El gobierno de transición, embretado en la lucha interna del peronismo, no logra avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y, en consecuencia, amenaza con agravar la crisis de gobernabilidad de la Argentina.
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A principios de la última semana, Eduardo Duhalde pudo ufanarse de un éxito político: consiguió presentar ante los medios lo que parecía una amplia base de consenso destinada a convencer al Fondo Monetario Internacional de que su gobierno transitorio (al que le restan 197 días) está en condiciones de cerrar así sea un módico acuerdo que evite el ya insinuado default con los organismos internacionales.
El Presidente congregó a jefes de bloques parlamentarios y a una nómina incompleta de gobernadores, la mayoría de los cuales suscribieron un ambiguo documento de 12 puntos en el que lo que se leía con mayor claridad era la postergación de la fecha de elecciones generales y la anulación (“por esta única vez”) de la ley de internas abiertas y simultáneas que cuatro meses atrás el gobierno presentó como la gran reforma política de su gestión.
A diferencia del acuerdo político que le facilitó a Brasil la aprobación de un crédito de 30.000 millones de dólares, en el que intervinieron los candidatos a presidente (destacadamente, Lula Da Silva, ahora mandatario electo), el consenso urdido por la Casa Rosada excluyó a los candidatos presidenciales que mayor apoyo registran en las encuestas: no participaron de éste ni Elisa Carrió, ni Adolfo Rodríguez Saa, ni Carlos Menem.
Por uno u otro motivo (vaguedad de los compromisos, exclusiones notorias) o por el hecho de que el gobierno no genera confianza, el vocero del FMI declaró de sobrepique que el acuerdo de Olivos era muy poco conducente. “Ya en abril se firmó un documento de 14 puntos que no se ha cumplido aún -disparó-. Además, no haber cancelado el vencimiento ante el Banco Mundial no mejora la situación”. Pocas horas después, Guillermo Nielssen, el segundo de Roberto Lavagna confesó que no había que esperar ningún acuerdo con el Fondo hasta el año próximo.
Así, el consenso de Olivos se demostró poco conducente para el objetivo invocado de ablandar al FMI, pero este argumento fue en cambio útil al duhaldismo para avanzar hacia dos metas propias: la liquidación de las internas abiertas controladas por la Justicia y la postergación de los comicios generales hasta casi las vísperas de la despedida de Duhalde. El nuevo cronograma prevé que la eventual segunda vuelta de la elección general ocurra el 18 de mayo, apenas una semana antes del domingo en que el Presidente transitorio fechó su dimisión. No es seguro siquiera que para ese día esté concluido el escrutinio definitivo del ballotage. De ese modo, especulan en la Casa Rosada, Duhalde arribará con cierta fuerza al día de su despedida.
Tal vez. Lo que es evidente es que, si la función de un presidente transitorio reside en facilitar la gestión del sucesor elegido por la ciudadanía, los mezquinos tiempos previstos ahora entre la elección y el 25 de mayo no parecen funcionales: más que entregar el poder ese día a quien lo va a reemplazar, Duhalde ha dispuesto arrojárselo.
Con todo, el flamante cronograma carece todavía de sanción parlamentaria. La primera prueba del consenso de Olivos en el Congreso terminó en un fracaso el miércoles 20, cuando los diputados de partidos asociados al duhaldismo (particularmente la UCR) impusieron nuevas condiciones al oficialismo. La Casa Rosada tuvo que empezar el proceso el jueves desde la Cámara alta con la esperanza de encontrar en una semana, antes de la última sesión ordinaria de Diputados, algún gesto que permita que los congresistas radicales voten el compromiso de Olivos sin perder demasiado notablemente la cara.
En cuanto a las internas, si las mencionadas esperanzas oficialistas de concretan, el gobierno planifica un nuevo acto de magia: tras postergarlas repetidamente y sustraerlas del control judicial, ahora se dispone a hacerlas desaparecer, lisa y llanamente. Altos bonetes del gobierno confiesan ya en voz alta que el justicialismo “podría presentar varios candidatos en laselecciones generales”. La encuesta que el ministro de Interior Jorge Matzkin le encargó al conocido especialista Julio Aurelio parece haber convencido finalmente al gobierno de seguir ese camino. El estudio de Aurelio corporizó los mayores temores del duhaldismo: Carlos Menem aparece como triunfador en todos los escenarios reelección interna que Aurelio y Matzkin analizaron. Peor aún: gana con una diferencia de más de veinte puntos a distintas variantes posibles del oficialismo (ya sean los candidatos rivales José Manuel De la Sota, Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, Eduardo Duhalde o su esposa, Chiche).
El duhaldismo, antes que propiciar un escenario en el que Menem pueda salir victorioso de la elección interna prefiere uno en el que el justicialismo se presente dividido en tres o cuatro fórmulas, inclusive a riesgo de que el peronismo pierda el comicio debido a ese fraccionamiento.
La opción hacia la que el oficialismo parece encaminarse no sólo es inconsistente con el retraso de los comicios generales (¿por qué demorarlos si no van a producirse internas?), sino que va a contramano de la necesidad de la Argentina de fortalecer el poder nacional. Un peronismo que no puede dirimir sus divergencias normalmente, a través de la voluntad de la gente, es empujado a cristalizar su actual fragmentación. Tratándose de la mayor fuerza política de la Argentina, el fraccionamiento al que es empujado no puede sino trasladarse a la realidad política nacional en conjunto.
Asechada por desafíos y amenazas, sumergida en un océano de desempleo, pobreza y desnutrición, la Argentina no puede apostar al desorden y la centrifugación, sino a la gobernabilidad y el crecimiento.
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Jorge Raventos , 25/11/2002 |
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