Es peor que un crimen, es un error.

 

El gobierno ha elegido participar activamente en el proceso electoral y el riesgo que conlleva esa decisión es que vuelve a colocar un serio e inoportuno interrogante sobre la gobernabilidad de la Argentina durante los agitados meses que se avecinan.
El gobierno ha elegido participar activamente en el proceso electoral y el riesgo que conlleva esa decisión es que vuelve a colocar un serio e inoportuno interrogante sobre la gobernabilidad de la Argentina durante los agitados meses que se avecinan. La aceleración del ritmo de los acontecimientos políticos lleva al actual gobierno de transición a una verdadera encrucijada: concentrarse en la administración de la crisis o asumir una intervención protagónica en la puja desatada por la sucesión presidencial. El polémico contenido de la reciente reglamentación de la ley que establecía el carácter obligatorio y simultáneo de las elecciones internas abiertas en la totalidad de los partidos políticos revela que, al menos por ahora, el gobierno ha elegido participar activamente en el proceso electoral. El riesgo que conlleva esa decisión es que vuelve a colocar un serio e inoportuno interrogante sobre la gobernabilidad de la Argentina durante los agitados meses que se avecinan.

Es obvio que la intencionalidad política de la determinación presidencial está orientada a perjudicar, por todos los medios a su alcance, las posibilidades electorales de Carlos Menem. Más allá de cualquier otra consideración de tipo político, o incluso ético, el problema fundamental es que esta tentativa erosiona muy seriamente los restos de poder de las ya de por sí precarias bases de sustentación de la administración saliente. Como solía decir en estos casos el célebre Talleyrand, "es peor que un crimen, es un error".

Puede ocurrir incluso que el primer perjudicado por la situación sea el presunto beneficiario de la maniobra oficial: el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota. Transformado actualmente en la apuesta política presidencial, está lejos de ser el precandidato más idóneo para movilizar en su apoyo a los padrones partidarios del radicalismo y de las fuerzas de izquierda, para confrontar con Menem en la "interna" justicialista del 14 de noviembre. En su propia provincia, De la Sota mantiene un áspero enfrentamiento con el todavía poderoso radicalismo cordobés y afronta constantemente en las calles los embates de las diversas expresiones locales de la izquierda.

La fuerte reacción adversa que estos decretos oficiales recogió, tanto en los bloques legislativos del peronismo, especialmente en el Senado, como en la mayoría de los gobernadores peronistas, indica que existe un amplio sector del justicialismo que, con independencia de sus alineamientos internos, no está dispuesto a tolerar que el gobierno utilice los recursos políticos y presupuestarios del aparato del Estado para incidir en la definición de la contienda partidaria.

La política no es un juego de señoritas. Es algo muy serio. Está de por medio el poder. Por eso tiene siempre un intenso olor a azufre. En la lucha política, lo más importante es ganar y lo peor es perder. No se trata entonces de rasgarse las vestiduras por la abierta intromisión gubernamental en la "interna" peronista. La única pregunta que verdaderamente hay que hacerse es en qué situación política puede quedar el actual gobierno en el caso, hipotético pero para nada improbable, de que Menem termine siendo el triunfador en las elecciones internas del 24 de noviembre.

Para evitar una respuesta trágica, que hoy sería, además, demasiado prematura, conviene esperar una rápida rectificación en el rumbo político adoptado. En caso contrario, es fácil prever un colapso politico antes de fin de año. Perón decía que "en política, quien no tenga cabeza para prever deberá tener espaldas para aguantar".
Pascual Albanese , 09/08/2002

 

 

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