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| La Reforma Institucional. |
| El país necesita encarar una reformulación integral de su sistema institucional. Se trata, nada más y nada menos, de la fundación de una Segunda República. |
| La Argentina padece una crisis esencialmente política. Se manifiesta en la subsistencia de un sistema de instituciones públicas que se ha revelado totalmente ineficaz para enfrentar y resolver las situaciones de crisis. Dicha incapacidad es la razón de fondo de la seria pérdida de credibilidad que experimenta el sistema político en su conjunto y que afecta severamente su legitimidad. El país necesita encarar una reformulación integral de su sistema institucional. Se trata, nada más y nada menos, de la fundación de una Segunda República. En tal sentido, es necesario promover la reforma de la Constitución Nacional y de las constituciones provinciales, para institucionalizar la regionalización del país y generar un redimensionamiento integral del sistema político a nivel nacional, provincial y municipal. Una recreación del sistema de instituciones públicas, incluido el Poder Judicial, que devuelva jerarquía y prestigio a la acción política, constituye la condición indispensable para la reconstrucción del poder, que es la piedra angular de la gobernabilidad. La cuestión central de la reformulación institucional es la refundación del Estado. Esa reinvención del Estado demanda, en primer lugar, impulsar una amplísima descentralización política, que implique la transferencia de responsabilidades, acompañadas por los correspondientes recursos, desde el Estado Nacional hacia las regiones, hacia las provincias, hacia los municipios y, sobre todo, hacia las propias organizaciones sociales. La principal respuesta estratégica a los problemas que plantea la tendencia estructural hacia una mayor concentración de la riqueza, propia del nuevo sistema económico mundial en su actual fase de desarrollo, es una estrategia fundada en la distribución del poder. El principio rector de esa descentralización política es colocar siempre lo más cerca posible de la base el poder de decisión sobre los asuntos concernientes a cada localidad y a cada actor social. Perón preconizaba la necesidad de "un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre". Esta estrategia de descentralización es la única forma efectiva de abordar las denominadas reformas de segunda generación, básicamente las cuestiones vinculadas con la educación, la salud, la seguridad, la justicia y la acción social. Siempre será más factible la solución cuando el poder de decisión esté ubicado lo más cerca posible del problema de que se trate. Se trata, en síntesis, de la profundización de la democracia recuperada para siempre en la Argentina a partir de 1983. El principio de que el poder reside en el pueblo no se agota en el acto electoral, ni se suspende entre una elección y otra, sino que se expresa de un modo constante en la búsqueda de múltiples y diversos canales de participación cotidiana en la toma de decisiones, en una democracia participativa que articula los modos de funcionamiento clásico de la democracia representativa, que nace en la elección popular de los gobernantes, con mecanismos de democracia directa. Ese y no otro es el contenido de la primera de las "Veinte Verdades del Justicialismo", proclamadas por Perón en 1950: "La verdadera democracia es aquélla donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo". En esta dirección, juega un rol decisivo el fortalecimiento de los municipios, como el eslabón de la organización del Estado más directamente vinculado con la comunidad. La progresiva transferencia a los municipios de las responsabilidades de gestión de las escuelas y hospitales públicos y el fortalecimiento de instituciones locales encargadas del tema de la seguridad pública requieren articularse con el activo protagonismo de la sociedad civil, a través de las organizaciones libres del pueblo, motores insustituibles de la construcción de la comunidad organizada del siglo XXI. La aceleración del ritmo de la globalización potencia fuertemente el papel de las regiones y los municipios como actores de la reconversión productiva. El mundo es cada vez más una red de ciudades interconectadas. La importancia política, económica y social del planeamiento estratégico y la gestión local crece a la misma velocidad que la globalización del sistema productivo. Al mismo tiempo, es necesaria la profundización institucional de la estrategia de la regionalización del país, a partir de la creación de nuevas instituciones y mecanismos de carácter regional en la Región Centro, el NOA, el NEA, el Nuevo Cuyo, la Patagonia y la Región Metropolitana, capaces de coordinar esfuerzos y recursos de las provincias en procura de objetivos de interés común. Una estrategia de descentralización de estas características torna posible el desmantelamiento de las estructuras burocráticas de las áreas ministeriales de Educación, Salud Pública y Desarrollo Social. Requiere, en su reemplazo, la transformación de los actuales Consejos Federales de Educación, Salud Pública y Desarrollo Social, que articulan actualmente la representación del Estado Nacional con la de las provincias, en otras tantas Agencias Federales, encargadas de elaborar los planes nacionales de cada área e impulsar la coordinación interjurisdiccional. En estas nuevas condiciones, el rol principal del Estado es el planeamiento estratégico, la capacidad de identificar a tiempo las nuevas tendencias estructurales y los continuos cambios en el panorama mundial, para poder adelantarse a los acontecimientos y generar las adecuaciones necesarias. Como decía Arthur Schopenhauer, "no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige". |
| Agenda Estratégica , 13/05/2002 |
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