Las dificultades jurídicas y políticas que provoca la alternativa de un acortamiento simultáneo de la totalidad de los mandatos electivos nacionales, provinciales y municipales hacen aconsejable, en este estado de emergencia, concentrar el esfuerzo en la elección presidencial. |
Los principales voceros del gobierno ya empiezan a admitir que, en el caso de alcanzarse al menos un principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, se anticiparía el llamado a elecciones presidenciales. Huelga señalar que en la hipótesis contraria, de no mediar dicho acuerdo mínimo, esa convocatoria sería aún más inevitable. La conclusión es obvia. Entramos en vísperas electorales, que pueden resultar más o menos turbulentas.
A partir de esa comprobación fáctica, que surge del análisis de los hechos y nada tiene que ver con las fantasías de supuestas conspiraciones internacionales, conviene distinguir lo principal de lo accesorio. Hoy, la prioridad ineludible es una rápida reconstrucción del poder político. Y, según lo establecen la Constitución Nacional y la tradición política argentina, el eje inequívoco de ese poder reside en la Presidencia de la Nación, que es el único cargo público elegido por el voto directo de la totalidad del cuerpo electoral nacional.
El debate planteado alrededor de la declaración de caducidad de los demás mandatos electivos, por importante que resulte en relación al cuestionamiento de la opinión pública a la legitimidad del sistema político, es secundario ante la formidable aceleración de la crisis económica y social.
Hay, sin duda, una grave crisis de representación política, que es imperioso revertir. Pero esa profunda crisis de representación reconoce ciertas gradaciones. En el plano nacional, el único cargo electivo desempeñado hoy por alguien cuyo mandato no surgió del voto popular es precisamente la Presidencia de la Nación. Más aún: dicho mandato, cuya legalidad está absolutamente fuera de discusión, es ejercido justamente por el candidato que perdió las elecciones presidenciales de octubre de 1999, que ganara Fernando De la Rúa.
A nivel provincial, existe solamente otro único caso significativo que podría suscitar una observación semejante: La gobernación de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ambas situaciones no son equivalentes. Existe una diferencia decisiva en materia de legitimación política: Felipe Solá fue el candidato a vicegobernador de la fórmula justicialista triunfante en las elecciones bonaerenses del 99.
Las dificultades jurídicas y políticas que provoca la alternativa de un acortamiento simultáneo de la totalidad de los mandatos electivos nacionales, provinciales y municipales hacen aconsejable, en este estado de emergencia, concentrar el esfuerzo en la elección presidencial, que en las presentes circunstancias no implica sólo la legitimación de un nuevo gobierno sino también algo igualmente importante: la definición, a través del voto popular, de un rumbo estratégico y de un programa para enfrentar y resolver la crisis.
En este panorama de excepción, la elección presidencial es el único punto de partida posible para encarar la reconstrucción del vértice del poder democrático y, a partir de allí, abrir el espacio político adecuado para avanzar en una indispensable renovación del conjunto sistema institucional argentino, una transformación de dimensiones revolucionarias, que en razón de su propia naturaleza, más que una elección anticipada, exige una impostergable reforma constitucional.
El único paso previo, absolutamente inevitable para afianzar la legitimidad de la institución presidencial, condición ineludible para la recreación de su poder político, es la inmediata realización de elecciones internas, de carácter abierto y simultáneo, en todas las fuerzas políticas del país, para nominar democráticamente a sus respectivos candidatos.
Cualquier otro factor que pueda entorpecer la celeridad que requiere el cumplimiento de esta instancia política crucial para la gobernabilidad del país tendrá que esperar una mejor oportunidad. |
Jorge Castro , 10/06/2002 |
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