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| Desorden bajo los cielos. |
| La cuestión bonaerense parece ser - junto con las magras nuevas que llegan desde las oficinas del FMI - el principal obstáculo para que el Presidente cumpla con lo que los gobernadores peronistas le plantearon en Santa Rosa: la convocatoria anticipada a comicios internos y generales. |
| La interpretación que distribuyó el gobierno nacional inmediatamente después de los hechos violentos del último miércoles, cuando pudo salir de la atonía provocada por la noticia de que se habían registrado dos víctimas fatales en las filas piqueteras, apeló a la cuerda conspirativa: había en marcha un complot destinado a tumbar la administración temporaria de Eduardo Duhalde. Curiosamente, desde las filas piqueteras se aceptó esa versión como válida: el culpable expiatorio de los enfrentamientos, según Luis D’Elía, uno de los jefes
de los piquetes, era "el menemismo dolarizador". La convergencia interpretativa se explica: hasta el momento, el gobierno y las fuerzas de D’Elía han coincidido en una mesa negociadora sostenida en planes Trabajar, subsidios para jefes y jefas de familia y vista gorda oficial ante las movilizaciones y cortes controlados de rutas de las corrientes lideradas por D’Elía. Esa narración de los hechos voló ostensiblemente por los aires y perdió cualquier viso de verosimilitud una vez que se conocieron las fotografías tomadas por algunos medios de comunicación y por las propias organizaciones piqueteras. Esas imágenes trasladaron ineludiblemente la clave interpretativa a la provincia de Buenos Aires: no sólo al sistema de autoridad que rige la conducta de su policía, sino a la sorda puja política que se libra en el distrito con la mira puesta en el gobierno que sucederá al que actualmente ejerce Felipe Solá. Antes de incursionar en esas aguas tumultuosas, conviene internarse un poco en los hechos mismos del jueves. La indudable ventaja comparativa que ostentan en la lucha callejera las organizaciones contestatarias de la izquierda - desproporcionada en comparación con su peso en las urnas - y el eco rápido e igualmente desproporcionado que encuentran en un amplio arco mediático, se han convertido en un factor político de peso en medio de una situación general de crisis económica y baja gobernabilidad. Así, el mantenimiento del orden público, ya deteriorado por los efectos de la recesión y la devaluación, encuentra nuevas restricciones. Especialmente cuando la búsqueda de ese orden se ve interferida por la existencia de pujas intestinas y la ausencia de un claro liderazgo político que asuma las responsabilidades emergentes del cumplimiento de ese objetivo. El eventual descontrol de algunos efectivos de las fuerzas de seguridad encuentra su raíz en el deficiente control y conducción política de esas fuerzas. Pero ni siquiera esas circunstancias absuelven de reconocer la objetividad del conflicto: el Estado no puede permitir el desafío de la agresión irracional ni admitir la interrupción de los sistemas circulatorios de la sociedad, sean estos rutas, puentes o medios de comunicación. La dolorosa pérdida de dos vidas - sobre cuyos responsables debe actuar con rapidez y energía la Justicia - no debería inducir a cambiar el eje del problema: el Estado y sus fuerzas deben proteger los derechos del conjunto de los ciudadanos, su seguridad, sus libertades, sus derechos y su propiedad de las agresiones. Una manifestación pacífica es una cosa muy distinta que otra en la que sus protagonistas se presentan armados (aunque sólo sea con caños, gomeras o garrotes) y anunciando públicamente que piensan someter a un sitio a la Capital Federal. Volvamos ahora sobre el eje bonaerense. Parece evidente que en las últimas semanas se ha desatado una pulseada fuerte entre Felipe Solá y el duhaldismo puro y duro, a partir del hecho de que el actual gobernador ha expresado su voluntad de candidatearse para sucederse a sí mismo y ha rechazado la oferta presidencial de apartarse del distrito y ser postulante a vicepresidente (en una deseada pero hasta ahora improbable fórmula encabezada por Carlos Reutemann). Esa rebeldía de Solá - y su intención de convertirse en heredero del duhaldismo pese a éste - crea un problema al presidente: Solá no contiene al conjunto del duhaldismo y hace peligrar el plan de retirada de Duhalde, que imagina su refugio en la provincia. En rigor, no sólo el gobernador Solá parece incapacitado para retener al conjunto del aparato duhaldista una vez que el Presidente deje la Casa Rosada: lo mismo podría decirse de otros aspirantes, como Alberto Mercuri, Raúl Othacé, el secretario nacional de Seguridad Juan José Alvarez o aun la propia Hilda Chiche Duhalde. Probablemente por eso, en las últimas semanas enviados de la Casa Rosada sondean en distintos ámbitos del justicialismo (inclusive en La Rioja) la posibilidad de que Duhalde se presente internamente como candidato a la gobernación. Es que el duhaldismo lo ve como el único capacitado para evitar el estallido de un aparato construido pacientemente durante una década. Solá, entretanto, con la ayuda de su secretario de Seguridad Luis Genoud y algunos intendentes, venía preparando su propio lanzamiento. Los hechos del jueves quizás lo posterguen; en principio, han deteriorado políticamente a Genoud, a quien, finalmente, el gobernador tuvo que aceptarle la renuncia al cargo. La cuestión bonaerense parece ser - junto con las magras nuevas que llegan desde las oficinas del FMI - el principal obstáculo para que el Presidente cumpla con lo que los gobernadores peronistas le plantearon un mes atrás en Santa Rosa (y le vienen reformulando telefónicamente o en otros escenarios): la convocatoria anticipada a comicios internos y generales. El Presidente quiere ver antes abiertos los senderos que aspira a transitar al dejar el cargo. Corre el riesgo, sin embargo, de que el anticipo venga impuesto no por él, sino por la crisis, que es la que parece estar al timón por estos días. El desorden bajo los cielos genera la necesidad - la urgencia - de encontrar una puerta salida hacia la esperanza, las expectativas de futuro, el abordaje de los problemas políticos, sociales, económicos, de orden público y de presencia internacional. |
| Jorge Raventos , 30/06/2002 |
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