El FMI y las elecciones.

 

Existe ya un consenso virtualmente generalizado en la comunidad financiera internacional acerca de la imposibilidad de que el actual gobierno de transición esté en condiciones de ejecutar las drásticas reformas estructurales que requiere un plan económico sustentable para la Argentina.
El subsecretario adjunto de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado norteamericano Curtis Struble acaba de declarar en España que la Argentina puede sufrir un "colapso político". Lo hizo antes de empezar una importante ronda de conversaciones con altos funcionarios del gobierno hispano, orientadas precisamente a coordinar una acción conjunta entre España y Estados Unidos en relación a América Latina.

"Hay una coincidencia casi absoluta entre España y Estados Unidos en términos de análisis sobre América Latina", subrayó Struble. Esa afirmación de carácter general tiene una significación unívoca en relación a la crisis argentina. Los gobiernos de George W. Bush y José María Aznar, cuyas políticas globales resultan cada vez más convergentes, vienen encarando una posición común, que en la práctica constituye para este caso específico una guía para el comportamiento del "Grupo de los Siete" y, en esa medida, del propio Fondo Monetario Internacional.

Mientras esto ocurría en España, el gobierno argentino desmentía oficialmente el llamado a elecciones anticipadas, pero en la reunión con los jueces federales celebrada en la Casa Rosada se avanzó concretamente en el análisis de los tiempos legales mínimos necesarios para apresurar la convocatoria.

A la vez, la Cámara de Diputados apuró el trámite para la sanción de la ley que establece la obligatoriedad de la realización de elecciones internas abiertas y simultáneas en todas las fuerzas políticas para la nominación de sus respectivos candidatos.

El hilo conductor que une a esta cantidad de datos aparentemente dispersos quizás esté en las trabajosas conversaciones preliminares que antecedieron a la llegada de una nueva misión técnica del FMI, cuya tónica ratificó también la naturaleza eminentemente política de la negociación en ciernes.

Puede afirmarse que existe ya un consenso virtualmente generalizado en la comunidad financiera internacional acerca de la imposibilidad de que el actual gobierno de transición esté en condiciones de ejecutar las drásticas reformas estructurales que requiere la implementación de un plan económico sustentable para la Argentina.

A partir de esa conclusión, las expectativas reinantes en la mayoría de esos círculos giran en torno a la posibilidad de evitar el "colapso político" que mencionó Struble en Madrid, a través de la firma un acuerdo básico entre la Argentina y el FMI, cuyo cumplimiento efectivo quedaría luego a cargo del nuevo gobierno constitucional.

En términos prácticos, este compromiso bilateral significaría una nueva prórroga en los plazos estipulados para la cancelación de los vencimientos de la Argentina con los organismos multilaterales de crédito para lo que resta del presente año, a cambio de la firma de una muy pormenorizada acta de intención, que detallaría las metas e instrumentos económicos que el país se comprometería a respetar durante los próximos años, con la incorporación del agregado explícito de que la protocolización de ese entendimiento provisorio, sujeto por supuesto a la aprobación posterior de las nuevas autoridades electas, sería acompañada con la inmediata convocatoria a elecciones presidenciales.

La conclusión es relativamente simple: una crisis económica de raíz básicamente política, como la que atraviesa la Argentina de hoy, sólo puede tener una respuesta a acorde con la naturaleza del problema que la origina.
Pascual Albanese , 14/06/1992

 

 

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