LA PESIFICACIÓN Y LA LEY DE NEWTON

 

La inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos bancarios amenaza con poner un abrupto final al -veranito económico- y obliga a encarar un drástico replanteo estratégico.
El inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos bancarios, que tantos escalofríos parece haber generado dentro del gobierno, es antes que nada una demostración práctica de la inconmovible vigencia de la ley de gravedad. Desde enero hasta la fecha, nadie puso nunca seriamente en tela de juicio la ilegalidad perpetrada con la confiscación de los ahorros de los particulares, que por otra parte fue así declarada en centenares de sentencias judiciales emanadas de casi todos los tribunales del país. Simplemente, se ignoró el hecho, como si esa omisión pudiera evitar sus inexorables consecuencias.

Ahora resulta que los principales funcionarios gubernamentales se alarman ante la aparición, presuntamente sorpresiva, de un sideral costo fiscal, no incluído en ninguna previsión presupuestaria, ni tampoco en las cifras sobre el déficit y la deuda públicas barajadas en las interminables negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En los cálculos del Ministro de Economía, Roberto Lavagna, ese desfasaje es de aproximadamente 28.000 millones de pesos, o sea alrededor de 8.000 millones de dólares. Su cancelación inmediata, según el titular del Banco Central, Aldo Pignaneli, implicaría una hiperinflación instantánea.

Lo que aparentemente no entra todavía en el análisis oficial es la absoluta relación de causalidad que existe entre este verdadero "cráter fiscal", de imposible financiación en las actuales circunstancias, y la devaluación monetaria que le dio origen. Como si el problema hubiera surgido de las sentencias judiciales, que todos admiten plenamente ajustadas a derecho, y no del hecho mismo de la devaluación decretada en enero pasado.

No ha pasado tanto tiempo como para olvidar que la denominada "pesificación asimétrica" fue el mecanismo político empleado apresuradamente en enero pasado para que la devaluación no implicara un inmediato estallido social, derivado de la impagabilidad automática de todos los créditos bancarios e hipotecarios fijados en dólares. En contrapartida, la confiscación de los fondos de los ahorristas fue la fórmula escogida entonces para evitar la quiebra generalizada del sistema financiero argentino.

El problema es que, tras el fallo de la Corte, los bancos tendrán créditos pesificados y deudas redolarizadas y es altamente probable que el Estado argentino quede legalmente obligado a hacerse cargo de algún modo de la diferencia. Lo único que verdaderamente cuesta imaginar es qué otra cosa se esperaba que pudiera haber sucedido. Desde la manzana de Newton en adelante, es universalmente sabido que, tarde o temprano, las cosas caen.

En este nuevo contexto, que pronto habrá de convertir al "veranito económico" en un lejano recuerdo, sólo resta encarar un drástico replanteo estratégico que posibilite un marco de sustentabilidad económica adecuado para que, aunque sea en el mediano plazo, pueda cumplirse con una decisión judicial que, más allá de cualquier juicio de oportunidad política, contribuye al restablecimiento del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica, dos condiciones imprescindibles para recrear la confianza nacional e internacional en el presente y el futuro de la Argentina.
Jorge Castro , 03/12/2002

 

 

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