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| El Banco Central en la mira. |
| La postura asumida por el FMI en favor del restablecimiento de la independencia del Banco Central constituye una definición política que habrá de obligar a la adopción de decisiones drásticas e inmediatas, antes incluso de las elecciones presidenciales que se avecinan. |
| Después de la victoria de Bill Clinton en las elecciones presidenciales de noviembre de 1992, algunos de los allegados al ex presidente norteamericano George Bush, quien perdió en esa oportunidad su chance para la reelección, sostenían que otros hubieran sido los resultados si el titular de la Reserva Federal, Alan Greenspan, hubiera tenido en los meses previos a los comicios una política monetaria más flexible para atenuar los efectos de un leve ciclo recesivo que afectaba a la economía estadounidense. De hecho, los indicadores económicos de los Estados Unidos en el cuarto trimestre del 92 revelaron una recuperación que, de haberse conocido antes de las elecciones, probablemente habrían favorecido las posibilidades electorales de Bush frente a un adversario que había inspirado su estrategia de campaña en el axioma de "es la economía, estúpido". Sin embargo, a ningún funcionario de la Casa Blanca se le pasó siquiera por la cabeza la sola idea de intentar influir sobre la política monetaria de Greenspan. La independencia de la Reserva Federal constituye una de las claves institucionales del sistema político y económico norteamericano. El documento de trabajo recientemente elaborado por los técnicos del Fondo Monetario Internacional, para conocimiento de la comisión de expertos internacionales arribada a Buenos Aires para asesorar sobre la reconstrucción del sistema financiero y sobre el programa monetario, pone en blanco sobre negro la existencia de una exigencia fundamental acerca del pleno restablecimiento de la independencia del Banco Central como requisito institucional indispensable para encarar las reformas necesarias para salir de la crisis. Esa tesis da por sentado un diagnóstico previo, no por implícito menos contundente: el punto de inflexión de la debacle financiera y monetaria producida en la Argentina a partir de diciembre del año pasado fue la decisión del gobierno de la Alianza de impulsar, en abril del 2001, la remoción de Pedro Pou de la presidencia del Banco Central. Aquella resolución, cuya muy cuestionable legalidad originó un recurso judicial que aún espera un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia, no estuvo fundada en las vaporosas denuncias lanzadas por la diputada Elisa Carrió. Sus verdaderas causas residieron en la posición asumida por Pou en favor de la dolarización y en la necesidad política del Ministerio de Economía de flexibilizar la política monetaria para incrementar sustancialmente los montos de los redescuentos otorgados a los bancos oficiales, en especial al Banco Nación y al Banco de la Provincia de Buenos Aires. El resultado fue una inmediata espiralización de la gigantesca crisis de confianza que había generado el gobierno de la Alianza desde sus primeros meses de gestión. A partir de entonces, se desató una secuencia de pasos sucesivos y rigurosamente encadenados que en muy pocos meses provocó la espectacular e indetenible alza de la tasa riesgo país, la creciente fuga de capitales, la caída en el nivel de reservas, el retiro de depósitos bancarios, el colapso del sistema financiero, el default y la devaluación monetaria, acompañada de la pesificación, la ruptura generalizada de los contratos entre particulares y el consiguiente impacto negativo sobre la seguridad jurídica y el imperio del Estado de Derecho. Con la perspectiva del tiempo, puede apreciarse con mayor nitidez que una de las razones fundamentales que explican el mantenimiento de la estabilidad monetaria a lo largo de toda la década del 90, luego de la implantación del régimen de convertibilidad, fue precisamente la ley que estableció la regla institucional de la independencia del Banco Central. A tal punto alcanzó la jerarquización política de la autoridad monetaria durante ese período que cuando Domingo Cavallo abandonó en 1996 el Ministerio de Economía, su reemplazante fue Roque Fernández, presidente del Banco Central, quien a su vez fue sucedido en ese cargo por Pou, hasta ese momento vicepresidente de la entidad. Desde la remoción de Pou en adelante, el Banco Central fue considerado en la práctica por el gobierno como una dependencia más del Ministerio de Economía. Esto explica las constantes desinteligencias registradas entre Mario Blejer y el ministro Roberto Lavagna, acentuadas ahora con Aldo Pignanelli. La versión paradigmática de esa subordinación política fue la posteriormente anulada resolución de la cartera económica que meses atrás disolvió la oficina de prensa del Banco Central, por estimar que existía una superposición de funciones. En las actuales circunstancias, la postura asumida inequívocamente por el FMI, que no es una actitud en defensa de Pignanelli contra Lavagna sino en favor del restablecimiento de la independencia del Banco Central, constituye entonces una definición política que habrá de obligar a la adopción de decisiones drásticas e inmediatas, antes incluso de las elecciones presidenciales que se avecinan. |
| Jorge Castro , 22/07/2002 |
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