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| En busca de un salvavidas |
| -Aquel que persigue lo pequeño y olvida lo grande sin duda pagará por ello más adelante - Sima Quian, Records of the grand historian: Quin Dinasty. |
| -El acuerdo con el Fondo está más cerca que nunca-, aseveró Eduardo Duhalde a principios de la última semana. Como una prueba de confianza en ese vaticinio, que viene reiterándose desde enero, el sedado Roberto Lavagna volvió a embarcarse rumbo a Washington mientras el gobierno filtraba a los medios su disposición (contradictoria con anteriores juramentos) a pagar con reservas más de 800 millones de dólares al Banco Mundial el 14 de noviembre. A mitad de semana, sin embargo, el Presidente hizo una afirmación pública que tuvo consecuencias: “No sé si el que me sucederá el 25 de mayo (de 2003) será un presidente electo o un presidente designado por el Congreso”. Más que de una conjetura o una vacilación, se trataba de una dosis más de la confusión político-electoral con la que el gobierno ha decidido actuar para curarse en salud de una derrota en las urnas. Esa línea de opacidad e incerteza ha sido aplicada tanto al proceso de las internas (iban a ser en noviembre, luego en diciembre, la semana pasada a mediados de enero y ahora navegan en la indefinición pese al fallo del viernes de la Cámara Nacional Electoral), como a los comicios generales (están citados para el 30 de marzo, las autoridades políticas hablan ahora de abril o mayo y esas declaraciones de Duhalde sugieren su postergación sine die). El Presidente debería sospechar al menos que, como producto del avance tecnológico de las comunicaciones, lo que se afirma en Lomas de Zamora o en la Plaza de Mayo puede ser leído casi instantáneamente mucho más allá de esas comarcas. En Washington, por ejemplo. Y cierto es que sus dichos fueron registrados en los pisos elevados del Fondo Monetario Internacional mientras Lavagna y los suyos discutían allí cuestiones de orden técnico-económico. Más allá de los acuerdos y desacuerdos de ese nivel, la frase de Duhalde -una cuenta más en el rosario de dudas políticas que suscita el gobierno argentino- fue decisiva en el fracaso de las negociaciones que llevaron al principio de default con los organismos de crédito dispuesto por el Presidente y su ministro, cuando resolvieron pagar con reservas del Banco Central sólo un 10 por ciento de la suma que vencía el jueves 14. Para el FMI -y en general, para los acreedores de Argentina, para los inversores potenciales, para el mundo- que en el país haya un proceso electoral transparente que culmine con la asunción de un gobierno democráticamente legitimado con un período de gestión por delante no es un dato menor, sino un capítulo esencial de la materia seguridad jurídica. Los dichos y los hechos de Duhalde generan inseguridad y profundizan las dudas sobre cuál será el poder en condiciones de actuar como interlocutor válido para discutir cuestiones que exceden largamente la precaria provisoriedad que puede conversarse con las actuales autoridades transitorias. En tren de solucionar cuestiones de índole faccional (el predominio partidario del duhaldismo bonaerense) el Presidente y sus aliados gastan poder institucional de la Nación. Por cierto, el gobierno no parece propenso a asumir sus responsabilidades sino, más bien, a endosárselas a los gobernadores y al Congreso: convocó para la noche del domingo a una reunión de mandatarios de provincias y de líderes de bloques parlamentarios para que estos le proporcionen un salvavidas que, en rigor, no está en esas manos, sino en las del Poder Ejecutivo. Puesto que el capítulo central de la in seguridad política y jurídica reside en poner certezas sobre el cronograma electoral y sobre la sucesión de Duhalde por un presidente democráticamente electo, es el gobierno el que tiene en sus manos la solución. Alcanzaría, por caso, con que acate el fallo de la Cámara Nacional Electoral conocido el último viernes, que restablece (a pedido del propio gobierno) el cronograma establecido oportunamente por un decreto del propio Duhalde, en cumplimiento de la una Ley votada a principios de este año por el Congreso. En lugar de elegir la coherencia con sus propios actos anteriores, con la decisión de la Justicia y con la Ley vigente, el gobierno anuncia su disposición de burlar el fallo y desmentir sus propios decretos promoviendo una ley que establezca una excepción en la aplicación de la Ley de Reforma Política en la primera oportunidad en que esta se debe aplicar, de modo de que para esta elección no haya internas abiertas. Si, además, se considera que e proceso de las internas ya está en curso y que cambiar las reglas de juego con el juego ya empezado es en sí mismo un escándalo jurídico de proporciones, el catálogo de arbitrariedades desplegado tan sólo para intentar resolver la ausencia de un candidato competitivo en el seno del duhaldismo no puede menos que subrayar con trazo grueso la inseguridad jurídica que obstruye la negociación con el Fondo (entre otras cosas importantes). El gobierno prefiere pedirles a los gobernadores que vuelvan a suscribir un acuerdo que, como recordó Carlos Reutemann, ya firmaron en abril, y a los congresistas que aprueben a libro cerrado el proyecto de Ley de Presupuesto. Esto último es improbable: el proyecto de presupuesto oculta demasiadas cosas, omite misteriosamente obligaciones del Estado que el Legislativo debe constitucionalmente examinar, de modo que no cabe esperar un trámite veloz o silencioso. Por otra parte, allí no está la madre del borrego. El gobierno desvía la presión del Fondo para sus propios fines, pero le saca al cuerpo a las decisiones centrales que se le reclaman. Es un gobierno transitorio y debe facilitar el proceso rápido y transparente hacia uno fuerte, elegido y legitimado, en condiciones de encarar soluciones de aliento a la crisis. |
| Jorge Raventos , 18/11/2002 |
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