La gran batalla del proteccionismo.

 

El presidente Bush promulgó una ley que incrementa en un 80 % los subsidios agrícolas, un hecho que se suma a otras disputas comerciales pendientes con la Unión Europea y pone en riesgo la ronda de negociaciones multilaterales.
"¿Qué pasó con el libre comercio?", se preguntó el semanario "The Economist" cuando el presidente de los Estados Unidos George Bush firmó una ley - aprobada la semana pasada - que incrementó en un 80 % los subsidios a los productores agropecuarios.

Hace seis meses, las perspectivas de un comercio global más libre parecía un solitario punto brillante en un mundo oscuro. Dos meses después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, 142 países acordaron en Doha, Qatar, el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales. Un mes después, China, el país más populoso del mundo, se unía a la Organización Mundial de Comercio - OMC - y, de esta forma, al sistema multilateral.

¡Qué rápido cambian las cosas! La economía mundial luce inesperadamente brillante este año, pero la relación comercial transatlántica se ha vuelto perturbadoramente oscura. En marzo, el presidente George Bush, supuestamente un abogado del libre comercio, desplegó tarifas "de salvaguardia" de hasta el 30 % sobre el acero extranjero, en la acción estadounidense específica más proteccionista de las últimas dos décadas. También aceptó otras varias medidas proteccionistas, en un intento de persuadir al Congreso para que le confiera la autoridad de negociación comercial.

Para el semanario británico, el aumento de los subsidios agrícolas tiene una importancia gigantesca, porque la liberalización del comercio en los productos agropecuarios es central en la agenda de Doha. Y los europeos, notoriamente protectores de su propia Política Agrícola Común, están dispuestos a aferrarse a cualquier excusa para evitar las reformas que pueden dañar a sus granjeros políticamente poderosos.

La triste historia comienza con el acero. La Unión Europea, liderada por su Comisionado de Comercio Paul Lamy, está encabezando una contraofensiva contra los aranceles estadounidenses. Junto con Japón, China y otros países han reclamado formalmente ante la OMC. También están demandando de los Estados Unidos una compensación por el costo de las tarifas sobre el acero. Si la administración Bush no ofrece dicha compensación para el 18 de junio, los europeos intentarán elevar sus aranceles hasta sobre 336 millones de dólares de valor de productos norteamericanos. Los japoneses también están amenazando con inminentes alzas arancelarias, aunque solo sobre un valor de hasta 5 millones de dólares de productos.

Para mostrar su irritación más claramente, los europeos han elegido golpear a Bush donde le duela más, en los distritos electoralmente sensibles. Los aranceles pueden ser impuestos sobre una variada gama de productos, desde los textiles (lastimando a Carolina del Norte) hasta el jugo de naranja Tropicana (hiriendo a Florida). Peor aún: los europeos han reaccionado con alguna protección propia: días después de la decisión de Bush, introdujeron sus propios aranceles de salvaguarda para impedir que cualquier acero desviado desde los Estados Unidos pueda llegar a los mercados de Europa Occidental.

Ambos lados se toman gran trabajo en insistir que sus acciones son consistentes con las normas globales. Hasta argumentan, perversamente, que están imponiendo tarifas con la intención de ayudar al libre comercio. Pero este doble discurso no puede ocultar el hecho de que están danzando sobre el filo de un resbaloso y quebrado terreno que se dirige a una protección "ojo por ojo".


El riesgo de la escalada

Pero, además, hay razones por las que estas cuestiones podrían ser más peligrosas y con mayores consecuencias que otras disputas previas. Primero, porque se han juntado muchas sobre la mesa. Segundo, porque hay demasiada evidencia lamentable, más allá del acero, que el compromiso de los Estados Unidos con el libre comercio bajo la administración Bush cruje cuando cae bajo la presión política interna.

El 17 de junio, el día antes al que los europeos pueden imponer tarifas retaliatorias sobre el acero, un panel de arbitraje de la OMC debe anunciar el monto de la retaliación que los europeos pueden imponer sobre los estadounidenses sobre un tema distinto: el subsidio en el impuesto a las ganancias a las empresas por sus ventas extranjeras. Bajo el código tributario norteamericano, las compañías estadounidenses obtienen una rebaja impositiva sobre sus ventas extranjeras, algo que los europeos reclaman que es un subsidio ilegal a las exportaciones. La OMC, el árbitro de las normas del comercio global, está de acuerdo con Europa y ha ordenado a los Estados Unidos para que adecuen sus reglas. Hasta que lo hagan, los europeos tienen el derecho de imponer sanciones (es decir, aranceles) compensatorios de este subsidio ilegal.

El nivel de la represalia permitida estará en algún punto entre los 1.000 y 4.000 mil millones de dólares. Esto es mucho más que cualquier otra retaliación previa aprobada por la OMC (los aranceles de los Estados Unidos contra Europa acerca de las bananas sólo representaban 191 millones de dólares). Europa no tiene que imponer esas tarifas de inmediato, es más, las empresas europeas deberían horrorizarse ante la perspectiva de un hecho así, pero tendrá libertad para hacerlo en cualquier momento y por cualquier monto hasta el límite permitido después del 17 de junio. Europa tiene un arma extra, aprobada por la OMC, para amenazar.

Los Estados Unidos podrían también llevar a los europeos ante la OMC sobre otras cuestiones distintas en las que Europa está en falta: por ejemplo, su actitud contra los organismos genéticamente modificados. La Unión Europea ha impuesto una moratoria sobre cualquier nuevo organismo genéticamente modificado en su ámbito. Esta moratoria casi con certeza rompe las normas de la OMC. Los Estados Unidos no han todavía planteado un litigio, en parte porque esa estrategia es riesgosa políticamente: podría caer extremadamente mal en Europa y podría alentar los sentimientos en contra de los organismos genéticamente modificados entre los consumidores estadounidenses. No obstante, esta arma también está en el arsenal norteamericano.

Cualquier escalada en este recorte comercial puede debilitar la legitimidad política de la OMC. Aunque tenga los atributos de una corte comercial, el mecanismo para el acuerdo de disputas de la OMC no puede resolver diferencias políticas profundas entre los países, desde un código impositivo hasta la salud y la seguridad de los consumidores. Hay una tajante diferencia entre la forma en que los acuerdos comerciales son hechos inicialmente, algunas veces en compromisos mutuamente contradictorios entre los políticos, y la manera en que son interpretados más tarde cuando caen en manos de abogados de ojos penetrantes. El acuerdo de salvaguardia, por ejemplo, en la opinión de un abogado comercial, es "como un trozo de queso suizo". Tanto los Estados Unidos como Europa proclaman que se han mantenido en la letra de las normas multilaterales de comercio, mientras ambos lados socavaron su espíritu. Si las disputas se acumulan, la OMC corre riesgo de quedar entrampada mientras son llevadas a litigio cientos de inconsistencias y vías de escape. En la peor situación, esto podría socavar por completo el sistema de acuerdo de disputas de la OMC, una institución todavía joven, con más necesidad de nutrición que de ser asfixiada con trabajo.


Comprometiendo al libre comercio

El acuerdo de Doha estableció la agenda para una nueva ronda de negociaciones comerciales. Estas reuniones, que están desarrollándose en Ginebra, deberían estar terminadas para el 1° de enero de 2005. Sus objetivos son ambiciosos y apuntan particularmente a ayudar a los países pobres. Las barreras comerciales en la agricultura y los textiles, dos áreas en las que los países ricos han sido largamente muy proteccionistas, deberían ser derribadas. Las normas anti-dumping, a menudo mal usadas como una forma de protección, deben ser revisadas. La agenda de Doha está basada en una apuesta: que los países pobres, que sienten que recibieron un trato duro en la ronda previa de negociaciones de Uruguay que finalizó en 1994, ahora sentirán que los países ricos están preparados para abrir sus mercados. Si los países pobres no están convencidos de esto, la ronda de Doha fracasará.

Hasta ahora, habían sido los norteamericanos quienes habían dirigido la carga contra el proteccionismo agropecuario en la Unión Europea y el Japón. Fueron ellos quienes insistieron en poner la liberalización del comercio agrícola en el corazón de la ronda de Doha. Esta nueva ley de los Estados Unidos ha tirado todo eso por la ventana: Aumenta el nivel de los subsidios federales en más del 80%, sumando 82.000 millones de dólares en los próximos diez años.
Agenda Estratégica , 16/05/2002

 

 

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