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| Milonga pampeana. |
| La sociedad ha comenzado a propiciar que hay que abreviar el interinato y crear las condiciones para una reconstrucción de la autoridad y el poder basada en la legitimidad electoral y la definición de un rumbo realista. |
| La atención política del país se concentra el lunes 27 de mayo en Santa Rosa, la capital pampeana, donde los gobernadores justicialistas han citado al presidente Eduardo Duhalde para analizar la marcha del gobierno de transición y sus perspectivas. La agenda del cónclave es obvia: un examen sobre el cumplimiento del programa de 14 puntos promovido por los mandatarios justicialistas un mes atrás en Olivos, la constatación del deterioro de la coalición parlamentaria en que se apoya Eduardo Duhalde (el radicalismo desencadenó el jueves en Diputados
una derrota a la propuesta duhaldista de modificar la Ley de Subversión
Económica), el preocupante tema de la seguridad ciudadana y el análisis de una convocatoria rápida a la elección de nuevo Presidente. Si bien Duhalde, su entorno y algunos mandatarios provinciales sostienen la inconveniencia de anticipar esos comicios, sigue siendo válido lo que se apuntaba un mes atrás en este espacio: La cuestión del adelanto electoral depende menos de los requerimientos explícitos que de la capacidad del gobierno para afrontar con alguna eficacia la situación. Los gobernadores justicialistas fijaron en 14 puntos el rumbo que aspiran para su propio movimiento y las acciones que esperan de Duhalde. Ninguno de ellos - con la excepción, quizás, de Néstor Kirschner - parece hoy apresurado por desempolvar las urnas. Preferirían que los comicios lleguen, de acuerdo a los ritmos normales, en el segundo semestre de 2003, después de una transición relativamente ordenada a cargo de la administración actual. Pero los tiempos de crisis suelen ser irrespetuosos con las previsiones y los deseos. Y lo cierto es que no sólo se aceleran los tiempos objetivos de la crisis (el colapso financiero ya ha comenzado a manifestarse en quiebras de bancos y el panorama próximo luce aún más oscuro; la inflación trepa vertiginosamente; el paisaje social se agrava tanto en el terreno de los índices de indigencia como en los de inseguridad y violencia), sino que la opinión púbica ha comenzado a demandar el fin de la transición a través de un llamado veloz a las urnas. "No podemos dejar de hablar de lo que se habla en la calle", resumió el gobernador bonaerense Felipe Solá. Parece evidente que un gobierno que nació débil, que ha acrecentado su anemia con sus propios actos (devaluación, pesificación asimétrica compulsiva, vacilaciones, tentaciones aislacionistas) y que, para colmo, ve resquebrajarse las bases parlamentarias de su alianza con radicales y frepasistas no aparece como el más indicado para recuperar la confianza interna y externa que se requiere para salir de la emergencia. El propio Eduardo Duhalde, al mentar la posibilidad de una renuncia a su cargo y comunicar a través de voceros su "hartazgo" y su "enojo" ha comenzado a tender un puente hacia lo inevitable: esos sentimientos son señales de su impotencia para manejar la crisis. De allí a la conclusión de que hay que abreviar el interinato y crear las condiciones para una reconstrucción de la autoridad y el poder basada en la legitimidad electoral y la definición de un rumbo realista y claro media sólo un paso, que la sociedad ya ha comenzado a propiciar y que la dirigencia política - inclusive pese a sus actuales reparos - no tardará en imitar, espoleada por las circunstancias. El Arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, describió con cruda franqueza alguna de esas circunstancias en el Te Deum del 25 de mayo: "Una sorda guerra se está librando en nuestras calles, la peor de todas, la de los enemigos que conviven y no se ven entre sí, pues sus intereses se entrecruzan manejados por sórdidas organizaciones delincuenciales y sólo Dios sabe qué más, aprovechando el desamparo social, la decadencia de la autoridad, el vacío legal y la impunidad". Si todo indica que los tiempos de la transición se precipitan, es prudente pensar cómo y para qué concluir la etapa. Parece evidente que la forma menos costosa reside, no en que Eduardo Duhalde dimita y obligue así a elegir un nuevo gobernante transitorio, sino en que él mismo abra el camino hacia el comicio anticipado mientras administra las cuestiones más acuciantes. El objetivo es conseguir que la Argentina, a través del voto popular, restablezca un sistema de autoridad políticamente legitimado, en condiciones de encarar un plan de reformas básicas y de aparecer ante el mundo como un interlocutor fortalecido con la energía que emana de las urnas. Un proceso de esa naturaleza demanda entre 90 y 120 días, pues debe ser precedido por la selección de candidaturas, liderazgos y programas de cada fuerza política. Debería descartarse la idea, que algunos manejaron en diciembre y enero, tras las renuncias sucesivas de Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá, de apelar a la Ley de Lemas para ganar tiempo y eludir el paso de las internas. La Ley de Lemas es un procedimiento confuso, que neutraliza la expresión inequívoca de la ciudadanía (ya que suma arbitrariamente sufragios de distinta naturaleza e intención), que puede (como ha sucedido en provincias que la aplican) convertir en ganador a un candidato individual que no haya sido el más votado y que, por sobre todo, cristaliza parcialidades y no contribuye a la concentración de autoridad y poder que requiere el país para encarar su reconstrucción. El mandato ciudadano debe poder expresarse con la máxima transparencia y sin ambigüedades por un liderazgo y un rumbo, si es que aspira a emerger de la crisis. El cónclave de La Pampa seguramente reflexionará sobre estos asuntos. Más importante aún: la sociedad argentina ya lo está haciendo intensamente. |
| Jorge Raventos , 27/05/2002 |
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