¿Pasar el invierno?

 

La definición de las bases de un programa económico sustentable no es un tema de carácter técnico, sino una cuestión de naturaleza eminentemente política. Lo que verdaderamente hace falta no son ni largas negociaciones con el FMI ni comisiones de expertos internacionales. Es lucidez estratégica y poder político.
Detrás de la noticia de la postergación de los vencimientos de las obligaciones correspondientes al mes de julio, en el edulcorado lenguaje diplomático que utilizan los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional acaba de notificar al gobierno argentino que las negociaciones para alcanzar un acuerdo tendrán que estirarse al menos por tres meses más. De aquí hasta la primavera, no cabe entonces esperar novedades de importancia. Durante el invierno, sólo puede preverse una profundización de la crisis.

La determinación de ese plazo surgió de una obvia incompatibilidad de criterios. El gobierno argentino sostiene que no está en condiciones de elaborar un programa económico sin una previa definición de la asistencia financiera internacional. EL FMI considera que no puede negociar ningun acuerdo sin la existencia de ese programa.

El inconveniente es que, a esta altura de la crisis, es altamente probable que ese plazo de tres meses resulte de imposible cumplimiento político. Mucho antes de septiembre, la aceleración de los acontecimientos obligará a adoptar decisiones drásticas. En lo inmediato, la suba del dólar habrá de impactar nuevamente en los índices de precios, con las consiguientes repercusiones económicas y sociales.

El anuncio sobre la constitución de una comisión que estará integrada por importantes personalidades internacionales del mundo de las finanzas, encargada de asesorar en la elaboración de un programa monetario y en la reestructuración del sistema financiero, implica, sí, un afinamiento en el diagnóstico del FMI sobre la situación argentina. Ningún sistema económico puede funcionar sin moneda y sin crédito. Un programa "sustentable", como el que reclama constantemente el Secretario del Tesoro estadounidense Paul O' Neill tiene necesariamente que empezar por encarar la reconstrucción de esas dos instituciones básicas para cualquier economía.

En la actual situación de emergencia que atraviesa la Argentina, no hay lugar para las disquisiciones teóricas acerca de las presuntas ventajas de los regímenes de cambio fijos o flotantes. Las circunstancias exigen avanzar en el camino de la dolarización, única herramienta disponible para recrear la confianza interna y externa en el sistema monetario, y de una reformulación integral del sistema bancario, basada en una reforma legal que promueva el empleo de la inmensa solidez financiera de los grandes bancos transnacionales como una garantía orientada hacia la recreación de la confianza de los inversores y de los ahorristas.

Esta alternativa de reforma del sistema financiero incluye un ingrediente de muy alto voltaje político: el inmediato redimensionamiento de la banca pública, en particular del Banco Nación, el Banco Ciudad y, muy especialmente, el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La definición de las bases de un programa económico sustentable no es entonces tanto un tema de carácter técnico, sino una cuestión de naturaleza eminentemente política. Lo que verdaderamente hace falta no son ni largas negociaciones con el FMI ni comisiones de expertos internacionales. Es lucidez estratégica y poder político.

Por eso, la postergación de un eventual entendimiento con el FMI hasta el mes de septiembre tiene un inevitable corolario político. El gobierno esperaba dicho acuerdo, que aspiraba a concretar antes de mediados de julio, para definir el cronograma electoral. Esta nueva demora en las negociaciones convierte en absolutamente indispensable encarar ya mismo esa definición, eufemismo por acortamiento de mandato.
Jorge Castro , 30/06/2002

 

 

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