 
 |
| Cosecha roja. |
| Las cifras de asesinatos de civiles y policías en lo que va del año 2002 ya representan un incremento de más del 300 por ciento de las que se registraron en la década del 90 y las proyecciones indican que pueden superarlas en más de un 500 por ciento, reflejando la atmósfera de bajísima gobernabilidad que suscita una administración que se debilita día tras día. |
| El próximo aumento en la tarifa de los servicios públicos y la nuevamente postergada aplicación del índice CER a los alquileres prometen devolver el tema de la inflación al primer puesto del ranking de preocupaciones argentinas de los meses venideros. En el borrador enviado por el gobierno al Fondo Monetario Internacional se estima que el índice anual llegará al 60 por ciento. Cálculos privados en el país y en el exterior consideran muy optimista ese vaticinio. Con todo, la estrella de esa ominosa tabla de posiciones es, por estos días, la
inseguridad pública. El asesinato brutal del joven Diego Peralta, previamente secuestrado y desaparecido por varias semanas, gatilló en la sociedad una mezcla explosiva de indignación, miedo y reclamo de medidas efectivas contra el delito. El fantasma del crimen del fotógrafo Cabezas volvió a flotar en la provincia de Buenos Aires y su mensaje, una vez más, evocaba complicidades entre sectores desviados de la policía bonaerense y los aparatos políticos que imperan hace años en esa provincia. Las voces de dos altos funcionarios de La Plata - uno de ellos, el subsecretario de Seguridad en ejercicio - nombraron un fenómeno que muchos pobladores de la provincia (principalmente del conurbano, convertido en vórtice del ciclón de violencia) sospechan desde hace mucho: que el delito, sea por complicidad o apañamiento, es una fuente de financiación espuria de aquellos aparatos. La denuncia no tuvo la trascendencia mediática ni, aparentemente, el eco judicial que la índole de sus autores (y la enormidad de lo invocado) parece merecer: una singularidad en un país plagado de acusaciones probadas o improbables. El presidente Eduardo Duhalde, antiguo patrón de la vereda bonaerense, se indignó ante los dichos de ambos funcionarios de Felipe Solá pero debió tragarse el sapo por imperio de sus necesidades políticas. Que la crisis sorda que lo separa del actual gobernador se convirtiera en enfrentamiento explícito agravaría la situación del frente bonaerense en su conjunto, tanto del polo que ejerce el gobierno nacional como del que se nuclea en La Plata. Duhalde tuvo que parlamentar con Solá y urdir una política de emergencia para encarar la escontrolada actividad del delito, apelando finalmente a la intervención del conjunto de las fuerzas de seguridad. Mejor que decir es hacer. Lo cierto es que las cifras de asesinatos de civiles y policías en lo que va del año 2002 ya representan un incremento de más del 300 por ciento de las que se registraron en la década del 90 y las proyecciones indican que - tristemente - pueden superarlas en más de un 500 por ciento y reflejan la atmósfera de bajísima gobernabilidad que suscita una administración que se debilita día tras día. Quizás tomando en cuenta ese marcado declive, Carlos Reutemann emergió de su silencio elegido para sugerir la aplicación de la llamada Ley de Lemas, salteando las internas partidarias y marchando directamente a los comicios generales. El tramo no dicho de la reflexión del gobernador santafesino es su convicción de que el gobierno carece de fuerzas para llevar al país ordenadamente a una entrega del poder tan lejana como la prevista, en mayo del año próximo. Reutemann ha confesado a sus íntimos que le gustaría un fuerte adelantamiento de las elecciones generales (para noviembre) y la transmisión del mando (para la primera semana de enero). Su planteo sobre la Ley de Lemas está directamente relacionado con la urgencia que presiente. Con todo, si el procedimiento de los lemas sirve para acelerar el trámite y descartar el paso de las internas (un expediente que, en rigor, sólo va a cumplir el justicialismo, ya que los restantes partidos no le ofrecerán a la ciudadanía la ocasión de seleccionar a los candidatos), la experiencia indica que por mecanismos como el de Ley de Lemas termina eligiéndose presidentes débiles, con una cuota limitada de respaldo de la sociedad. Así, lo urgente se contrapone con lo importante, ya que el país necesita que el único funcionario elegido por la totalidad de los ciudadanos - el Presidente de la República - tenga el apoyo, la capacidad de liderazgo y el poder necesarios para poder afrontar la dramática emergencia que atraviesa la Argentina. Con todos los reparos que puedan oponérsele, la selección de candidatos a través de comicios internos abiertos, limpios y transparentes es un mecanismo que permite legitimar democráticamente las postulaciones y, pasado el proceso de competencia interior, la consolidación de liderazgos y la organización de partidos con la unidad, la disciplina y las propuestas homogeneizadas por la vía de las urnas. Sin vigorosos atributos de respaldo y poder, el próximo Presidente se vería en figurillas para afrontar la herencia que recibirá: una Argentina que declaró el default, que padece marcas de riesgo-país que superan los 6.000 puntos, que no se ha sentado aún a hablar con sus acreedores y que, además, debe afrontar la patética deuda interna del hambre expandido a millones de personas, el desempleo duplicado, los ahorros confiscados, la inversión en fuga, la producción en caída libre, el consumo interno encogido, los contratos rotos, los bancos sin depósitos, las exportaciones en descenso, el peso devaluado, la multiplicación de monedas provinciales. Y el crimen reinando en sus ciudades. |
| Jorge Raventos , 19/08/2002 |
| Inicio | Arriba |