Una estrategia correcta de inclusión social tiene que atender a las impostergables urgencias del presente, pero también aportar las vías adecuadas para ir erradicando las causas estructurales de la exclusión social en la Argentina. |
La lucha permanente por la justicia social es el núcleo esencial de la identidad política del peronismo. De allí que nos resulte resulta absolutamente inaceptable el hecho cierto de que en la Argentina de hoy existan millones de familias argentinas sumidas en estado de pobreza y marginación social, sin poder acceder a niveles adecuados de alimentación, prevención y protección de la salud, educación y la capacitación, vivienda e infraestructura, que son las condiciones mínimas de una vida digna a las que todos tenemos derecho por el sólo hecho de ser personas, ya que, como decía Eva Perón, "donde hay una necesidad hay un derecho".
Esa realidad de inequidad social extrema, que se agrava día a día, así como lastima nuestra conciencia y reclama nuestra acción, hace inviable el restablecimiento del orden público, de la reconciliación nacional y de la paz social y aparece como un obstáculo insalvable para poder avanzar en el camino de las reformas estructurales pendientes.
No hay entonces futuro posible para la Argentina como Nación si no somos capaces de dar una respuesta de emergencia a las angustias sociales del presente, incrementadas cotidianamente por el continuo aumento del desempleo y la brutal alza de precios en los productos de primera necesidad, que pulveriza el poder adquisitivo del salario y convierte hoy a la estabilidad monetaria en una reivindicación social absolutamente impostergable de todo el pueblo argentino.
En las actuales circunstancias, ese esfuerzo solidario exige la concentración de los recursos presupuestarios asignados a la ejecución de distintos planes sociales dispersos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, para financiar adecuadamente el subsidio especial de empleo y formación para todos los jefes y jefas de hogar desocupados, cuyo monto, hasta que se recupere la estabilidad monetaria, habrá que actualizar de acuerdo con el índice de inflación.
Resulta indispensable adoptar todos los recaudos para asegurar que el otorgamiento de ese salario social no pueda ser usado para indignas prácticas de clientelismo político, sea que tales prácticas sean aplicadas por quienes ocupan posiciones en cualesquiera de los niveles y organismos del Estado o por quienes se les oponen y que la contraparte que se exija de los beneficiarios deje de ser su participación en piquetes, manifestaciones o internas partidarias.
Entre tales recaudos, ha de establecerse que las asignaciones sociales sean percibidas por sus beneficiarios en forma directa y sin intermediaciones parasitarias, mediante el cobro a través de tarjetas de débito o instrumentos similares.
Los receptores de las asignaciones, como contraprestación, podrán elegir libremente entre trabajar en empresas que demanden sus servicios y se hagan responsables de las correspondientes cargas sociales, realizar tareas voluntarias a tiempo parcial en organizaciones no gubernamentales, formarse en programas de capacitación que faciliten su reinserción en el mercado laboral u ocuparse de asegurar la asistencia y el rendimiento escolar y la prevención de la salud de sus hijos menores de 18 años.
De esa manera, es posible garantizar un ingreso básico para todas las familias argentinas, promover la reactivación productiva, alentar el despliegue de la acción de las organizaciones comunitarias, elevar los niveles de formación profesional de los sectores socialmente más postergados y fortalecer sus lazos familiares.
Pero para poder dar las respuestas debidas al enorme desafío social que se nos presenta hoy a los argentinos, no alcanzaría con la acción del Estado, aún si ese Estado tuviera una aptitud y unos recursos que hoy no tiene. La urgencia, magnitud y trascendencia de las respuestas que reclama ese problema esencial exige, ante todo y sobre todo, tender a que todas las personas y todas las familias argentina, ya sea que estén o no en situación de marginalidad y pobreza, se involucren en la búsqueda y puesta en marcha de esas respuestas y apelar a la participación activa y protagónica de todas las organizaciones de la comunidad, en una verdadera epopeya nacional decididamente orientada hacia la dignificación social del pueblo argentino.
En tal sentido, resulta imprescindible promover la constitución de una amplia Red Nacional de Solidaridad Social, con la participación de la Iglesia Católica, de las demás confesiones religiosas, de los sindicatos, de las empresas y sus cámaras y asociaciones, en suma, de las decenas de miles de organizaciones libres del pueblo, para canalizar el espíritu solidario y las energías creadoras que anidan en el pueblo argentino, y que esa Red actúe coordinadamente con los organismos del Estado nacional, provincial y municipal en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Se trata de aplicar en este terreno el principio de subsidiariedad establecido en la doctrina social de la Iglesia y de impulsar la acción organizada del voluntariado social, que hoy moviliza las energías solidarias de millones de argentinos, dando garantías de transparencia en el uso de los recursos destinados a fines sociales y terminando con prácticas de clientelismo político, despilfarros ineficientes y focos de corrupción.
En la actual situación de emergencia social, las prioridades fundamentales de esa acción coordinada y convergente entre el Estado y el conjunto de la sociedad civil, deben apuntar a resolver el problema del hambre y la desnutrición, a la prevención y atención de la salud, a la atención de la drogadicción y el combate contra el narcotráfico y a la prevención social de la violencia.
En la problemática específica del hambre, hay que avanzar en formular y poner en marcha las diferentes iniciativas orientadas a establecer una acción coordinada entre los productores de alimentos y las organizaciones sociales, haciendo realidad un axioma elemental: no puede haber hambre en el país de los alimentos.
Un principio fundamental al que debe atenderse debidamente es que ninguna política social puede resultar exitosa si no es a partir de la organización y del protagonismo de los propios interesados y que la condición de eficacia es la acción organizada de los sectores populares. En el pensamiento de Perón, el poder es organización.
Con ser hoy imprescindible y urgente que se los adopte, dado el dramático estado de necesidad, se debe asumir que ningún paliativo social puede reemplazar la solución estructural consistente en crear las condiciones para que todos los argentinos puedan acceder al mundo del trabajo.
Está demostrado que las posibilidades de inserción laboral y de ascenso social no se derivan única o mecánicamente de la reanudación del crecimiento económico y que exigen también un fuerte salto cualitativo en los actuales niveles de formación profesional de la fuerza de trabajo, para incrementar su aporte a la productividad y posibilitar su incorporación a un sistema productivo que es y seguirá siendo cada vez más exigente y competitivo.
Dado que la educación ha dejado de ser ya una etapa de la vida, para convertirse en una dimensión permanente de la existencia humana, además de la impostergable transformación del sistema educativo formal en sus tres niveles tradicionales (primario, medio y terciario o universitario), surge la necesidad de crear un "cuarto nivel" educativo, de características no formales o "paraformales", que contribuya a responder exitosamente a este desafío.
Una de las instancias de ese sistema educativo no formal o "paraformal" es la puesta en marcha de un Plan Nacional de Alfabetización Informática, orientado hacia la capacitación masiva del conjunto de la población económicamente activa en el empleo de las nuevas tecnologías de la información.
Transformar el sistema educativo formal y establecer un nuevo sistema educativo no formal o "paraformal" forman parte de una necesaria cruzada educativa del siglo XXI, de una envergadura similar a la alfabetización masiva de la población encarada a fines del siglo XIX por Sarmiento y la generación del 80, que requiere la participación activa de las organizaciones sociales y, muy especialmente, de las organizaciones sindicales, así como de los educadores.
Una estrategia correcta de inclusión social tiene que atender a las impostergables urgencias del presente, pero también aportar las vías adecuadas para ir erradicando las causas estructurales de la exclusión social en la Argentina.
Los hechos probaron que son impotentes para aportar esa estrategia quienes quieren elaborarla desde la estrechez economicista desentendida de la justicia, que adopta el neoliberalismo, o desde el falaz discurso igualitarista que busca restaurar al caduco "Estado de Bienestar", que expresa la socialdemocracia.
Con orgullo, pero sin soberbia ni sectarismo, afirmamos que fuimos, somos y queremos seguir siendo justicialistas. Aprendimos del general Perón que la realidad es la única verdad. Por eso, no desconocemos ni negamos los muchos problemas sociales que había en la Argentina en diciembre de 1999. Sin embargo, hoy es una evidencia dramática e innegable que, apenas 27 meses después, la implementación de estrategias y políticas equivocadas condujeron al país a un verdadero cataclismo, que nos llevó a una crisis social de insólitas dimensiones y que no hace sino agudizarse vertiginosamente día tras día.
Pero los justicialistas no somos proclives a dedicar más tiempo que el necesario a elaborar el diagnóstico de los problemas o a demorarnos en distribuir culpas entre quienes los generaron. Tal vez por sufrir esos problemas sociales en carne propia, lo que verdaderamente nos convoca es tratar de resolverlos. Entendemos que, como decía Perón, "mejor que decir es hacer y que prometer realizar". Hoy, como ayer y como siempre, nos disponemos a hacer una Argentina socialmente justa, que sólo será posible si el pueblo restaura una economía libre mediante el ejercicio constante y efectivo de su voluntad políticamente soberana. |
Agenda Estratégica , 13/05/2002 |
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