Hay que brindar una respuesta inmediata a la emergencia social.

 

La prioridad más urgente es la lucha contra el hambre. No se trata tanto de un problema de recursos presupuestarios sino de liderazgo político y de organización institucional de los canales de distribución.
El análisis de la escalofriante información oficial del INDEC acerca de que en mayo pasado el porcentaje de población argentina situado por debajo de la línea de pobreza ya había trepado al 53 %, que representa el índice más elevado de toda la historia argentina, superior inclusive al 47 % registrado en pleno colapso hiperinflacionario de 1989, constituye la más categórica demostración del dramático agravamiento de la crisis y del carácter socialmente regresivo de la devaluación monetaria decidida en enero pasado por el actual gobierno de transición.

Entre los meses de octubre y mayo pasados, el índice de pobreza creció del 38,3 % al 53 %. Esto significa que durante ese lapso la pobreza en la Argentina aumentó casi un 40 %. Sólo en ese breve período cayeron por debajo de la línea de pobreza más de cinco millones de argentinos, un número equivalente a la totalidad de la población de países como Dinamarca o Finlandia. La cuenta macabra es un pobre más cada cuatro segundos. Esa formidable oleada de movilización social descendente ratifica los estudios realizados por el sociólogo Artemio López, quien asegura que por cada punto de incremento en el índice del costo de la vida quedan debajo de la línea de pobreza alrededor de 120.000 argentinos.

Igualmente elocuente resulta el índice de indigencia, que alcanza al 24,8 % de la población, cerca de nueve millones de personas cuyos ingresos no le permiten solventar el precio de la canasta básica de alimentos. Conviene observar que desde fines de 1999 hasta mayo del 2002, el porcentaje de indigencia, un indicador que se vincula muy directamente con la problemática del hambre, más que se triplicó, con mayor intensidad aún en la población infantil.

Nada de esto tendría que ser motivo de sorpresa. Existe un axioma económico, largamente comprobado, de que en los países que son grandes productores agroalimentarios, como es el caso de la Argentina, el impacto de una devaluación monetaria es aún más fuerte en el precio de los alimentos básicos, que en su mayoría son bienes transables internacionalmente, y como tales tan asociados a la cotización del dólar como ocurre con los productos importados.

Esta particularidad explica otra rareza estadística: también por primera vez, el porcentaje de indigencia está por encima del índice de desempleo, que en mayo último se ubicaba en el 21,5 %. Hay centenares de miles de personas empleadas que viven en situación de indigencia.

No está de más advertir que no estamos ante un "piso". El tobogán continúa. El incremento mensual del índice general de precios, el inevitable aumento en las tarifas de los servicios públicos, la demorada pero inevitable aplicación del CER y, de concretarse, la disparatada idea de producir un recorte salarial del seis por ciento para crear un "hospital de empresas" serán otros tantos factores de ahondamiento de la catástrofe social.

En este contexto, las "políticas sociales compensatorias" en marcha, centradas casi exclusivamente en el subsidio para los jefes y jefas de hogar, tienen una efectividad semejante a la que Perón definía como "tirar un frasco de tinta en el océano".

Lo primero que hay que comprender es que, en la situación concreta de la Argentina de hoy, la recuperación de la estabilidad monetaria es la condición básica para cualquier política social. Lo segundo es que no existe ninguna posibilidad de garantizar la gobernabilidad del país ni, menos aún, de implementar un programa económico orientado a superar la crisis si no se contempla, al mismo tiempo, un drástico plan de acción inmediata para enfrentar la emergencia social.

En este sentido, es imprescindible impulsar ya mismo la constitución de una amplia Red de Emergencia Social, que incluya a la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas, a los sindicatos, a las cámaras empresarias y a las decenas de miles de organizaciones no gubernamentales, que canalizan el espíritu solidario y las formidables energías creadoras de nuestro pueblo, para actuar coordinadamente con los organismos del Estado en la atención de las necesidades más urgentes.

La prioridad más urgente de esta acción es la lucha contra el hambre. Significativamente, no se trata tanto de un problema de recursos presupuestarios sino de liderazgo político y de organización institucional de los canales de distribución. Existen propuestas concretas de diversas entidades agropecuarias de articular programas específicos en conjunto con las distintas organizaciones sociales. No puede haber hambre en el país de los alimentos.
Pascual Albanese , 23/08/2002

 

 
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