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| La ingobernabilidad como acción política. |
| Lo ocurrido el martes en Avellaneda marcó la abrupta irrupción en el escenario de la otra cara de una misma moneda: La profundización de la ingobernabilidad asumida ya como una opción deliberada por parte de actores políticos dispuestos a capitalizar esa desintegración del poder. |
| Es obvio que la Argentina atraviesa una crisis de gobernabilidad que afecta muy severamente la capacidad para el ejercicio efectivo y continuado del poder político democrático. Esta debacle constituye el resultado de la creciente ineficacia del poder político para controlar el vertiginoso curso de los acontecimientos económicos y sociales. En ese sentido, puede afirmarse que la ingobernabilidad es consecuencia de un fracaso del sistema político. Lo ocurrido el martes en Avellaneda marcó la abrupta irrupción en el escenario de la otra cara de esa misma moneda: la profundización de la ingobernabilidad asumida ya como una opción deliberada por parte de actores políticos dispuestos a capitalizar esa desintegración del poder. En circunstancias de notoria debilidad institucional, no sería conveniente subestimar la importancia estratégica de esta aparición. Porque no estamos frente a la acción de grupos de izquierda de estilo más o menos clásico, que se plantean la alternativa tradicional de la "toma del poder" a través de la vía insurreccional o de la lucha armada, sino frente a una metodología de nuevo cuño que, ante la disolución del poder político, sólo pretende, al menos durante un largo período, la instalación fáctica de una suerte de "antipoder" implantado en las calles, capaz de neutralizar la acción del Estado. Es la ingobernabilidad concebida como opción política. No se trata de un rayo en medio de una noche estrellada. El Secretario de Seguridad Interior Juan José Álvarez afirmó que en los primeros seis meses de este año hay ya registradas alrededor de 13.000 alteraciones del orden público, que incluyen desde cortes de rutas, manifestaciones callejeras, ataques contra sucursales bancarias, "escraches" contra dirigentes políticos y otras expresiones de protesta. Ya durante el gobierno de la Alianza, el creciente cuestionamiento de la opinión pública a la legitimidad del sistema político llevó a la decisión de privilegiar el delicado ejercicio de la negociación constante con los protagonistas de esas prácticas, aún a veces por sobre la obligación del respeto a la ley. La dinámica de esas negociaciones provocó incluso la continua entrega de prebendas a cambio de una mayor moderación en los reclamos. Es difícil sembrar vientos sin cosechar tempestades... Perón decía "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada". La "tolerancia cero", aquel famoso principio con el que el alcalde Rudolph Giuliani restableció la seguridad pública en las convulsionadas calles de Nueva York, nada tuvo que ver con la "mano dura", con el "gatillo fácil" ni menos aún con la restricción a los derechos humanos. Residía simplemente en la aplicación de la regla de que para prevenir el crimen había que empezar por ser inflexibles con las infracciones a las leyes de tránsito. La reconstrucción institucional de la Argentina comienza con la recuperación del acatamiento a la ley. El Estado no puede declinar bajo ningún concepto su misión indelegable de garantizar, mediante el empleo inteligente y eficaz de todos los recursos legales que proporciona el Estado de Derecho, el mantenimiento del orden público. Eso sí: a mediano plazo, que en la Argentina de hoy se mide en términos de semanas, esa obligación inexcusable será de imposible cumplimiento si no está acompañada por tres elementos fundamentales: Una relegitimación del poder político, a través del adelantamiento de la convocatoria electoral, la inmediata creación de una vasta red de solidaridad social, capaz de atender a la situación de emergencia humanitaria en que se encuentran vastos sectores de la población, y la elaboración y puesta en marcha de un programa económico sustentable, orientado a enfrentar y resolver la crisis. |
| Pascual Albanese , 28/06/2002 |
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