A la debillñidad del gobierno debe atribuirse el compromiso político que sus escuderos partidarios cerraron el viernes con Juan Carlos Romero y con los sectores justicialistas que ocupan el centro partidario . |
Cuando termine enero las estadísticas inevitablemente registrarán un incremento de la inflación: no sólo aumentaron los rubros turísticos y los combustibles, sino productos fundamentales de la canasta básica, particularmente harinas y aceites. El gobierno estudia aplacar esa tendencia alcista a través de acuerdos con empresas, ampliación de retenciones y algunas rebajas impositivas específicas, pero la clave está en otra parte y la menciona la ex secretaria de Industria del gobierno aliancista, Deborah Giorgi, citada por Julio Nudler en Página 12 : en los '90 lo que promovió la domesticación de los precios fue la combinación de un dólar bajo, la apertura y la competencia. Y eso ya no está. En rigor, los precios se van para arriba por el mismo motivo por el que la capacidad adquisitiva se va para abajo: efecto de la devaluación. Y la misma administración que pretende que los precios no se disparen es la que procura mantener la cotización del dólar en su nivel actual (es decir, tres veces y media mayor que la que existía 13 meses atrás y dos veces más alta que la que el propio gobierno proponía cuando devaluó).
Los límites de la política oficial están a la vista y no es demasiado conducente sorprenderse de sus consecuencias. En cualquier caso, la administración Duhalde sólo tiene por delante poco más de 140 días por delante y tampoco es esperable que en ese lapso cambien demasiado las cosas: las últimas semanas de vida de los gobiernos son generalmente el escenario de un debilitamiento paulatino, poco estimulante para ensayar modificaciones radicales.
El gobierno de Duhalde ya padece esa debilidad y a eso debe atribuirse el compromiso político que sus escuderos partidarios cerraron el viernes con Juan Carlos Romero (el candidato a vicepresidente de Carlos Menem) y con los sectores justicialistas que ocupan el centro partidario: representantes de distritos del interior que oscilan habitualmente entre el polo menemista y el polo bonaerense.
El duhaldismo llegó a esa reunión amenazando con reunir el congreso del PJ para anular la convocatoria a elecciones internas (previstas para el 23 de febrero) y decidir en ese cónclave la fórmula peronista o la habilitación de un sistema de neolemas, es decir la dispersión partidaria en tres o cuatro candidaturas separadas, algo que sancionaría la fractura del justicialismo.
Nada de eso resultó del encuentro del viernes, por la sencilla razón de que el duhaldismo terminó de comprender algunas horas antes que ya no cuenta con poder discrecional sobre el Congreso partidario y que los distritos que lo acompañaron en circunstancias anteriores no querían ser cómplices de una ruptura del PJ.
Así, la reunión del viernes concluyó en un acta en la que el dato más significativo no está escrito: dejó de hablarse de la convocatoria al Congreso del partido meneada por el duhaldismo y de las propuestas que el polo bonaerense levantaba. En lugar de ellos, todos los presentes suscribieron el compromiso sugerido por el centro (cuyo portavoz principal fue el misionero Ramón Puerta): la elección interna del 23 de febrero queda en pie y sólo se suspenderá si antes del 23 de enero el parlamento aprueba una reforma de la próxima elección general, estableciendo para ella el sistema de lemas , según el cual compiten simultáneamente lemas (partidos) y sublemas (en este caso, las distintas fórmulas a presidente y vice cobijadas bajo la sombrilla del mismo lema); gana la fórmula más votada del lema más votado. El método es confuso y contradictorio, es políticamente discutible y no son pocos los juristas que sostienen que no está permitido por la Constitución.
Ninguno de los dirigentes justicialistas que suscribieron el compromiso del viernes ignora esas objeciones. Si lo hicieron de todas maneras fue para tratar de dar una última esperanza -o una última excusa- al duhaldismo (que ha venido tratando de impedir la elección interna por todos los medios a su alcance) evitando al mismo tiempo una quiebra del PJ. Ahora, si el gobierno quiere evitar la interna tiene que salvar esas objeciones.
En principio, debe conseguir un consenso político que le permita obtener las mayorías especiales que se requieren para modificar las leyes electorales, ya que en la Cámara de Diputados el justicialismo no cuenta por sí mismo con los 129 votos necesarios. El radicalismo, para el cual la ley de lemas podría representar una salida elegante a la grave crisis generada por su propia interna inconclusa, no parece sin embargo dispuesto a apoyar esa propuesta. Al menor por el momento. Es improbable que el ARI de Elisa Carrió y las fuerzas que respaldan la candidatura de Ricardo López Murphy estén mas dispuestos. La suma automática de los votos de todas las fórmulas peronistas vuelve muy previsible que no haya ballotage, un expediente en el que -sobre todo Carrió- puede abrigar expectativas.
Además de las dificultades para congregar consenso político, el gobierno tendrá que superar los cuestionamientos de índole constitucional, una batalla judicial que puede extenderse y enturbiar la legitimidad de los comicios generales del 27 de abril.
Tantas turbiedades derivan de la resistencia del duhaldismo a admitir el método de las elecciones internas en el justicialismo y la eventual victoriaen ellas de Carlos Menem, una obsesión que termina invadiendo el conjunto del sistema político.
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Jorge Raventos , 06/01/2003 |
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