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Subsidios agrícolas: cuando el cambio es insuficiente. |
Después de años de disputas, la Comisión Europea finalmente formuló una propuesta para reformar y limitar los subsidios masivos que los gobiernos otorgan a los productores agropecuarios. Según "The Economist", no alcanza para terminar con las distorsiones de precios que dañan a los países más pobres. |
Definir el progreso. Cuando se trata de reducir los inmensos subsidios agrícolas del mundo rico, ésta es una orden de mucho peso. El poder político de los agricultores de esos países, a pesar de que solo representan en 5 % de los puestos de trabajo, ha probado ser tan inmenso que cualquier cambio en los montos de dinero que reciben del gobierno, o cómo y porqué lo reciben, requirió esfuerzos políticos hercúleos. Por lo tanto, cualquier cambio termina siendo significativo. Y, juzgadas por estos estrictos criterios, las propuestas de Franz Fischler - el comisionado de agricultura de la Unión Europea - a la muy criticada política agrícola común (CAP) lucen como revolucionarias.
Según el paquete de medidas presentado el miércoles 10 de julio, Fischler quiere cortar el nexo entre el subsidio directo pagado a los granjeros europeos y su producción de alimentos, eliminando cualquier incentivo para crear excedentes de lagos de vino o montañas de manteca. En cambio, quiere vincular los pagos al cumplimiento de estándares de protección del medio ambiente y de calidad en el producto. Y reducirlos gradualmente el 20 % (al ritmo de 3 % por año), excepto para los productores más pequeños. Los ahorros se destinarán a proyectos de desarrollo rural que beneficien a las personas más necesitadas en las áreas agropecuarias. Fischler también propone limitar los pagos de subsidios a cada granjero a 300.000 euros (298.000 dólares) por año, reducir los precios de los cereales el 5 %, hacer cambios similares a una amplia variedad de productos agrícolas y limitar cualquier aumento futuro que incremente el tope presupuestario de la CAP, de más de 40.000 millones de euros.
Fischler está caminando en medio de una tormenta política. Francia resistirá cualquier recorte y restricciones a los pagos a sus agricultores. Otros países podrían rechazarlo, incluyendo a Irlanda, Portugal, Italia y Grecia. Gran Bretaña apoya la reforma de la CAP, pero probablemente se opondrá a un límite sobre los pagos a los grandes productores, porque tiene muchos de ellos. Del otro lado, los críticos de la CAP podrían rechazar las propuestas de Fischler por ser demasiado pequeñas y llegar demasiado tarde. No reducen el monto total de los subsidios agrícolas europeos, no hacen mucho para reducir el número de productores en Europa Occidental. Entonces, los contribuyentes europeos continuarán pagando grandes cantidades de dinero a granjeros que ya no son económicamente viables.
De cualquier forma, las propuestas de Fischler se mueven en la dirección correcta. Pero aun estos cambios, revolucionarios para los estándares de la UE pero modestos para cualquier medida objetiva de lo que realmente es necesario, no tienen garantía de éxito. Con alguna justificación, Fischler argumenta que él no puede cambiar todo el presupuesto de la CAP, que sólo los gobiernos europeos actuando en conjunto pueden hacerlo y que éstos han postergado tal decisión hasta el 2006.
Pero Fischler tiene un factor poderoso trabajando a su favor: la planeada expansión de la UE hacia el este. Esto ha hecho de los cambios a los subsidios agrícolas de la CAP sean una urgente prioridad. La admisión de los antiguos países comunistas en la UE, ayudándolos a consolidar sus nacientes democracias, ha sido un objetivo de la UE durante una década. El problema es que la admisión de Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia (y los otros seis países que ingresarían en 2004, junto con otros dos o más esperando acceder en 2007) podría quebrar a la CAP. Diez países candidatos aumentarían el número de agricultores el 120 % y extenderían la superficie cultivada el 42 %. Solamente Polonia, comparada con cualquier miembro actual de la UE, posee un sector agrícola tal que, si fueran aplicadas las normas de los subsidios a los granjeros, podrían llevar a la ruina al presupuesto de la UE. Hasta el gobierno francés, fuertemente comprometido con sus productores, reconoce la necesidad del cambio.
Pero el cambio compromete a los políticos en una estrategia de alto riesgo. Tanto la UE como los países que quieren ingresar a ella apoyan la expansión. Pero los miembros actuales no quieren dar a sus electorados la impresión de que será un proceso costoso; tampoco quieren un enfrentamiento con sus agricultores. Al mismo tiempo, los gobiernos de los países ingresantes están luchando, después de largas demoras, para convencer a sus electorados que la membresía traerá beneficios. Ellos tampoco están deseosos de reformas de la CAP que desagraden a sus propios granjeros ni, como algunos proponen, cumplir con un período de espera antes de acceder plenamente a los subsidios.
Pero, además de las disputas en Europa, está el resto del mundo. Juntos, Estados Unidos y la UE están tratando de ganar las mentes y los corazones del mundo en desarrollo; quieren convencerlos de que el libre comercio es un objetivo valioso y que la ronda de Doha de negociaciones de comercio internacional merece el esfuerzo. Los países en desarrollo fueron conversos resistentes. Pero lo que más desean es precisamente un corte en los subsidios agrícolas en el mundo rico y la liberalización del comercio agropecuario. Los cambios de Fischler a la CAP son un paso en la dirección correcta, especialmente en la desvinculación de los subsidios a la producción, que debería reducir los excedentes. Pero, por sí mismos, no parecen suficientes para cumplir con los reclamos de los países más pobres. |
Agenda Estratégica , 12/07/2002 |
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