El pensamiento boomerang.

 

Cuando un pensamiento político determinado no coincide con la realidad de los acontecimientos, su aplicación práctica suele provocar efectos exactamente contrarios a los que teóricamente persigue. Se transforma entonces en un "pensamiento boomerang".
La derogación de las importantes modificaciones a la ley de quiebras introducidas en enero pasado, mediante una iniciativa legislativa impulsada por el mismo gobierno que en ese momento propició las reformas ahora suprimidas, y votada por el mismo Congreso que las había sancionado hacía apenas cuatro meses, en ambos casos en un trámite parlamentario en el que se alegó razones de imperiosa urgencia y necesidad, constituye un ejemplo paradigmático.

Tienen razón los críticos de este acto de arrepentimiento jurídico cuando afirman que la legislación ahora velozmente restablecida puede derivar en la transferencia de la administración de muchísimas empresas locales a sus acreedores externos o a terceros interesados, sobre todo aquéllas vinculadas al mercado interno, aprisionadas hoy entre una deuda dolarizada y una facturación forzosamente pesificada.

Sin embargo, la causa de esta situación no reside en la ley de quiebras, sino en la devaluación monetaria decidida en enero último. Era harto sabido que la salida de la convertibilidad llevaba a un crecido número de empresas locales endeudadas en dólares al incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Este previsible default de la deuda externa privada, cuyo monto asciende aproximadamente a cuarenta mil millones de dólares, es una de las características singulares de la crisis argentina, que la diferencian nítidamente de lo ocurrido con la devaluación mexicana, la crisis de los países del sudeste asiático, la crisis rusa y la devaluación brasileña. En ninguno de estos casos anteriores, la devaluación monetaria y/o el default de la deuda pública arrastró a la deuda externa del sector privado.

La reforma a la ley de quiebras aprobada en enero y ahora derogada, en especial la supresión del "cram dawm", fue un intento por impedir con un escollo legal una consecuencia económica que hoy aparece en el horizonte como inevitable. Pero la respuesta internacional fue inmediata y contundente: una declaración oficial del "Grupo de los Siete", encabezado por Estados Unidos, expresó de inmediato su preocupación ante la sanción de una ley que, a su juicio, vulneraba los derechos de los acreedores. El Fondo Monetario Internacional exigió lisa y llanamente su derogación, como condición indispensable para continuar sus negociaciones con la Argentina.

En el FMI, la cuestión registraba antecedentes demasiado recientes. En los estudios realizados por el organismo sobre los orígenes de la crisis del sudeste asiático, surgió la conclusión de que la sinuosidad oriental que caracterizaba a la legislación sobre quiebras en Tailandia, Corea del Sur e Indonesia había impedido a sus bancos cobrar sus acreencias con las empresas locales y contribuído seriamente a generar la insolvencia del sistema financiero de esos países. Con una experiencia tan cercana, la modificación de la legislación argentina en la materia fue instantáneamente catalogada por los técnicos del FMI no como una mimetización con las prácticas de la cultura oriental, sino como un acto propio de la tradicional "viveza criolla".

Los resultados comienzan a estar a la vista. Con la sanción parlamentaria de la ley exigida por el FMI se verifica una vez más aquella regla de que en economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias.

Con una paradoja adicional: la devaluación monetaria, defendida en su momento con el argumento de favorecer la competitividad de las empresas argentinas, constituyó el prólogo de una masiva transferencia de paquetes accionarios de sus titulares locales hacia sus acreedores del exterior. Lo que se dice un "boomerang".
Pascual Albanese , 10/05/2002

 

 

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