareño de Internet, para evitar el acceso de los menores a los sitios pornográficos u otros lugares indebidos. Entre estos tres casos, obviamente muy distintos entre sí, existe empero un curioso común denominador: la intención política de ignorar el peso de la realidad. El encarecimiento de los alimentos, como el de los precios de todos los bienes transables internacionalmente, como los combustibles, constituye en la Argentina, que es uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos y un importante exportador de energía a nivel regional, una consecuencia inexorable de la devaluación monetaria. No hay ningún artificio económico, y menos aún artilugio jurídico, que sea capaz de evitarlo. Lamentablemente, en materia de política económica cualquier decisión es posible, salvo la de eludir sus consecuencias. A su vez, la discriminación legal entre empresas nacionales y empresas de capital extranjero resulta imposible en relación a los múltiples países con los que la Argentina tiene suscriptos, desde hace ya varios años, diferentes acuerdos de garantía recíproca de inversiones. Esos convenios vigentes estipulan, precisamente, la igualdad de trato para las firmas locales y las compañías de dichos países, entre los que se encuentran, por ejemplo, Estados Unidos, Italia y otros países de la Unión Europea. Y la reforma constitucional de 1994 es categórica cuando prescribe que los tratados internacionales tienen preeminencia sobre las disposiciones de la legislación local. La tentativa de "despesificación asimétrica" choca entonces con escollos jurídicos aún mayores que los que presenta la "pesificación asimétrica" que le dio origen. Por último, la alternativa de entorpecer por medios legales el acceso a Internet es una batalla que hasta ahora sólo libran con relativo éxito los regímenes imperantes en Corea del Norte, donde lisa y llanamente está prohibido, en Irán, en Arabia Saudita y en algunas otras naciones islámicas. En Europa los proyectos de esa naturaleza fracasaron antes de nacer en todos los países en que se planteó su implementación. En Estados Unidos, hubo un sonado fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el dictado de cualquier norma legal de esas características, por considerarlo violatorio de la garantía constitucional referida a la libertad de expresión. Lo cierto es que, como la realidad suele resultar particularmente terca, ninguna de estas tres iniciativas que trataban de ignorarla estaba llamada a prosperar. Todo no pasó de una fantasía, que en algunos tomó forma de ilusión y en otros de pesadilla. El incremento a las retenciones agropecuarias, que desató la airada protesta de todo el sector agroalimentario, fue desestimado a último minuto y la redolarización de las deudas de las empresas extranjeras radicadas en la Argentina, que motivó un fulminante reclamo diplomático de los embajadores de los países del Grupo de los Siete, fue derogada horas después de la divulgación de su sanción. En cuanto a la ingenua pretensión de implantar por medios legales el control del acceso a Internet, más allá de la vigencia formal de la norma jurídica sancionada y de las buenas intenciones que parecieran haberla inspirado, con la obvia resistencia manifestada por todas las empresas de alta tecnología, cabe presumir que reposará muy pronto en el baúl de los recuerdos. Gobernar no consiste en pelearse con la realidad, sino en elaborar y poner en marcha las estrategias apropiadas para transformarla. Para ello, es conveniente cumplir con un requisito previo: saber de qué se trata. Lo demás es pensamiento ocioso. |
| Jorge Castro , 11/01/2002 |
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